El Govern se compromete mediante un acuerdo de gobierno a reducir un 31% las emisiones de carbono en cinco años

El Govern catalán se compromete a reducir un 31% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 1990. La Generalitat aprobará este martes en el Consell Executiu un acuerdo de gobierno sobre los “presupuestos de carbono”, una hoja de ruta para descarbonizar la economía contemplada en la Ley del Cambio Climático, de 2017. El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica no ha especificado como se aplicarán los “presupuestos” porque la ley no lo estipula pero contempla que, una vez aprobados por el Govern, los elevará a la Mesa del Parlament para que esta decida la fórmula. Una de las hipótesis es que la Cámara celebre un pleno monográfico, que culmine con propuestas de resolución.

La misma normativa recogía que un Comité de Expertos sobre el Cambio Climático (CECC), un órgano colegiado autónomo adscrito al Departamento de Territorio, asesore a la Generalitat en esta materia. El primer informe que este organismo entregó al Ejecutivo de Salvador Illa en abril pedía que Cataluña debía reducir un 67% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2035 respecto a los niveles de 1990.

La propuesta del comité tiene como objetivo cumplir con los compromisos de los Acuerdos de París y lograr la neutralidad climática en 2050. Esta idea se refiere a que las emisiones netas de gases de efecto invernadero se equilibren y sean iguales o menores a las que se eliminan a través de la absorción natural del planeta. Una vez estudiado el plan del comité, el Govern ha modificado parte del documento y ha concluido que solo tiene la capacidad para trabajar en el plazo del primer quinquenio, de 2026 a 2030.

Para este mismo periodo, los expertos recomendaron una reducción del 42% de las emisiones, pero el documento del Govern ha rebajado la cifra al 31%. El análisis de viabilidad sugiere que una reducción de emisiones tan elevada y en un plazo tan corto podría poner en riesgo la competitividad de algunos sectores. Además, la propuesta del departamento plantea los objetivos hasta 2030 porque es hasta cuando los fija la Unión Europea.

El “presupuesto” presentado por la Generalitat se estructura en siete sectores estratégicos (energía, industria, residencial, agricultura y ganadería, transporte, servicios y residuos). Según el borrador elaborado por el Govern, la propuesta del CECC ha permitido ver la posibilidad de incrementar la ambición para el sector residuos mediante el aumento de la captación de biogás de los vertederos y lograr reducir un 57% de las emisiones, frente al 28% que marca la Unión Europea y el 61% dictado por el CECC; para el sector residencial, a través de la incorporación de la aerotérmica y la bomba de calor.

La competitividad de algunos sectores preocupa al Govern, como es la ganadería. “A las grandes explotaciones ganaderas sí que se les puede exigir más, pero no a las pequeñas, por lo que no era viable ajustar estos porcentajes a los del CECC”, ha explicado la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.

En el sector transportes, el CECC pedía una reducción del 32% de las emisiones, y el Govern la ha rebajado al 19% alegando que no dispone de las infraestructuras para llevar a cabo una disminución tan drástica, refiriéndose así al transporte de mercancías a través del Corredor Mediterráneo o a las conexiones ferroviarias con el Port de Barcelona. Para este mismo sector, la consellera ha mostrado su voluntad de aplicar “políticas ambiciosas” en términos de electrificación de vehículos.

Otra diferencia entre ambas propuestas es que la presentada por el Ejecutivo toma como referencia la reducción de emisiones acordada por la Unión Europea, mientras que la del CECC está basada en criterios puramente científicos y de justicia climática. “Nuestro documento va de la mano de los objetivos europeos. Nuestra obligación y compromiso es con aquello que marca la normativa europea”, ha explicado Paneque. El contexto normativo de la Ley del Cambio Climático dispone que para establecer cada presupuesto de carbono, hay que tener en cuenta el conocimiento científico, el impacto sobre cada sector, las circunstancias económicas y sociales, la competitividad, la política energética y los tratados internacionales.