El plan B siempre fue el A

De la segunda iniciativa de reforma electoral de Claudia Sheinbaum es posible deducir dos ideas simples de naturaleza racional: que el plan B siempre fue el A y que su aprobación requerirá extraordinarias dosis de disciplina partidista.

Permítanme ir por partes, ordenando el argumento.

Que el plan B siempre fue el A es evidente. Si bien esta conclusión no resulta halagüeña para la comisión presidencial que tardó meses en anunciarlo, existen suficientes indicios para sospecharlo.

Primero, cuesta creer que Sheinbaum haya considerado políticamente viable su propuesta original. Que subestimaba las razones de sus aliados para resistirse. La petición era, en esencia, revolucionaria. Es más plausible pensar que, habiendo olfateado su imposibilidad, la presidenta decidió cumplir su promesa de campaña, al tiempo que propinó a sus aliados un merecido golpe.

Segundo, las similitudes entre ambos planes sugieren más continuidad que ruptura. El énfasis está en lo presupuestario. El plan B, igual que su antecesor nominal, refleja la obsesión más persistente de la mandataria: reducir costos, reorganizar estructuras, ajustar márgenes. En materia financiera, el plan A y el plan B riman por entero.

Tercero, la revocación de mandato. La ausencia de esta prioridad conocida de la presidenta en el plan A hace difícil creer que aquel fuera su diseño final.

Cuarto, el salvajismo del plan A de Sheinbaum Pardo no parecía diseñado para disciplinar a sus aliados, sino para prepararlos. Mover el punto de referencia a uno que los afectara, pero sin aniquilarlos. La amenaza del plan B hoy resulta razonable porque, en contraste, desplazó a un ultimátum más severo.

Quinto, la velocidad del plan B levanta preguntas: lo segundo ya había llegado cuando apenas caía lo primero. El tiempo que Claudia Sheinbaum tardó en presentar su primera reforma contrasta con la inmediatez de la segunda. Hay en esa desproporción una señal de planificación por parte de la mujer que nunca improvisa.

Al inicio de este artículo también afirmé que la aprobación del plan B por parte de Morena y sus aliados requerirá de toneladas de disciplina partidista. Y es que la segunda iniciativa electoral de Sheinbaum incluye sacrificios concretos que son auténticos harakiris.

Incluyen menos cargos locales, estrechos límites presupuestarios, recortes al Senado. Afectaciones directas a quienes habrán de votarlos.

Esas modificaciones constitucionales requerirán que los legisladores de la alianza —tanto a nivel federal como en los Estados— las aprueben: al menos 17 congresos estatales deberán ratificarlas por mayoría. Morena y sus aliados ya alcanzaron esa cifra en la reforma judicial, aunque entonces las consecuencias no redundaban sobre sí mismos.

En suma, si el plan B siempre fue el plan A, no estamos ante una corrección de rumbo, sino ante la ejecución de una planeada estrategia. Su éxito dependerá de una disciplina partidista poco común: la capacidad de Morena y sus aliados de votar hoy contra sí mismos a cambio de continuar siendo parte del juego mañana.