El PP de Feijóo pone a la cola de sus prioridades el plan de Ayuso para investigar en el Senado las muertes en las residencias de toda España

El PP de Alberto Núñez Feijóo, que tiene mayoría absoluta en el Senado, apoya con matices el proyecto lanzado por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de investigar en la Cámara Alta los protocolos aplicados en las residencias de todas las comunidades autónomas durante la pandemia del coronavirus. La baronesa madrileña, que también preside el poderoso PP autonómico, busca así diluir la polémica por la reciente imputación de varios exresponsables en su Gobierno durante la crisis sanitaria por la supuesta denegación de asistencia a más de 7.200 personas que murieron en los centros residenciales madrileños. Pero la dirección nacional de Génova es clara, según expresa un portavoz oficial: su prioridad es poner el foco en investigaciones que erosionen al Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, y no levantar el escudo que pretende Ayuso. Aunque estén dispuestos a hacerlo cuando llegue el momento.

Si la política de 2025 es una campaña continua, el Senado es la trinchera predilecta del PP. La mayoría absoluta de la que gozan los conservadores en la Cámara, gestionada por un hombre de la total confianza de Feijóo, Pedro Rollán, les permite usar la institución como ariete en su estrategia de oposición. Por eso, en el Senado hay ya cuatro comisiones de investigación diseñadas para erosionar al Ejecutivo central, que forman PSOE y Sumar: la centrada en la gestión de José Félix Tezanos al frente del CIS; la del caso Koldo; la de la dana de octubre de 2024; y la que atañe al apagón del 28 de abril.

¿Se podría añadir una quinta, centrada en cómo gestionaron la covid en las residencias todos los gobiernos autonómicos, como sugirió el miércoles pasado Ayuso?

“Hay mecanismos para analizar en las comisiones ordinarias ya existentes cualquier cuestión de ámbito territorial”, responde un portavoz de la dirección nacional. “Nuestra prioridad en comisiones de investigación son las del CIS, la de la Dana, la del apagón, y la de la corrupción”, sentencia.

Más explícito es un interlocutor de la dirección del PP en el Senado. “Estamos dispuestos a investigar lo que sucedió en las residencias durante la pandemia, pero no solo lo que pasó en Madrid, como pretende el Gobierno”, dice. “Hay comunidades que tienen explicaciones que dar, como pueden ser País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón”, añade. Aunque matiza: “En estos momentos estamos centrados en la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre el apagón y en el desarrollo de las otras tres comisiones que están activas”.

Mientras tanto, en el PP de Madrid guardan silencio. Si hay alguien con capacidad para intermediar con la dirección nacional, además de la presidenta, ese es Alfonso Serrano, que reúne la triple condición de secretario general del partido en la región madrileña, senador y organizador del próximo congreso nacional. La sintonía mostrada entre Feijóo y Ayuso, la última vez este fin de semana en un mitin, invita a que no haya desaires mutuos, y menos con una cuestión tan sensible para la baronesa. Y por si acaso, en el entorno de Ayuso nadie pisa el acelerador con una exigencia de acción inmediata: un interlocutor que cuenta con la confianza de la presidenta concede que los tiempos del PP en el Senado son distintos a los que acostumbra el PP de Madrid.

Para ejemplo, lo que dice sobre la posible investigación de las residencias un senador que conoce a la perfección las entrañas del PP: “No me consta nada de esto”.

Tinta de calamar

La estrategia de Ayuso tiene similitudes con la del calamar que esparce su tinta para emborronarlo todo cuando está ante un ataque: llega justo cuando los familiares de los fallecidos en las residencias parecen haber encontrado una vía judicial para aclarar las responsabilidades de lo ocurrido. Cuando la presidenta lanzó su propuesta, el miércoles, dos exaltos cargos de su ejecutivo, conocedores de los protocolos de triaje, y un antiguo asesor en materia sanitaria, habían sido citados como investigados en un juzgado. Solo dos días después de su intervención, los dos primeros, el gerente de las ambulancias madrileñas, y una geriatra, eran convocados como querellados por otro juzgado.

“Llegado a este punto, lo lógico sería que el Senado investigue”, dijo Ayuso el pasado miércoles. “En primer lugar, la gestión del Ministerio de Sanidad, las regiones que sí apartaron a los mayores por un criterio de edad, a las que sí tuvieron unos protocolos generalizados, o a aquellas que tuvieron una mayor proporción de fallecidos, a aquellas que no duplicaron las camas, o que no se preocuparon en multiplicar las UCIS, como hizo Madrid”, añadió. “Por tanto, sería bueno llamar a los responsables del ministerio de Sanidad, o a aquellos que gestionaron la pandemia en Cataluña, País Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla La-Mancha [regiones que no gobernaba el PP]”, continuó. “Se me ocurren unos cuantos que sería interesante traer para conocer por qué esas vidas importan menos que las de Madrid, o por qué esos protocolos no dan vergüenza en esas regiones y supuestamente sí en una región en el que nunca se aplicaron y nunca fue una orden de este gobierno”.

Sin embargo, la existencia de estos documentos en Madrid es algo irrefutable, y tan fácil de demostrar como que estuvieron en manos de los medios de comunicación días después a su publicación. Esos protocolos daban a un grupo de médicos de hospital creado ad hoc unas directrices para descartar a mayores de residencias con problemas de movilidad o con deterioro cognitivo. Estos profesionales los acabaron rechazando (“Estamos hartos de toda esta mierda”).

EL PAÍS accedió a ellos y dio la noticia de su existencia el 26 de marzo de 2020. El alto cargo que los firmó, Carlos Mur, reconoció en el Parlamento madrileño que fue él quien los rubricó y envió por correo a los hospitales de Madrid y a otros compañeros de Gobierno. Además, el geriatra que colaboró más estrechamente con él en su redacción, Javier Martínez Peromingo, también reconoció su participación. Mur dijo que informó en todo momento a sus superiores en la Consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz Escudero. Mur envió cuatro versiones de los protocolos (el 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020).

En cuanto a la estrategia de otras regiones, los escasos documentos existentes son muy variados en cuanto a su severidad y no todos iban dirigidos a las residencias porque algunos limitaban los ingresos también a personas mayores en domicilios. Además, hay que distinguir entre los que restringen acceso a una cama de planta y el acceso a cama de UCI. Detalles que el PP parece dispuesto a esclarecer en el Senado... cuando llegue el momento correcto.