El Constitucional admite a trámite un recurso de Más Madrid contra el veto del PP a investigar las ramificaciones del caso de la pareja de Ayuso

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite un recurso de Más Madrid frente al veto del PP de Isabel Díaz Ayuso a que la Asamblea regional investigue, y debata, las distintas aristas del caso que afecta a la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, investigado por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. El partido considera vulnerados los derechos de sus diputados porque se impidió la comparecencia del jefe de gabinete de la líder, Miguel Ángel Rodríguez (alias MÁR), y que la Cámara votara si instaba al Ejecutivo a destituirlo por reaccionar a la polémica amenazando a los periodistas que la investigaban (“os vamos a triturar”).

La formación de izquierdas también llevó hasta el TC el veto a una comisión de investigación sobre la contratación de emergencia en la pandemia, y a que el Parlamento votara si instaba al gobierno a auditar la relación entre la Comunidad y el grupo Quirón, que es al mismo tiempo receptor de miles de millones de la Administración (con Quirónsalud) y el principal cliente de la empresa del novio de la presidenta (con Quirónprevención). Aunque la providencia del TC, a la que accedió EL PAIS, solo se refiere en su asunto a la comisión de investigación, una fuente de Más Madrid, y otra jurídica, aseguran que acepta el recurso del partido al completo.

Se debate “acaloradamente”. Es marzo de 2024, y los representantes de la oposición en la Mesa del Parlamento discuten con los del PP sobre la comparecencia de Rodríguez, y de cargos de Quirón, así como sobre la votación de una serie de propuestas no vinculantes que los conservadores consideran reprobaciones encubiertas del jefe de gabinete (un tipo de votación que no existe en el reglamento de la Asamblea) o improcedentes por su contenido (auditar los contratos sanitarios con entidades privadas, revertir la colaboración público-privada, que el Gobierno se personara en los casos de corrupción judicializados y relacionados con la sanidad...). Como el partido de Díaz Ayuso tiene mayoría absoluta, ninguna de esas iniciativas sale adelante. Tampoco lo había hecho en una reunión previa de ese mismo mes la petición de una comisión de investigación sobre contratos de emergencia en la crisis covid-19. Y la oposición estalla cuando tampoco salen adelante los distintos escritos de reconsideración vistos en reuniones de la Mesa de abril y mayo del año pasado.

“En la presente Legislatura (...) se está produciendo una sistemática inadmisión de iniciativas bajo un examen de oportunidad política, excediendo las competencias encomendadas a la Mesa de la Asamblea de Madrid y que cumplen todos los requisitos reglamentarios establecidos”, expuso Más Madrid en su recurso, en el que acusa al PP de usar criterios partidistas para permitir o rechazar propuestas. “Con ello, se está incumpliendo de modo general y reiterado la doctrina del Tribunal Constitucional”, subrayó el partido de Bergerot, que critica la falta de motivación de esas decisiones. “[La Mesa] ha realizado un control material que ha excedido de la función que le corresponde al órgano rector de conformidad con la normativa aplicable, restringiendo de manera ilegítima los derechos que integran el núcleo de la función parlamentaria de los recurrentes”, se argumentó en el texto.

Ahora, esto dice al respecto el Constitucional: “La Sección ha examinado el recurso de amparo y ha acordado admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”.

El alto tribunal se ha convertido en escenario principal del choque entre la administración regional y la central, además de entre el PP de Madrid, y los partidos de la oposición.

Batalla en el Constitucional

Así, el TC tumbó una parte importante de la reforma de la ley LGTBI de Ayuso a principios de abril.

Además, el alto tribunal aún tiene que pronunciarse sobre un recurso del PSOE contra la primera ley ómnibus aprobada por el gobierno de Ayuso, que modificó a favor del Ejecutivo contrapesos institucionales como la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia.

Los socialistas también han recurrido la reforma de la norma que regula la televisión y radio autonómicas, y la aprobación de la ley del suelo, que se produjo, a su juicio, cuando no había los diputados suficientes.

Por su parte, Más Madrid patrocina otros tres recursos de amparo contra la inadmisión de preguntas y la falta de quorum en la votación de la ley del suelo, además de otro por entender que no se han respetado los derechos de sus diputados al impedirles preguntar por el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, o por el grupo sanitario Quirón, que es el que ahora se admite; o al reformar con una enmienda una ley para dar a la presidencia regional capacidad de veto ante cualquier modificación de la Real Casa de Correos (con el objetivo de evitar la declaración de la sede de la Presidencia madrileña como lugar de memoria democrática). El PSOE registró un recurso similar y Podemos tiene registrado otro de amparo por la del suelo.

Del mismo modo, Ayuso anunció un recurso contra la ley de vivienda estatal antes incluso de que la norma fuera aprobada. La mayor parte de esa regulación ha sido avalada posteriormente por el tribunal, que también tendrá que pronunciarse sobre los conflictos abiertos alrededor de la ley de amnistía estatal, del reparto de menores extranjeros no acompañados, o del proyecto de declarar la sede de la Presidencia de Madrid lugar de memoria democrática, en recuerdo de las torturas que allí se llevaron a cabo durante la dictadura franquista.