El Ejecutivo de Ayuso admite la culpa del Metro en las grietas y desperfectos de 260 viviendas y se prepara para indemnizar a sus propietarios

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado de oficio el procedimiento para indemnizar a los dueños de unas 260 viviendas de San Fernando de Henares que viven rodeados de grietas, con puertas y ventanas que no cierran, y conocedores de que a un centenar largo de sus vecinos han tenido que tirarle abajo sus casas tras declararlas en ruina por culpa de la llegada de la línea 7B de Metro al municipio. Así consta en una orden publicada este viernes en el Boletín oficial de la región (BOCM), que muestra negro sobre blanco que la Administración asume que la culpa es del suburbano, impulsado a toda prisa en 2007 por la presidenta Esperanza Aguirre, y que con su trazado propició cambios en el subsuelo que han hecho que varios edificios perdieran pie. Como consecuencia, 73 viviendas han sido condenadas al derribo, y alrededor de 200 vecinos han tenido que abandonar sus casas. A eso se unen ahora unas 260 viviendas con “alguna patología de orden estético y/o funcional”, en definición de la administración, a cuyos propietarios también se indemnizará. En total, son más de 300 residencias afectadas.

“Tienen grietas, puertas que no cierran, ventanas... Como empezamos nosotros”, lamenta por teléfono Juan Antonio Fuentes, representante de los afectados, que perdió su vivienda por culpa del Metro. “Pero parece que se ha estabilizado”, añade sobre los trabajos emprendidos por la Administración para consolidar con inyecciones de cemento un subsuelo tan inestable como para que la línea 7B de Metro lleve sin operar al completo casi tres años, pues también se está hundiendo a su paso por este municipio de 40.000 habitantes. “Ahora hay que cuantificar el daño”, alerta.

Esa es la clave. Los vecinos que ya perdieron sus viviendas han sido en múltiples casos indemnizados por la Administración, para luego acudir a los tribunales en busca de una compensación mayor. Hasta ahora, apenas 22 propietarios de casas afectadas, pero no derribadas, habían sido objeto de expedientes indemnizatorios. Ahora lo serán muchos más, unos 260, según un portavoz gubernamental. Una decisión que coincide con una demanda judicial con esa reclamación que ya ha sido admitida a trámite, según recuerda Fuentes, que no cree en las casualidades.

“Viendo que iban a perder, han tenido a bien reconocer el daño a las viviendas de la demanda y a las colindantes”, apuesta el representante de los afectados.

Todo empezó con Aguirre. El mismo año del estreno de la línea 7B, en 2007, los gestores de la infraestructura conocen que se han detectado “diversas patologías en relación con una anómala y creciente entrada de agua de elevada conductividad al pozo de bombeo situado entre la estación 7 (San Fernando) y 8 (Henares)”. Apenas seis meses después, en junio de 2008, otro informe advierte a la Comunidad “del consiguiente riesgo de colapsos en el túnel de metro y las edificaciones del entorno”. En 2009, un tercer balance alerta a la Administración de que es “de extrema urgencia” actuar por ese motivo. Y en 2010, cuando los problemas de las casas son aún incipientes, se registra un documento taxativo.

“La construcción del túnel y posterior drenaje comenzó a movilizar el flujo de agua subterránea y a iniciar un progresivo proceso de disolución del terreno, en concreto y preferentemente, de los niveles salinos existentes”, se lee. “(…) En este tipo de terreno, movimiento de agua significa capacidad de disolución”, subraya, en alusión a los cambios del terreno que afectan al asentamiento de los cimientos de los edificios.

Finalmente, en el verano de 2022, la memoria justificativa de la necesidad de las obras que mantienen aún hoy cerrado un tramo de tres paradas de la línea 7B es concluyente. “La confluencia de estos factores que provocan daños muy graves como consecuencia del movimiento del terreno con un desarrollo muy rápido, requieren de la actuación global de emergencia”, alerta. “La anchura aproximada de algunas grietas en los edificios alcanza los 10 centímetros (...) Esta categoría implica peligro de inestabilidad estructural con el consiguiente peligro grave de daños a los edificios y a las personas”.

