Ruiz Tobarra, la jueza que pone contra las cuerdas a Mazón

Una jueza de Catarroja (Valencia) lleva marcando la agenda política nacional de forma involuntaria desde hace seis meses. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa penal que indaga la mayor tragedia natural que ha arrasado Valencia, la dana que dejó 227 muertos, un desaparecido y un reguero de destrucción el pasado octubre, sobresalta con sus autos los cimientos del Ejecutivo autonómico valenciano que pilota Carlos Mazón, del PP. Sus resoluciones ya se han saldado con la imputación de la que fue su consejera de Interior y Emergencias durante la riada, Salomé Pradas, y de su número dos, Emilio Argüeso. Y han puesto sobre la mesa la eventualidad de que el president declare como investigado de forma voluntaria. Una vía que Mazón ha rechazado.

Quienes conocen a esta magistrada de 52 años coinciden en su capacidad de trabajo. En seis meses de instrucción, ha tomado declaración a 250 testigos, la mayoría familiares de fallecidos, según un sumario que acumula 14 tomos y centenares de diligencias. La jueza dedica hasta una hora por víctima y no escatima en muestras de empatía. “Me sentí muy tranquila declarando. Es muy agradable. Se nota que lo pasa mal cuando te escucha. Casi acaba llorando”, recuerda María Luisa Martí, cuya madre, de 79 años, murió tras quedar encerrada en su casa de Catarroja (29.316 habitantes), donde la riada segó 25 vidas. “Va a llegar hasta el final. La veo muy luchadora”, augura esta víctima.

“Tengo la sensación de que esta señora va a hacer justicia”, defiende Andrés Ceba. Su hermano José tenía 67 años cuando se ahogó en un garaje de Benetússer (15.879 habitantes), donde la inundación dejó 10 muertos. Salvador Baixauli, cuya suegra falleció en Catarroja tras el desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la tragedia, abunda en la cercanía de la instructora. “Nos sentimos cómodos declarando. Fue un trato amable”, resume serio este damnificado.

Alérgica a la exposición pública, Ruiz Tobarra desembarcó en 2007 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, hoy devastado por la catástrofe. Fue el primer destino de esta instructora que adquirió cinco años después la condición de magistrada y que, en 2024, ocupaba el puesto 3.544 de 4.964 en el escalafón de la carrera judicial. La jueza ha declinado atender a este diario. “Los magistrados hablan a través de sus autos”, justifican en su entorno.

El involuntario protagonismo de la funcionaria ha sentado como una bomba en los caldeados cenáculos políticos. El entorno del PP alimenta el rumor de que la magistrada no es del todo objetiva por su relación con las víctimas de Catarroja. “Es una frase infundada para desacreditarla”, sostiene uno de los abogados de la causa. Sus críticos obvian que la jueza está casada con el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, Jorge Martínez Ribera, que el pasado enero procesó por un presunto cobro irregular de ayudas públicas a Francis Puig, hermano del último presidente de la Generalitat socialista, Ximo Puig (2015-2023).

Los parabienes a la funcionaria se extienden también a las víctimas que empujan la investigación. Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud (535 miembros), señala la “capacidad de trabajo” de la magistrada. Y prevé que su indagación derivará en una macro causa con decenas de ramificaciones. Una carrera de obstáculos como la que encaró la pantanada de Tous, que en 1982 dejó ocho muertos y 330.000 damnificados. El Supremo condenó 15 años después a uno de los ingenieros responsables y al Estado, que desembolsó 300 millones por los daños de la rotura de la presa.

“Está tomando decisiones lógicas”, apunta María Teresa Pérez, coordinadora de Podemos en Valencia. El partido morado es una de las acusaciones populares junto a Vox, el sindicato CGT, el PSOE, Ciudadanos o las asociaciones Acció Cultural y Liberum, entre otras. Cada una ha desembolsado 6.000 euros como fianza para aterrizar en la causa. Y se suman a la treintena de acusaciones particulares de familias de fallecidos. Si se formalizara la imputación del aforado Mazón ―que requeriría la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana― una fuente de este entorno especula con solicitar al céntrico restaurante de Valencia El Ventorro el tique del almuerzo que el president compartió con la periodista Maribel Vilaplana. Quieren saber qué comieron y bebieron mientras se inundaban decenas de municipios.

Los movimientos de Ruiz Tobarra han abocado a la Generalitat a confesar in extremis verdades incómodas tras seis meses de evasivas y mentiras en una estrategia deliberada del poder de blindarse penalmente. Gracias a sus peticiones, han aflorado del ostracismo revelaciones de alcance. Un ejemplo: el Gobierno de Mazón conocía a primera hora de la tarde del 29 de octubre la magnitud de la catástrofe. El 112, el servicio de emergencias telefónico de la Generalitat, fue bombardeado esa jornada a partir de las 16.40 horas con centenares de llamadas de desesperación desde Cheste y Chiva. Sus vecinos alertaban del desbordamiento del barranco del Poyo. Y, sin embargo, el Cecopi ―el órgano de emergencias autonómico― no pulsó el botón rojo de los mensajes masivos a móviles para avisar del riesgo hasta las 20.11 horas, cuando se amontonaban muertos, desaparecidos, y vecinos atrapados como animales en garajes y plantas bajas.

Una carpeta con muertes

Con la ayuda de cinco fiscales, la jueza rastrea los presuntos delitos de homicidios (penado con entre uno y cuatro años de cárcel) y lesiones (hasta tres) imprudentes. Decenas de parientes de víctimas que han desfilado por el juzgado coinciden en señalar a este diario el interés de Ruiz Tobarra por conocer la tardanza en el envío del mensaje. La magistrada baraja la tesis de que, si esta alerta se hubiera enviado antes, el número de víctimas mortales se hubiera reducido. Sostiene que la gestión de la tragedia “fue competencia autonómica”, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía. Y no escatima en adjetivos para describir el horror que fundió a negro Valencia el 29 de octubre. “Un episodio dantesco, un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad”, recoge uno de sus emotivos autos.

“La instrucción será compleja. Las indagaciones deben ahora averiguar qué técnicos y autoridades estaban al mando el día de la tragedia”, valora José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, que define a Ruiz Tobarra como una magistrada “seria y con buena reputación”. Y, como la mayoría de los consultados, augura una causa lenta y compleja. El fallo de la Audiencia Nacional de 2005 del camping de Biescas (Huesca), que sentenció al Estado y a Aragón al desembolso de 12 millones por las inundaciones de 1996 que consumieron la vida de 87 personas, es uno de los espejos en el que se miran las víctimas valencianas para calibrar su periplo de tribunales.

Las réplicas del terremoto que originan las resoluciones de la jueza en la valenciana plaza de Manises, sede de la Generalitat, son incesantes. Acuciado por las pesquisas, el Gabinete de Mazón se ha visto obligado a confesar que el president llegó el día de la dana al centro de emergencias a las 20.28 horas, 17 minutos después del envío de la alerta masiva a . O que, durante la reunión del Cecopi, hubo apagones en la videoconferencia que dificultaron a algunas de las 29 instituciones implicadas seguir la crisis.

Ajena al ruido mediático y al fango partidista, la discreta magistrada Ruiz Tobarra sigue redactando autos.