El juicio a los Pujol se ‘acerca’ a Cataluña: el exsenador de CiU que fue socio de Jordi Pujol Ferrusola
Lluís Badia admite a regañadientes los negocios con ‘Júnior’, pero niega que le beneficiara como presidente del puerto de Tarragona


Lluís Badia fue presidente del puerto de Tarragona durante el último Gobierno de Jordi Pujol e, inmediatamente después (2004 a 2008) senador por la extinta Convergència i Unió (CiU). Su posición dentro del partido no le impidió, sin embargo, planear al mismo tiempo negocios con Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat, tal como ha quedado este martes en evidencia en el juicio que se sigue contra la familia en la Audiencia Nacional, y que por primera vez ha explorado los puntos de conexión del caso con determinados personajes del pujolismo.
Badia ha jugado con habilidad la carta fácil que muchos otros testigos, llamados a declarar por los negocios de Júnior, están usando: la desmemoria. Es un recurso útil puesto que, en efecto, muchas de las operaciones bajo sospecha se remontan a hace por lo menos dos décadas. Tras admitir su “relación de amistad” con el hijo mayor del expresident, a Badia le ha costado reconocer que, además, participó con él y su mujer en sociedades mercantiles (“que yo recuerde, no”, ha dicho antes de admitir que sí) y que su despacho de abogados cobró de Imisa, la sociedad que Pujol júnior empleó para buena parte de sus comisiones como “conseguidor” de oportunidades de negocio.
“Le repito, está con la obligación de decir la verdad”, le ha recordado el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo antes de citarle tres facturas del despacho de Badia a Imisa por el asesoramiento en una serie de inversiones en México. “Me encargaron un tema de México y lo facturamos, sí”, ha concedido el exsenador. Las facturas fueron encontradas durante el registro en el despacho de Joan Anton Sánchez Carreté, asesor fiscal de siempre de los Pujol y artífice de la regularización de las cuentas que, en julio de 2024, permitió a varios miembros de la familia traer a España los fondos que, durante casi tres décadas, habían mantenido ocultos al fisco en Andorra.
La relación de Badia y el primogénito viene de lejos. Por primera vez en lo que va de juicio, los interrogatorios se han centrado en operaciones que tienen algún tipo de nexo político con Convergència y con Cataluña. Según la tesis de la Fiscalía, el dinero que la familia ocultó en Andorra procede de la corrupción política: allí se depositaron, siempre según esa tesis, al menos una parte de las comisiones millonarias que Jordi Pujol Ferrusola cobró de grandes empresas, algunas de ellas adjudicatarias de la Generalitat. La defensa, por el contrario, sostiene que el dinero procede de una deixa (legado) que Florenci Pujol, padre del expresidente catalán, dejó a la familia en los años 80 del siglo pasado por si las cosas iban mal dadas.
Badia fue presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona entre 1996 y 2004. El fiscal le ha preguntado, en particular, por si intervino para que se concediese el almacenaje de combustible de la terminal a la empresa Euronergo. Pocos días después de la adjudicación, Euronergo pagó presuntamente el equivalente a 54.000 euros de la época a Jordi Pujol Ferrusola. El testigo ha negado que le ayudara a cobrar la comisión y ha asegurado que, como presidente, poco tenía que decir: las decisiones, ha dicho, las tomaban el director del puerto y el el consejo de administración, un órgano en el que “hay personas de puertos del Estado y de la Abogacía del Estado”. “No me podían presionar a mí porque no había una fórmula con que presionarme”, ha insistido en su declaración a través de videoconferencia.
En 2003, un año antes de dejar el puerto y convertirse en senador por CiU, Badia mantuvo otro vínculo profesional con Jordi Pujol Ferrusola: ellos dos, sus mujeres y otros socios crearon una empresa en Croacia. La inversión podía resultar interesante, ha dicho, porque el país “estaba en perspectiva de entrar en la Unión Europea”. Badia puso alrededor de un millón de euros en el negocio. Más tarde, en 2009, se constituyó en España la sociedad Croatagna para desarrollar, presuntamente, una promoción inmobiliaria en Pula. El testigo ha explicado que solo recibió al final el capital inicial y “a largo plazo”, pero no recibió ningún interés por esa inversión. Badia ha dicho que no recordaba muchos de aquello (“hace 22 años de esto, no me acuerdo”), aunque sí ha rescatado de la memoria (lo ha repetido dos veces) un detalle: “Fui el último en cobrar”.
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