Un ex alto cargo del PP imputado en la dana pide que Podemos represente a todas las acusaciones

Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias del Gobierno de Carlos Mazón durante la dana que dejó 228 muertos en Valencia en octubre, ha pedido a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la inundación, Nuria Ruiz Tobarra, que todas las acusaciones populares de la causa se unifiquen en torno a Podemos, según un escrito de este ex alto cargo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Argüeso está imputado desde el pasado marzo por los presuntos delitos de lesiones y homicidios imprudentes junto a quien fue su jefa durante la letal tromba, la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Vaenciana Salomé Pradas. Ambos esgrimieron la misma estrategia de defensa ante la jueza durante su única declaración como investigados: echar balones fuera sobre sus responsabilidades en la gestión de la crisis y exculpar al president Mazón.

En el documento que ha presentado en el juzgado el abogado de Argüeso, José María Bueno Manzanares, justifica su decisión de proponer a Podemos como representante de la decena de acusaciones populares bajo la tesis de que este partido fue el primero en personarse. Desde que arrancó la instrucción judicial, Podemos ha solicitado varias diligencias para tratar de acreditar dónde se encontraba Mazón el día de la aciaga jornada. Entre ellas, el rastreo de sus escoltas o las grabaciones del Cecopi —el órgano de emergencias de la Generalitat que gestionó la crisis— para verificar la hora de llegada del barón popular.

Según una imagen enviada por la Generalitat al juzgado, el dirigente aterrizó en este dispositivo de emergencias a las 20.28 horas, 17 minutos después del envío de la alerta masiva a móviles, que —según la instructora— se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas. La misiva, a su juicio, se remitió tarde y mal. El texto no incluía una mención a subir a las primeras plantas.

La magistrada ha rechazado estas peticiones de Podemos con el argumento de que el jefe del Consell es aforado y solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia previo razonamiento de la instructora. La jueza ofreció al president declarar voluntariamente como imputado. Una propuesta que el popular rechazó.

El abogado de Argüeso defiende que la decena de acusaciones populares personadas retrasan la investigación. Alega que no es posible contestar a todos sus recursos y que sus preguntas eternizan las declaraciones. Y pone como ejemplo el caso de la de la delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, que al comparecer como testigo tuvo que responder a todas las partes: jueza, fiscal, defensas y acusaciones populares y particulares. Su declaración duró siete horas.

Entre la decena de organizaciones que ejercen la acusación popular se encuentran los partidos Vox, PSOE, Ciudadanos y las asociaciones Acció Cultural y Liberum. Cada una ha desembolsado 6.000 euros como fianza para aterrizar en la causa. Y se suman a la treintena de acusaciones particulares de familias de fallecidos.

Manos Limpias y Argüeso

Por otra parte, el letrado de Argüeso se “alegra” de que la jueza haya expulsado de la causa al pseudo sindicato ultra Manos Limpias. “Hay una acusación menos a la que hacer frente”, justifica. Se da la coincidencia de que el abogado del ex alto cargo se presentaba en entrevistas en periódicos como director de los servicios jurídicos de Manos Limpias. Y, por este motivo, la jueza decidió expulsar al colectivo de la causa al considerar que resultaba incompatible. El grupo ultra llegó a solicitar el ejercicio de la acción penal contra el propio Argüeso.

El abogado del ex alto cargo estima que la magistrada, al vincularle con Manos Limpias, se ha limitado a recabar información de “periódicos y digitales” y eso le genera “indefensión”. Sugiere, además, que esto puede suponer la “contaminación” —pérdida de imparcialidad— de la instructora que instruye las pesquisas de la gota fría, Nuria Ruiz Tobarra.