Las auditorías del ‘caso FP’ que salpica al Gobierno de Ayuso detectan irregularidades en las obras de más centros educativos

La Comunidad de Madrid envió en abril a la jueza que investiga un posible delito de prevaricación administrativa en el caso FP un conjunto de auditorías que explicitan que “se habrían producido irregularidades con posible trascendencia penal” en las obras de cinco centros educativos: los institutos Virgen de la Paloma; Príncipe Felipe, Luis Buñuel y Jorge Guillén y el centro integral de FP a distancia Ignacio Ellacuría. En todos ellos, concluye la administración regional, se hicieron reformas a través de contratos menores que los funcionarios regionales dan por ficticios y que presuntamente permitieron evitar el concurso público y poder seleccionar a dedo a los contratistas. Así consta en documentación a la que ha accedido EL PAÍS, y que ha llevado a la instructora del caso a solicitar que el Gobierno madrileño le envíe el mismo análisis sobre otros siete centros educativos, para un total de 12. De esta manera, el caso coge velocidad: en junio declarará como investigado el empresario presuntamente favorecido y, como testigo, un exalto cargo regional.

Durante su investigación, la Fiscalía ya vio “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por el Gobierno regional para reformar centros educativos en 2021, 2022 y 2023: el pago a través de contratos menores ―que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA― y otorgados a dedo ―principalmente al grupo Virelec― de obras de gran envergadura que deberían haber salido a concurso público ―lo que permitiría la competencia entre empresas, como manda la legislación―.

La jueza, por su parte, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”. Y ahora las auditorías enviadas al juzgado por la propia administración, a petición de la Fiscalía, coinciden en señalar la responsabilidad de la Consejería de Educación. En la época investigada, Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea, era el consejero al mando de esta área, y Rocío Albert, la actual titular de Economía, Hacienda y Empleo, ejercía como viceconsejera.

“Se han detectado gastos tramitados como contratos menores que superan la cuantía del contrato menor”, se lee en la documentación consultada por este diario. “Asimismo, se ha observado fraccionamiento del objeto del contrato (...) a fin de no superar los límites establecidos para el contrato menor (...) y eludir el procedimiento de contratación con licitación aplicable”, se añade.

“Teniendo en cuenta el objeto e importe de dichos gastos hubiera procedido la tramitación de expediente de contratación por órgano competente de la consejería”, se explicita. “El centro carece de competencia para autorizar dichos gastos, que correspondería a la consejería”, se subraya. “Se significa por su efecto en la gestión del centro que desde la consejería se ingresan elevados importes para financiar gastos extraordinarios, cuando los centros docentes solo tienen competencia para realizar reposiciones, no nuevas inversiones, y gastos limitados al contrato menor”, se apuntala. Y se afea: “No se ha tramitado por parte de la consejería el correspondiente expediente, pese a ser conocedora de los gastos a acometer”.

Tres bloques

Como avanzó este diario, la Fiscalía cerró 2024 con las obras de una docena de centros en la diana. Los dividió en tres bloques. El primero afectaba al de la denuncia original, impulsada por la propia Comunidad de Madrid, sobre el centro educativo ciudad escolar de San Fernando, que comprende los institutos Hotel Escuela y Ciudad Escolar. “La Intervención General de la Comunidad de Madrid ya ha emitido informe constatando las irregularidades”, se señala en documentación del caso sobre unas obras por las que el Grupo Virelec presupuestó 2.417.720,5 euros, y cobró 1.281.392,87, según la Intervención regional, y que habrían sido encargadas “de forma verbal, y sin que consten documentos de formal licitación, publicidad, adjudicación, control ni formalización”.

El segundo bloque comprendía a centros en los que la Intervención regional también dice haber detectado irregularidades. Se trata del instituto Antonio Machado, del Conservatorio profesional de música de Alcalá de Henares y de la Escuela de arte Alberto Corazón, “con pagos presuntamente efectuados con la misma mecánica, y sin proceso de contratación y fraccionamiento de contratos, por importe conjunto de 1.013.152,94 euros, con el mismo beneficiario en el entorno de Virelec”.

Este bloque también incluía a los institutos Virgen de la Paloma, Príncipe Felipe, Tetuán de las Victorias y Ciudad de los Poetas “con pagos por montante total de 904.801,35 euros, al parecer también a sociedades y personas vinculadas a Virelec; cifra de carácter provisional”.

El tercer bloque es el que estaba menos trabajado cuando se emitió el informe, en octubre, pues ni siquiera se había pronunciado la Intervención. Son la Escuela de Idiomas y el Centro territorial de innovación y formación sur; y los institutos Carlos Bousoño y Pío Baroja.

Meses después, la investigación ha crecido. Primero, porque la juez ha recibido las auditorías correspondientes al instituto Virgen de la Paloma, al Príncipe Felipe, al xentro integral de formación profesional a distancia Ignacio Ellacuría; al instituto Luis Buñuel; y al también instituto Jorge Guillén. Y segundo, porque ha solicitado las auditorías correspondientes a la Escuela del Arte, a la Escuela OI, al Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid-Sur; al instituto Carlos Bousoño; al Pío Baroja; al Tetuán de la Victoria y al Ciudad de los Poetas.

De esta manera, los centros que han atraído ya el interés de los investigadores llegan a la quincena, cuando la causa se inició con la denuncia de lo ocurrido en uno solo de ellos. Al respecto, dos fuentes conocedoras de la operativa para reformar estos centros vienen advirtiendo de que el sistema de contratos menores se ha empleado desde hace años en múltiples recursos educativos de la región, pues era una “práctica institucionalizada”.