Las opciones del Govern para cumplir con las subidas salariales si no hay Presupuestos

Alícia Romero, responsable de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, es probablemente la persona a quien menos debe preocuparle no tener todavía unos Presupuestos aprobados. Ya tiene sus cuentas elaboradas y presentadas, pero como responsable de las arcas catalanas una prórroga presupuestaria le permite llevar el gasto de la Administración catalana a rajatabla y cumplir con el compromiso de dejar el déficit público en el 0,1% del producto interior bruto (PIB), es decir, de cerrar el año con unas cuentas prácticamente equilibradas. Y ello se debe a que la prolongación de los últimos Presupuestos, de 2023, complica la adopción de nuevos programas de gasto e inversiones. Y eso ya no sería del agrado del resto de sus colegas de gabinete. En total, el Govern calcula que, si ERC no apoya su proyecto, se perderán 1.500 millones que podrían servir para reforzar los servicios públicos. Por ello, sorprende que el Ejecutivo de Salvador Illa garantice con tanta firmeza que puede mantener los acuerdos alcanzados con sindicatos sobre subidas salariales. Pero una cosa y la otra no son incompatibles.

La Generalitat ha alcanzado esta semana un acuerdo con los sindicatos CC OO y UGT para subir los sueldos a los docentes. El Govern ha reiterado que cumplirá el acuerdo, que tiene un coste de 2.000 millones de euros en cuatro años, sin decir de dónde sacará el dinero ni cómo vehiculará esa cantidad si no tiene Presupuestos. El pacto se suma a otro alcanzado en el Consejo de la Policía que prevé una subida salarial de 4.000 euros brutos al año, el mayor incremento desde 1989. Fuentes del Departamento de Economía y Finanzas explicaron que ninguno de los dos acuerdos está dentro del proyecto que Romero llevó al Parlament el pasado 27 de febrero, pero afirmaron que los Presupuestos tienen espacio suficiente para acomodar esas partidas. En cambio, no detallaron de dónde saldrá el dinero si las cuentas encallan. “Este es un acuerdo que el Govern cumplirá, que ha acordado con los sindicatos y que cumplirá, es la palabra del Govern, pero también repito la necesidad de que el país tenga Presupuestos”, afirmó el consejero de Presidencia, Albert Dalmau.

Fuentes consultadas explican que la ley de Presupuestos facilita las cosas. De entrada, permite que un Ejecutivo ordene sus prioridades, máxime si ya está operando con las cuentas de 2023, cuando gobernaba ERC. Pero además, el Govern parte de los créditos iniciales de ese año. Teniendo en cuenta que este año el gasto público previsto en las cuentas es de 49.162 millones de euros, eso significa que habría un desfase de unos 9.000 millones de euros. Parte de ellos podrían salvarse con los suplementos y las ampliaciones de créditos que ERC sugiere al Govern y cuyo apoyo le asegura. Pero el Ejecutivo de Illa sostiene que hay otros 1.500 millones de euros que no pueden recuperarse por esa vía.

La cuestión es, pues, si la Generalitat puede cumplir los compromisos adquiridos con los sindicatos. Y los expertos consultados por este diario afirman que sí: los sueldos de los empleados públicos son un gasto ordinario y recurrente del Govern. Y si hay recursos públicos es fácil incrementar esa partida ya sea por remanentes, por el trasvase de partidas de un lugar a otro o bien por recursos extraordinarios no previstos. Es decir, el Govern podría optar por dos soluciones: una modificación presupuestaria para llevar recursos de un fin a otro o un suplemento de crédito. Y ahí es donde hasta ahora se ha mantenido ambiguo para no desvelar sus cartas a ERC. De hecho, fuentes de Economía afirman que si en abril no hay Presupuestos empezarían a darse las primeras tensiones de tesorería. Y eso llevaría a priorizar el pago de nóminas e intereses de la deuda y a pedir a las consejerías que ajusten gastos.

No obstante, la Generalitat puede justificar que tiene más dinero, puesto que los ingresos no financieros de este año crecerán casi un 30% respecto a los Presupuestos de 2023. Y las nóminas parecen estar a resguardo de las desavenencias políticas entre socialistas y republicanos, según coinciden los expertos. El Govern debería aprobar, pues, suplementos de crédito que tendrían que pasar por el Parlament. Otra cosa son las inversiones y las ayudas que, en un momento dado, el Ejecutivo catalán quiera poner encima de la mesa si la situación económica se pone fea. Y aun así, el año pasado Illa pudo lanzar un programa de 1.500 millones para hacer frente a la política arancelaria de Donald Trump que ahora podría rescatar.