El pulso legal contra el Gobierno de Ayuso de los vecinos a los que el Metro derribó sus casas: cinco años de “dolor” y 1,3 millones en gastos

Unos hablan abiertamente de su “dolor” y su “desgracia”. Otros callan, intentando esconder la tormenta interior tras una máscara. Y algunos, directamente, se expresan con lágrimas. Tras cinco años de idas y venidas, la lucha de los vecinos que han perdido sus casas en San Fernando de Henares (40.000 personas, Madrid) por culpa de la línea 7B de Metro llega este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Ahí esperan obtener una indemnización mayor de la Comunidad de Madrid. En este lustro, los afectados han sufrido el derribo de 73 viviendas porque las obras del suburbano, inaugurado en 2007, afectaron a la consistencia del terreno sobre el que se levantaban sus casas y otras 260. Han dormido en apartahoteles, coches y tiendas de campaña. Han combatido la depresión. Y han llorado la muerte de vecinos que no presenciarán cómo su caso llega a los tribunales, un proceso en el que los afectados llevan ya gastados 1,3 millones de euros, a lo que se sumará un 5% de lo que obtengan ahora (si lo obtienen) como pago a los abogados.

“Cuando se sufre una desgracia, como en nuestro caso, donde lo hemos perdido todo salvo la vida, el impacto trasciende lo material”, cuenta Juan Antonio Fuentes, el presidente de la Asociación de Afectados por la Línea 7B de Metro Rafael Alberti–Presa. “Es un dolor que marca a las personas y se hereda en la memoria colectiva de las generaciones futuras”, lamenta. “Nos hemos visto obligados a acudir a los tribunales debido al fracaso de las negociaciones en la vía administrativa”, sigue. “El proceso judicial ha supuesto un esfuerzo económico enorme para familias trabajadoras, además de un profundo desgaste emocional y psicológico”.

Los vecinos agrupados en la asociación (78 actualmente) pagan como cuota mensual 30 euros (si tenían una plaza de garaje), 150 (si tenían una vivienda), o 250 (local y vivienda). Desde el lunes, protagonizarán en el TSJM un único procedimiento contencioso que aglutina 28 demandas vecinales.

La Comunidad, explican, les ha pagado hasta ahora 8.767.670,61 euros por el derribo de sus casas (la cifra total es de 11.0048.060, según la Comunidad, pues no todos los afectados están en la asociación). Ellos creen que la tasación de sus propiedades fue injusta, que no se han tenido en cuenta los daños morales suficientemente, ni tampoco el lucro cesante de comercios y alquileres. Por todo ello piden, en su conjunto, 4.620.886,42 euros más. Y posteriormente, advierten, reclamarán una indemnización mayor por otra cuarentena de viviendas.

“Nos hemos visto obligados a acudir a los tribunales debido al fracaso de las negociaciones en la vía administrativa”, lamenta Fuentes. “La consejería no ha considerado oportuno revisar ni la valoración de los daños, ni la pérdida de los enseres, ni las tasaciones presentadas, las cuales se encuentran muy por debajo del valor de mercado”.

Esto contrapone un portavoz gubernamental, que dice que se han pagado ya 78 de los 101 expedientes indemnizatorios iniciados: “En los expedientes se cubren tanto los daños y perjuicios ocasionados por el desalojo y posterior derribo, que incluye valor de la vivienda (con tasadoras avaladas por el Banco de España), como los gastos de mudanzas, guardamuebles y pérdida de muebles y enseres que quedaron en la vivienda. Igualmente, la Administración autonómica cubre el daño moral y el lucro cesante”.

El pulso viene de largo. Y ha sido extremadamente tortuoso. Hasta marzo de 2023, el Ejecutivo venía ofreciendo de 136.000 a 355.000 euros a los vecinos por sus viviendas, y de 10.000 a 33.000 euros por sus garajes. Pero esas ofertas de indemnización no satisfacían a los afectados, gente que había cumplido el sueño de vivir en su municipio y que, de un día para otro, empezó a ver cómo se abrían grietas en sus paredes, cómo ventanas y puertas se descuadraban, y cómo las noches se llenaban de crujidos, igual que si durmieran en un barco de madera, mientras sus viviendas se movían por culpa de la llegada del metro.

No podía ofrecérsele más, argumentaba la Comunidad. Ese era el máximo legal. Hasta que Ayuso intervino y rectificó esa tesis, ordenando que se les concedieran entre 10.000 y 63.000 euros más por vivienda, atendiendo al daño moral por conviviente. Un reconocimiento de la tortura psicológica que ha supuesto para los afectados vivir años enteros pendientes de abandonar o no sus casas; de recuperarlas o no después; para finalmente verlas destruidas, derrumbadas y desaparecidas en un abrir y cerrar de ojos.

No obstante, ni siquiera que este grupo de afectados sea indemnizado en los tribunales asegura que cese el conflicto social y jurídico. A finales de abril, el Gobierno regional inició de oficio el procedimiento para indemnizar a los dueños de unas 260 viviendas de San Fernando de Henares que viven rodeados de grietas, con puertas y ventanas que no cierran, además de con el miedo constante de que sus hogares pasen a engrosar el listado de los derribados. Es decir, sus casas siguen en pie, pero se han visto afectadas por los movimientos subterráneos causados por la llegada de la línea 7B.

Todo empezó con Esperanza Aguirre. El mismo año del estreno de la línea 7B, en 2007, los gestores de la infraestructura conocen que se han detectado “diversas patologías en relación con una anómala y creciente entrada de agua de elevada conductividad al pozo de bombeo situado entre la estación 7 (San Fernando) y 8 (Henares)”. Apenas seis meses después, en junio de 2008, otro informe advierte a la Comunidad “del consiguiente riesgo de colapsos en el túnel de metro y las edificaciones del entorno”. En 2009, un tercer balance alerta a la Administración de que es “de extrema urgencia” actuar por ese motivo. Y en 2010, cuando los problemas de las casas son aún incipientes, se registra un documento taxativo.

Seis estaciones cerradas

“La construcción del túnel y posterior drenaje comenzó a movilizar el flujo de agua subterránea y a iniciar un progresivo proceso de disolución del terreno, en concreto y preferentemente, de los niveles salinos existentes”, se lee. “(…) En este tipo de terreno, movimiento de agua significa capacidad de disolución”, subraya, en alusión a los cambios del terreno que afectan al asentamiento de los cimientos de los edificios.

Finalmente, en el verano de 2022, la memoria justificativa de la necesidad de las obras que mantienen aún hoy cerrado un tramo de tres paradas de la línea 7B es concluyente. “La confluencia de estos factores que provocan daños muy graves como consecuencia del movimiento del terreno con un desarrollo muy rápido, requieren de la actuación global de emergencia”, alerta sobre una zona en la que Madrid lleva gastados decenas de millones para intentar estabilizar el subsuelo.

El 15 de julio de 2024, un informe de la empresa Intemac explicita la peor pesadilla del Gobierno regional sobre la línea: a las tres estaciones de Metro cerradas desde agosto de 2022 por filtraciones de agua que hunden poco a poco la infraestructura se debían unir otras tres paradas. ¿La razón? Que el problema causado se extiende y tiene “una evolución muy negativa” que hace “inaplazable” intervenir, según documentación a la que accedió EL PAÍS.

Como resultado, un total de seis estaciones de la línea 7B permanecen cerradas desde entonces, y nadie en el Gobierno regional se atreve a asegurar ya que se recuperará por completo un servicio de transporte esencial para los 120.000 habitantes que suman Coslada y San Fernando de Henares.