La izquierda abre un frente judicial contra el circuito de la F-1 que patrocinan Ayuso y Almeida

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Más Madrid contra el plan especial aprobado por el Ayuntamiento de Madrid para permitir la expansión de Ifema y, con ella, la construcción del nuevo circuito para acoger la Fórmula 1 entre 2026 y 2035. Además, se ha abierto una pieza separada para decidir sobre la suspensión cautelar que le solicita este partido.

La izquierda logra así formar un frente judicial contra un proyecto al que también se opone la Plataforma Ecologista Madrileña, cuyo recurso en el mismo sentido fue aceptado la pasada semana. Y no será el último: Más Madrid prepara otro contra la licencia municipal aprobada por el Ayuntamiento para permitir la celebración del gran premio, que cuenta con el apoyo total del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ambos del PP.

“Estamos convencidos de la ilegalidad del plan urbanístico”, argumenta Rita Maestre, la líder municipal de Más Madrid. “Se trata de un plan sin la adecuada evaluación de impacto ambiental, y de salud pública, a pesar del ruido y la contaminación que evidentemente van a sufrir las zonas cercanas, con el circuito pasando a menos de 40 metros de las casas y llevándose por delante más de 700 árboles”, añade sobre el entorno de Ifema.

“Por si fuera poco, se ha tramitado sin notificar a los vecinos del entorno el periodo de información pública para que pudieran alegar, como exige la ley”, asegura. “Todo eso son motivos de sobra para que la justicia intervenga. No vamos a dejar que este pelotazo se lleve a efecto con los brazos cruzados”, concluye Maestre.

El partido que lidera la oposición al PP de Madrid ha dividido hasta ahora su estrategia judicial en dos movimientos compenetrados. El primero ataca el plan especial aprobado por el Ayuntamiento: incrementa la edificabilidad de los terrenos del actual Recinto Ferial un 4%, 13.600 metros cuadrados sobre los 340.000 máximos actuales, y hace posible la ampliación de los pabellones 1 y 2, que servirán para albergar los garajes y oficinas técnicas de los equipos de F1 y el área VIP del Paddock Club.

El segundo pone en la diana la licencia municipal, que es lo que permite la construcción del circuito en sí tras haber sido aprobada en abril. Ese recurso aún se está ultimando, según explica en la formación.

Un sondeo de febrero de una asociación de vecinos con 1.714 respuestas que se podían dar desde cualquier lugar concluyó que el rechazo al proyecto había pasado en un año del 35% al 53%, por el miedo al ruido, la contaminación y los atascos. Como resultado, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ya ha recibido y admitido a trámite un centenar de quejas.

El circuito de Madrid es híbrido: en gran parte transcurre por Ifema, pero también ocupa más de un kilómetro de las calles que usan día a día los vecinos y conductores de paso. Tanto los técnicos autonómicos como los municipales coinciden en que la celebración de la F-1 implicará superar los niveles de ruido permitidos por la normativa de la capital durante los días de los entrenamientos y la carrera, afectando a los vecinos más próximos al trazado, como avanzó este diario.

Se trataría de las viviendas al norte de la M-11 del barrio de Valdefuentes, en particular las que colindan con la ampliación de Ifema situadas en las calles Francisco Umbral y Florentino Rodríguez Alonso (la distancia al circuito de las viviendas más expuestas de esta zona es de unos 40 metros); y de las del entorno de la calle de las Pedroñeras, en la parte oriental del barrio de Canillas, así como la parte norte del barrio de La Piovera (la distancia al circuito de las viviendas más expuestas de esta zona varía entre 320 y 500 metros, aproximadamente).

Estas residencias se verían afectadas por niveles que serían superiores a los 80 decibelios durante los entrenamientos y las carreras. Ese ruido, precisamente, estará en el núcleo de los escritos que registren ahora Más Madrid y la plataforma ecologista tras haber sido admitidos a trámite sus recursos.