La jueza de la dana rechaza de nuevo imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar

Una vez más. La jueza que indaga penalmente la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha rechazado imputar, de nuevo, a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. La magistrada desecha así la propuesta del que fuera número dos de Emergencias de la Generalitat, el imputado Emilio Argüeso. Y mantiene la comparecencia de Polo como testigo. Una condición que le obligará a decir la verdad y a responder a todas las partes: jueza, fiscal, defensas y acusaciones populares y particulares.

El movimiento se enmarca en la tesis de la instructora de que la competencia en la gestión de la crisis de la inundación fue autonómica. Y que la CHJ remitió información por la tarde de la aciaga jornada sobre el barranco del Poyo, detonante de la tragedia, a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que controla los caudales. Y que esta aplicación pudo ser consultada por la Generalitat, la administración competente.

Con el respaldo de la Fiscalía, la instructora también se ha negado a imputar a otros tres dirigentes sugeridos por Argüeso. Entre ellos, figura el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia durante la tromba, José Miguel Basset, ya jubilado, que reconoció que se interrumpió la vigilancia del barranco del Poyo, detonante de la tragedia, el pasado 29 de octubre, porque había “ganas de comer”. Inma Piles, jefa del servicio de coordinación de emergencias del 112, la centralita autonómica que la jornada de la inundación registró casi 20.000 llamadas, tampoco será llamada como investigada junto a una técnica de comunicación de Emergencias, tal y como reclamaba Argüeso.

Los imputados solicitados por el exalto cargo “no poseen encaje en la posición de garante de los homicidios y lesiones imprudentes”, apunta la instructora en alusión a los delitos que se investigan en la causa judicial de la riada que dejó 228 muertos en Valencia el pasado octubre.

La jueza ya ha insistido en distintas resoluciones que Argüeso y quien fuera su jefa durante la tromba, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, que también está imputada, encarnaron las máximas autoridades en la gestión de la crisis. Y participaron en la decisión clave que centra las pesquisas: el envío de la alerta masiva a los móviles, que llegó a las 20.11 horas, cuando se acumulaban desaparecidos, fallecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. Una misiva que, según la instructora, se remitió tarde y fue confusa, ya que no precisaba la necesidad de subir a las primeras plantas.

La jueza se expresa así en un auto en el que desestima el recurso de reforma del exnúmero dos de Emergencias contra un fallo que descartaba estas imputaciones. En su auto, la magistrada destaca la contradicción en la que incurre Argüeso al pedir estas declaraciones de investigados. “Si se defiende por la defensa de Argüeso que no hay delito alguno, carece de lógica citar como investigados a nadie”, apunta la instructora en alusión a la pretensión del abogado del exalto cargo de que se archive la causa contra su cliente.