El Constitucional dirimirá si Miguel Ángel Rodríguez debe explicar en la Asamblea sus presiones a periodistas

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite un recurso de la diputada socialista Marta Bernardo registrado en julio, como adelantó EL PAÍS, contra la inadmisión de cinco preguntas suyas sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a periodistas que investigaban el caso del presunto fraude fiscal de la pareja de la mandataria, Alberto González Amador.

El PP, que domina la Asamblea de Madrid con mayoría absoluta, rechazó las cuestiones en marzo de 2024 al considerar que MAR, el acrónimo con el que se conoce al poderoso asesor, no es alto cargo, y que por ello no tiene obligación de acudir a la Cámara, pues no tiene responsabilidades de gestión. Un punto de discrepancia que también ha llevado Más Madrid al alto tribunal, convertido en árbitro de los pulsos entre el PP de Ayuso y la oposición al completo, y que ahora tomará una decisión que afectará de forma general a las peticiones de comparecencia de este tipo de cargos en el Parlamento regional.

12 de marzo de 2024. MAR escribe a una periodista de eldiario.es y la amenaza con “triturar” su medio. “Vais a tener que cerrar, idiotas”, añade, tras desvelarse la investigación a la pareja de la presidenta.

La Mesa tumbó las cinco preguntas con la misma explicación, “por no referirse su objeto a una acción de control del Gobierno, en los términos que está formulada”, según figura en las actas de la reunión del órgano parlamentario del 22 de marzo de 2024.

Así, para que Rodríguez no dé explicaciones en la Asamblea, ni se debata en el pleno del Parlamento la procedencia de su continuidad en el cargo, el PP aduce que no tiene funciones ejecutivas, sino de asesoramiento y que, por tanto, no es alto cargo, ni se le puede considerar parte del Gobierno, según el artículo 11 de la ley del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, Rodríguez figura como alto cargo en el portal de transparencia, por lo que el PSOE reclama un informe jurídico que aclare la situación, y acaba recurriendo ante el Constitucional. Lo mismo que hace Más Madrid, cuando ya se conoce que Rodríguez también distribuyó un bulo sobre dos informadores de EL PAÍS que investigaban el caso de González Amador.

Se trata, argumenta el PSOE en su recurso, de “dilucidar si los titulares de los órganos de asistencia y asesoramiento de la Presidencia de una Comunidad Autónoma (los Gabinetes) pueden ser objeto de control parlamentario”. “Se han generalizado los Gabinetes que carecen de funciones administrativas, pero no es menos cierto que los Gabinetes y sus miembros, y muy especialmente sus Jefes desempeñan funciones políticas y desde el momento en que su conducta tiene proyección pública más allá del propio Gabinete puede generar responsabilidad pública imputable, precisamente al Presidente o Consejero al que estén adscritos”, se añade.

Y se concluye: “Controlar la acción del Gobierno consiste en controlar a los miembros de este, a los altos cargos del mismo y a los órganos de asistencia y asesoramiento. Lo contrario supondría configura áreas opacas, carentes de control parlamentario”.

Al respecto, este lunes la portavoz socialista, Mar Espinar, ha celebrado que se abra “la puerta” a ver comparecer a Rodríguez en la Cámara, aunque ha reconocido que la resolución del recurso de amparo llevará su tiempo. “Es una buena noticia que el TC abra la puerta para que MAR tenga que comparecer y explicar muchas cosas”, ha dicho. Porque lo previsible es que el PSOE vuelva a pedir la comparecencia del jefe de gabinete de Ayuso si prospera su recurso.

Por su parte, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha lamentado: “El comportamiento de la Mesa [donde el PP tiene mayoría] es un escándalo democrático, es un órgano de censura”.

Casos pendientes

En contraste, esto ha dicho Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP: “Lo que sigue siendo cierto es que el señor Miguel Ángel Rodríguez no tiene un cargo de gestión, que en la Asamblea comparecen los altos cargos para dar cuenta de su gestión y que, por tanto, no tiene sentido que comparezca aquí para explicar lo que no hace”.

El nuevo recurso aceptado por el TC se suma a la cascada de protestas de la oposición pendientes de resolución. La semana pasada, Más Madrid registró un recurso por la “censura” que a su juicio supuso que el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio (PP), le retirara la palabra a un diputado.

A mediados de mayo, Vox llevó al alto tribunal su choque con los conservadores por la investigación del caso Begoña Gómez. Y de antes existen recursos contra la aprobación de la ley del suelo, las distintas leyes ómnibus, o por el criterio de vetar iniciativas correspondientes a temas de otras legislaturas, por mucho que gobierne el mismo partido y la misma presidenta.

Temas pendientes a los que se unen los cinco recursos vivos de Madrid contra decisiones del Estado, por los dos del Estado contra leyes de Madrid.