El Govern aprueba unos Presupuestos con una inversión récord en vivienda de 1.900 millones

El Gobierno catalán aprobará este viernes los Presupuestos para 2026 con una inversión récord para vivienda. El Ejecutivo de Salvador Illa destinará 1.900 millones de euros para hacer frente a la actual emergencia, según explican a EL PAÍS fuentes gubernamentales. Esa cantidad, que incluye los fondos para promoción de suelo y ordenación urbanística, permitirá que las ayudas al alquiler lleguen a casi 90.000 personas. El gasto récord se enmarca en unas cuentas expansivas que, por primera vez, se situarán alrededor de los 50.000 millones de euros. El Gobierno, sin embargo, todavía no tiene los respaldos suficientes para sacar adelante el proyecto en el Parlament, después de que Esquerra haya decidido no sentarse a negociar las cuentas con los socialistas.

La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, acudirá este viernes al Parlament con las cuentas más expansivas de la historia de la Generalitat. Según fuentes consultadas, estas se aproximarán a los 50.000 millones de euros. Y si se tienen en cuenta las empresas públicas de la Administración catalana, a los 65.000. Esa cantidad permitirá aumentar la dotación para partidas clave para mejorar los servicios públicos, en especial la sanidad y la educación, cuyos trabajadores precisamente han parado en las últimas semanas para protestar por sus condiciones laborales.

Los Presupuestos también recogen una subida en la partida para tratar de paliar la emergencia en materia de vivienda, que centró las negociaciones del Gobierno socialista con Comunes. La Generalitat dedicará 1.900 millones de euros a políticas de vivienda y ordenación territorial. De estos, el grueso irá a actuaciones para facilitar el acceso a una casa a través de fondos de la Agencia Catalana de Vivienda o el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) o préstamos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

Entre las partidas que contienen las cuentas que presentará este viernes Romero están las ayudas al pago del alquiler, que en su conjunto ascienden a 160 millones de euros y que, según estima la Generalitat, llegarán a 89.500 ciudadanos, según explican las fuentes consultadas. Esta es una de las medidas que el Ejecutivo de Illa pactó con Comunes, que también lograron arrancarles medidas para limitar la compra especulativa de casas.

Las cuentas también prevén partidas para ampliar el parque de vivienda pública de alquiler a través de tres vías: la compra de casas ya existentes (60,6 millones de euros) y la construcción de pisos de alquiler, ya sea a través del Incasòl (78,6 millones) o de ayudas a promotores (9 millones). También se incluyen 50 millones de euros para favorecer el acceso a pisos de compra para jóvenes, en especial financiando el 20% de la entrada que deben aportar pero que no alcanzan a tener por su falta de capacidad de ahorro. El proyecto de ley, por último, contempla que 20 áreas de Cataluña se beneficien de las subvenciones derivadas de la Ley de Mejora de Barrios.

Por ahora, esas cuentas solo disponen del respaldo de los 42 diputados del PSC y de los seis escaños de Comuns. Para alcanzar la mayoría necesaria para que salgan adelante requerirían del voto de ERC, que ha rechazado sentarse para negociar las cuentas al considerar que no se han producido los avances suficientes en la cesión del IRPF por parte del Gobierno central. Romero se ha mostrado confiada durante toda la semana en que ERC se sumará a los Presupuestos durante el trámite parlamentario, puesto que el anticipo electoral “no es una opción”, según dijo en una entrevista en Catalunya Ràdio. “En las negociaciones siempre hay altibajos, pero estoy convencida de que lo conseguiremos”, aseguró.

Los republicanos, sin embargo, han sugerido al Govern que trabaje bajo otra prórroga presupuestaria ―los últimos Presupuestos corresponden al ejercicio 2023― y la aprobación de suplementos de crédito. Romero rechaza esa posibilidad al considerar que la tesorería de la Administración catalana empezaría a tensionarse a partir del mes de abril. Ello se debe a que la Generalitat dejará de contar con 9.126 millones de euros adicionales que prevén estas cuentas. De entrada, eso ya supondría pedir contención a las consejerías. Pero Romero también explicó que hay unos 1.500 millones de euros correspondientes a programas específicos de años anteriores que se perderán. Y eso supondrá pedir algunos ajustes para poder abonar otras partidas, como nóminas. De hecho, el año pasado el Govern ya tuvo que pactar con sus socios parlamentarios suplementos de crédito que alcanzaron los 4.000 millones.

En caso de poder retomar las negociaciones con los republicanos, el Gobierno de Salvador Illa espera poder recibir la luz verde en el Parlament después de Semana Santa. Las cuentas, además, llegarán a la Cámara catalana con una ley de acompañamiento que recoge la eliminación de 19 tasas que apenas aportaban medio millón de euros a las arcas catalanas pero que, según el Govern, permitirán eliminar burocracia. Además, incluirá cambios para que la publicidad de las viviendas en alquiler especifique si el propietario del piso ofertado es un gran tenedor, es decir, poseedor de cinco o más casas en zona tensionada.