La jueza imputa a la operadora del 112 que recibió el aviso sobre la pasarela caída en Santander

La investigación por el derrumbe de la pasarela de El Bocal, en Santander, ha dado un giro relevante. La magistrada que instruye la causa ha decidido declarar como investigada a la gestora del servicio de emergencias 112, que atendió el día antes del siniestro la llamada de un vecino alertando del mal estado de la estructura. La operadora, que hasta ahora figuraba como testigo, vio modificada su situación procesal tras una declaración de 45 minutos, en la que la instructora juzgó necesario garantizarle el derecho de defensa, que implica poder no declarar, no confesarse culpable y contar con asistencia letrada.

La incorporación de la trabajadora del 112 al grupo de investigados eleva a cuatro el número de personas en esta situación: la propia operadora, dos funcionarios de la Demarcación de Costas y la agente de la Policía Local a la que se trasladó el aviso telefónico. Fuentes cercanas al caso explican que la gestora “lo está pasando fatal”, afectada por la carga emocional y pública que acompaña a este procedimiento.

La tragedia ocurrió el 3 de marzo, cuando la pasarela costera se hundió, provocando la muerte de seis jóvenes —tres del País Vasco, una cántabra, una de Guadalajara y una de Almería— y dejando herida de gravedad a una estudiante de Álava. El grupo, compañeros de estudios, transitaba por la estructura al desplomarse.

Declaraciones clave y un aviso que no generó respuesta

La primera jornada de comparecencias, celebrada en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ha incluido la declaración de la agente de la Policía Local que recibió el aviso del 112. Su testimonio, prestado durante más de 40 minutos, no ha trascendido.

Pero sí ha hablado el abogado de la agente investigada, en una entrevista concedida a la Cadena SER. Ha argumentado que fue el 112 quien gestionó erróneamente la alerta inicial. El letrado Jesús Nieto González sostiene que el aviso describía claramente un “fallo de estructura” y que la operaria debía haber activado directamente al cuerpo de Bomberos, tal y como establecen, sostiene, los protocolos del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), organismo dependiente del Gobierno autonómico y encargado de la gestión del teléfono 112.

“Mi representada actuó conforme dicta la normativa, siguiendo punto por punto un protocolo que está publicado en la página web del SEMCA”, afirma Nieto. “Lo asombroso es que ese protocolo no aparece aportado en el procedimiento, pese a ser la norma que rige la actuación de todos los operadores de emergencia”.

El 112 tenía que haber avisado a los bomberos de Santander

El abogado sostiene que la agente, lejos de omitir responsabilidades, actuó “exactamente como marcan los procedimientos”. Explica que su clienta no podía movilizar una patrulla sin recibir órdenes del denominado mando único, que —para una incidencia como un fallo estructural— corresponde a los bomberos de Santander. “¿Cómo va ella a mandar una patrulla a lo loco, contraviniendo la ley y usurpando funciones que no le corresponden?”, cuestiona Nieto.

El letrado asegura que la agente esperaba instrucciones desde el servicio competente y que su actuación fue técnica, no intuitiva. “Aquí no estamos para aplicar el sentido común, sino para seguir protocolos diseñados para evitar decisiones subjetivas en una emergencia”, subraya. A su juicio, su clienta está siendo objeto de una “focalización injusta” y “señalada por cumplir la norma”.

Un escenario que se reconfigura

La decisión de la juez de investigar también a la gestora de llamadas del 112 reconfigura los equilibrios del caso y amplía la mirada sobre la cadena de fallos. La instructora continúa reconstruyendo qué decisiones se tomaron —y cuáles no— en las 24 horas previas al colapso de la pasarela, y lo hace incorporando todas las voces: desde quienes dieron la primera alerta hasta los cuerpos policiales que acudieron tras la tragedia.

Mientras tanto, la agente investigada afronta este proceso entre la “zozobra emocional” por lo ocurrido y la convicción, según su abogado, de haber actuado conforme a la normativa. “No puedo describir el dolor que me ha transmitido; es indescriptible”, afirma Nieto. Pero recalca que, en términos profesionales, confía en que el procedimiento “arroje luz real” sobre la secuencia de errores que desembocaron en la mayor tragedia reciente de la senda costera santanderina.