Tras años de discusiones, el Gobierno de Ayuso, que lleva invertidos más de 70 millones de euros en intentar solucionar el problema, admitió que el origen de los problemas en las casas, llenas de grietas y crujidos, de puertas y ventanas que no cuadran, se debía a las obras de Metro. Una asunción de responsabilidad que se recoge negro sobre blanco en la orden publicada este viernes en el BOCM.

“La Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo ha efectuado un análisis exhaustivo de la zona afectada en superficie y el estudio pormenorizado de cada una de las viviendas y edificios, por el que se ha circunscrito un perímetro delimitado formado por los edificios señalados en la presente Orden, que presentan generalmente alguna patología de orden estético y/o funcional”, se lee en la orden, que usa ese eufemismo para referirse a grietas en las paredes y puertas y ventanas desencajadas.

Y se añade: “En la propuesta se señala que los daños se habían producido a causa de movimientos del terreno, y que estos están vinculados con las filtraciones en los alrededores del pozo de bombeo del túnel situado en el PK 2+890 de la línea 7B del Metro de Madrid y las condiciones geológicas e hidrogeológicas de la zona, por lo que se manifiesta un nexo causal entre las actuaciones de la Administración y los daños a las edificaciones, sin que ello suponga que sea la única causa concurrente en la aparición y evolución de los mismos, puesto que los perjuicios referidos son probablemente el resultado de un conjunto de hechos y condiciones entre los que también se encuentran, como factor concurrente, las deficiencias detectadas en la red de saneamiento donde se bombean los caudales recogidos por la infraestructura de la línea”.

Una línea de Metro sin servicio

La cuantía de las indemnizaciones se desconoce aún, pues se determinará durante la tramitación de los expedientes. Y el listado de viviendas indemnizables no está cerrado. Así, puede ampliarse más allá de aquellas a las que afecta esta orden, que son las de los números 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 35 y 37 de la Calle de la Presa; los números 2, 4, 6, 13, 15, 17 y 19 de la calle Pablo Olavide; los números 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 de la calle Nazario Calonge; los números 3 y 5 de la calle Francisco Sabatini; el número 7, portales 1 y 2, de la calle Rafael Alberti; los números 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 de la calle Ventura Argumosa; el número 6, portales 1, 2 y 3, de la calle Virgen del Templo, número 6, portales 1, 2 y 3; y los números 4, 6 y 8 de la Plaza Fuente del Trébol.

En todo caso, los problemas de la superficie son un simple reflejo de los problemas del subsuelo. El 15 de julio de 2024, un informe de la empresa Intemac puso negro sobre blanco la peor pesadilla del Gobierno regional sobre la línea: a las tres estaciones de Metro cerradas desde agosto de 2022 por filtraciones de agua que hunden poco a poco la infraestructura, se debían unir otras tres paradas. ¿La razón? Que el problema causado se extiende y tiene “una evolución muy negativa” que hace “inaplazable” intervenir, según documentación a la que accedió EL PAÍS.

Eso explica que la Comunidad suspendiera el servicio desde el 27 de julio “por tareas relacionadas con la señalización”, y que un mes después, el 28 de agosto, “por imperiosa urgencia” el Consejo de Gobierno aprobara a toda velocidad la inversión de “29,5 millones de euros en obras de mejora entre las estaciones de San Fernando y Barrio del Puerto”. Como resultado, un total de seis estaciones de esta línea permanecerán cerradas previsiblemente al menos hasta mediados de 2025, aunque nadie en el Gobierno regional se atreve a asegurar ya que se recuperará por completo un servicio esencial para los 120.000 habitantes que suman Coslada y San Fernando de Henares.