Vox lleva al Constitucional su pulso con el PP por la comisión del ‘caso Begoña Gómez’ en la Asamblea de Madrid

Vox ha decidido llevar hasta el Tribunal Constitucional el pulso que mantiene con el PP de Isabel Díaz Ayuso por el dictamen de la investigación del caso Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid, al considerar que no admitir ni debatir su voto particular vulnera los derechos de sus diputados. Así lo ha anunciado este martes la portavoz del partido ultra, Isabel Pérez Moñino, que con ello ha escenificado la ruptura total a nivel autonómico y nacional entre dos formaciones que sí están entendiéndose en el ámbito municipal madrileño, donde firman pactos que extienden la influencia de la extrema derecha. Vox aspira incluso a una suspensión cautelar del debate parlamentario del dictamen impulsado por el PP, previsto para el pleno de la Asamblea del 22 de mayo.

La investigación abierta en la Asamblea de Madrid por el PP sobre la relación profesional entre la Universidad Complutense (UCM) y Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, terminó en abril casi como empezó: con el PP y Vox convencidos de que hubo trato de favor; y Más Madrid y PSOE, de que se ha asistido a una “persecución política”. Es decir, sin novedades de calado.

Pese a ello, y con Gómez investigada judicialmente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida durante su desempeño como docente, codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria de la Complutense, los conservadores planean llevar sus conclusiones a la justicia. Vox apoyó ese dictamen, pese a que lo consideró “incompleto”.

Así, en el PP aprecian desvío y uso indebido de fondos públicos “asignados a la Presidencia del Gobierno de España”, y plantean que se investigue la plataforma tecnológica de medición de impacto a la que contribuyeron Google o Indra, conocida popularmente como el software de la cátedra (lo que ya se está haciendo por parte del juez Peinado). De esta manera, lo primero se lo trasladarán a la Fiscalía, y lo segundo al juzgado de instrucción número 41 de Madrid.

En contraste, Vox ha pedido tanto que la investigación continuase, al considerar que se ha cerrado “en falso”, como que se debatieran también unas conclusiones alternativas, las suyas, en el pleno correspondiente. Y como eso no se ha hecho, anuncia ahora que acude al Constitucional.

Según denuncia la portavoz de VOX, el PP “impuso” un dictamen sin debate, rechazó “de manera arbitraria” su voto particular y desestimó los argumentos que se ofrecieron para justificar la exclusión de sus aportaciones, aplicando lo que califican de “rodillo” parlamentario.

Vox considera que el artículo 75 del Reglamento de la Asamblea permite expresamente la presentación de votos particulares en los dictámenes de comisiones de pnvestigación, por lo que ha reclamado al Constitucional tanto el amparo de sus derechos fundamentales como la adopción de medidas cautelares que suspendan el debate y la aprobación del dictamen definitivo previsto para el 22 de mayo. El objetivo, según afirman, es garantizar la participación efectiva de todos los grupos parlamentarios y defender la representación de los madrileños frente a lo que califican de “atropello institucional”.

El caso Gómez

La relación profesional entre Gómez y la UCM arrancó en 2012, cuando Sánchez aún no era ni secretario general del PSOE, como directora de un curso de captación de fondos. Dos años después, cuando Sánchez ya lideraba a los socialistas, ese curso evolucionó a un máster. En ese momento, se puso al frente de otro: el máster de Transformación Social Competitiva. La relación profesional de Gómez con el centro educativo acabó en 2024, cuando la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que impartía la esposa de Sánchez.

Un año después, y tras varios meses de trabajos en la Asamblea, el PP se agarra ahora a la declaración en la comisión del exvicerrector de relaciones institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, que fuera viceconsejero en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) entre 1998 y 2001.

“Mientras que el sr. Goyache [rector de la Complutense] y el sr. Coello de Portugal (actual vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales) coincidieron en destacar la legalidad y regularidad del proceso de creación de la cátedra, las declaraciones del sr. Doadrio Villarejo (ex vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales) introdujeron elementos que sugieren posibles irregularidades en las formas y motivaciones detrás de su establecimiento”, desliza el dictamen del PP, pese a que Doadrio, precisamente, conoció en 2020 que la cátedra se justificaba por la trayectoria de Gómez “que coincide plenamente con el tema de la cátedra”; y que esta había sido premiada “por sus estudiantes con la máxima nota (5/5)”, según documentación a la que accedió EL PAÍS.

Además, el dictamen del PP pone el foco en que “la propuesta de creación de la Cátedra no partió, en ningún caso, de un órgano colegiado de la Universidad (como exige la normativa reglamentaria), sino que se planteó en la reunión celebrada en el Palacio de la Moncloa entre la sra. Gómez y el sr. Goyache y toda la documentación exigida para la formalización del Convenio de creación también se confeccionó y se tramitó, en cuestión de días, por el personal adscrito a la Presidencia del gobierno y no por el personal propio de la universidad”. Y añade: “En definitiva, al vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, cargo competente por delegación en esta cuestión, le “llegó todo hecho”, tal y como él mismo reconoció en su comparecencia”.

Asimismo, señala a la asesora de Gómez Cristina Álvarez por su, dice, “involucración en tareas académicas propias de la universidad”, lo que a juicio de los conservadores supondría “uso indebido de recursos públicos estatales con fines personales, y un desvío de fondos públicos”.

Agarrándose a esos argumentos, la diputada conservadora Mercedes Zarzalejo sostuvo en abril que “hubo irregularidades” y también “presiones a las empresas colaboradoras y patrocinadoras de la cátedra, además de un uso ilegítimo de los recursos públicos con el beneplácito y la injerencia silenciosa del presidente del Gobierno y del Gobierno de España”. Con la misma base, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, apuntó que “como poco, se han usado medios públicos para fines privados”.

Sin embargo, Doadrio no dijo únicamente lo que extracta el PP en su dictamen. El exvicerector también explicitó que la relación laboral de la esposa de Sánchez con el centro educativo “administrativamente fue regular”, si bien no lo fue “en las formas”. Además, dijo no haberse sentido “presionado” a la hora de crear la cátedra, pero “obligado sí”, pues el encargo provenía de su jefe, el rector. La oposición de izquierdas destaca, finalmente, que Doadrio no se opuso a la creación de la cátedra.

En contraste con ese testimonio lleno de matices, y alejado de la contundencia, el propio Goyache desmontó en su comparecencia una a una las sospechas que vertían el PP y Vox sobre la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (...) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez.

El vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, también fue contundente cuando fue convocado a la Asamblea. “No cabe duda de la legalidad”, afirmó. Y otro compareciente, José Antonio Martínez Aguilar, en calidad de director general de Making Science Group, dijo que el encargo que le hizo Google para crear un software a favor de la cátedra que la esposa de Sánchez codirigió en la UCM “fue un proyecto más”.