Barcelona aprueba el boicot a las empresas vinculadas al Estado de Israel en la Fira y en eventos deportivos como el Tour de Francia

Barcelona ha dado un paso más, y formal, en su rechazo y presión al Estado y el Gobierno de Israel por sus ataques a Palestina y reiteradas vulneraciones al derecho internacional. Si en mayo consumó su ruptura con el Gobierno de Benjamin Netanyahu, y el martes presentó su Distrito 11 de dedicado a las ciudades de Palestina, este viernes el pleno ha votado vetar a las empresas vinculadas al Estado de Israel en dos ámbitos: los salones de Fira de Barcelona (en la que el propio Ayuntamiento participa) y en la salida del Tour de Francia el próximo verano y cualquier otro evento deportivo celebrado en la ciudad. Ha sido en el pleno de septiembre, en una proposición presentada por Barcelona en comú que ha sido votada por el PSC (que ha matizado el texto) y ERC. Junts se ha abstenido y PP y Vox han votado en contra. En el último tramo del pleno, el alcalde Jaume Collboni ha revelado que ha comunicado formalmente al Tour de Francia su veto a la participación de equipos bajo bandera Israelí, y se ha mostrado “convencidísimo” que la prueba saldrá de Barcelona el próximo verano.

Fira de Barcelona está pendiente de si Israel confirma la presencia de un pabellón en Smart City Expo, confirman fuentes de la institución. Sobre el Mobile World Congress, fue el propio Gobierno de Netanyahu quien llamó a no participar por la actitud de denuncia del presidente Pedro Sánchez. En el capítulo de boicots a Israel, las iniciativas son cada vez de mayor escala y este jueves se supo que organismos internacionales como la UEFA y FIFA se plantean expulsar a Israel de todas sus competiciones de todas sus competiciones.

En el Pleno de Barcelona el debate ha subido de tono, sobre todo cuando han intervenido los populares y Vox. Hasta el punto de que el concejal del partido ultra Gonzalo de Oro ha espetado a la presidenta del grupo de los comunes: “Cállate, maleducada, estoy hablando”. Ha sido justo cuando de Oro acababa de asegurar que el concejal republicano Jordi Coronas está “de vacaciones” como capitán de uno de los barcos de la flotilla que quiere romper el bloqueo humanitario por parte de Israel en la franja de Gaza. En el sillón de Coronas sus compañeros han colocado un barco de papel con los colores de la bandera palestina y el mensaje “la flotilla no se toca”. Los comunes han colocado carteles llamando a participar en la manifestación de rechazo a los ataques de Israel prevista para el 4 de octubre.

La propia Janet Sanz ha defendido la proposición sobre el boicot que busca, ha dicho, “concretar con medidas la ruptura aprobada en mayo”. Los matices introducidos por el PSC van en la línea de vetar la participación en eventos deportivos a equipos o deportistas que compitan “bajo el nombre del Estado de Israel” o “bajo el nombre, con financiación o en representación del Estado de Israel”. Esto es, podrían participar empresas de Israel sin vínculos con el Gobierno. Sanz ha asegurado que “Barcelona siempre tiene poder y ha estado históricamente en el lado bueno de la historia” ha defendido que si la ciudad acaba de crear un distrito 11 - Ciudades de Palestina, “hay que ser consecuentes”. Ante la negativa de PP y Vox a apoyar su propuesta, se ha preguntado por qué no aceptaron la participación de Rusia en la Feria cuando comenzó la invasión de Ucrania y ahora “aceptan dinero manchado de sangre”.

Por parte del Gobierno municipal, la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay ha defendido que la ruptura con Israel fue una decisión con consecuencias “reales”: “Que Barcelona no sea utilizada de escaparate de los que vulneran la legalidad internacional ni como instrumento de legitimación política y económica”. Desde ERC la concejal Rosa Suriñach ha defendido que el boicot “no es un error, es una herramienta eficaz y legítima en situaciones extremas”.

Junts, Vox y PP han coincidido en rechazar el boicot como herramienta útil, han considerado que no ayudan al pueblo palestino y han echado en falta que el texto que pide el veto a las empresas israelíes no mencione los atentados de Hamás en octubre de 2023. El más beligerante ha sido Gonzalo de Oro, que ha considerado el boicot un ejercicio “deshonesto, que perjudica, no aporta a la paz” y de “falsa superioridad moral, que en nada ayuda al pueblo palestino”. De Oro ha asegurado que ve “increíble que el Ayuntamiento boicotee sus propias empresas”, en relación con la participación municipal en Fira de Barcelona.

El cuartel del Bruc, ¿un ecobarrio?

Durante el pleno de septiembre, el primero del curso, también se ha aprobado la adhesión de Barcelona al Pacto Nacional por la Lengua catalana, la autorización al Gobierno para formalizar un contrato de financiación de 113 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para construir nueve edificios de vivienda pública, o la cesión de dos solares a la cooperativa Llar Unió Catalònia del sindicato UGT para levantar pisos asequibles. También se ha aprobado el Plan Local de Seguridad Viaria 2025-2030, o el plan urbanístico que permite reservar espacio en el subsuelo de la ciudad para ubicar 29 depósitos para recoger agua de lluvia y mejorar el drenaje de la ciudad, una medida prevista en el Plan Clima para minimizar el riesgo de inundaciones.

En el turno de proposiciones de la oposición, Junts ha logrado el apoyo de comunes y ERC para que la ciudad reclame al Gobierno español la cesión del cuartel del Bruc (que mantiene actividad militar), en la Diagonal de Barcelona, para levantar un ecobarrio en el que tendrían cabida 600 pisos de alquiler asequible. El espacio mide tanto como cinco manzanas del Eixample, ha recordado el concejal Damià Calvet. “Es un espacio infrautilizado, claramente obsoleto, que podría destinarse a hacer ciudad y afrontar la emergencia habitacional que sufrimos”, ha dicho el edil.

El pleno también ha acordado por unanimidad instar al Gobierno de Collboni poner en marcha un plan de choque en el barrio de la Marina del Port para afrontar la inseguridad y el incivismo. La iniciativa la ha llevado al pleno el PP, que ha pactado el texto con Junts y los comunes.