Bruselas suaviza su política climática y abre la puerta a compensar las emisiones fuera de la UE

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta de nuevo objetivo de emisiones de efecto invernadero para 2040: aboga por mantener la meta de una reducción del 90% de estos gases, pero suaviza las políticas para lograrlo abriendo la puerta a la compra de compensaciones fuera de la UE. Ahora, este paquete deberá ser acordado con los Gobiernos y el Parlamento europeo, cuyos miembros en muchos casos están intentando rebajar la ambición en la lucha contra el calentamiento global.

La propuesta de Bruselas se presenta en plena mar arbolada, con una ola de calor que está abrasando a gran parte de Europa y haciendo que la población sea cada vez más consciente de un cambio climático que vuelve este tipo de fenómenos extremos más frecuentes e intensos. Pero, paradójicamente, otra ola dentro y fuera de Europa, en este caso ultraconservadora, intenta frenar las políticas contra el calentamiento global, que irremediablemente pasan por desengancharse de los combustibles fósiles, principales responsables de las emisiones de efecto invernadero.

Lo que ha propuesto este miércoles la Comisión en mitad de este cargado ambiente político y meteorológico es una modificación de Ley Europea del Clima para incluir el objetivo para 2040 de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 90%, con respecto a los niveles de 1990. Fuentes de la Comisión se han esforzado en recalcar que no se trata de una pérdida de ambición, ni tampoco de un endurecimiento. Se mantiene “el rumbo”, insisten.

Pero dentro de la UE, donde el avance de la derecha se nota en el freno a las políticas medioambientales, muchos Gobiernos han pedido contrapartidas. Y por eso se incluyen lo que la Comisión denomina “flexibilidades”, que se define como una “vía pragmática y flexible” para cumplir con el objetivo de 2040.

Entre esas medidas destaca la puerta que se abre al uso a partir de 2036 de “créditos internacionales de carbono de alta calidad”. Es decir, que en vez de reducciones absolutas de las gases que expulsan algunos sectores puedan recurrir a comprar derechos de emisiones fuera de la UE, como podrían ser los generados por proyectos forestales.

Esta posibilidad ya se contempla en el artículo 6 del Acuerdo de París, que ha tardado muchos años en desarrollarse debido a lo polémica que resulta esta estrategia y al miedo de que esas compensaciones no tengan efectos reales en la lucha contra el cambio climático, o que lleven a una doble contabilidad. Consciente de estos riesgos, Bruselas en su propuesta establece un límite: las compensaciones solo podrán cubrir como máximo el equivalente al 3% de las emisiones netas de la UE en 1990. Bruselas ha defendido su propuesta como un equilibrio entre la acción nacional y la cooperación internacional.

El comisario de Acción Climática de la UE, Wopke Hoekstra, ha recalcado este miércoles que los créditos deberán ser “verificables y certificables”, para dar garantías. Si finalmente sale adelante esta propuesta se tendrá que desarrollar una normativa para establecer las reglas y criterios. Del mismo modo, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la UE, ha defendido el pragmatismo de la propuesta.

Además, dentro de las medidas de flexibilidad se incluye un impulso a las absorciones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, dentro de la UE tanto a través de métodos naturales —como la reforestación— como industriales, con técnicas de captura y almacenaje que no están muy desarrolladas actualmente. Según ha explicado Hoekstra, lo que se propone es que las empresas que capturen esas emisiones puedan generar derechos y comerciar con ellos.

Desde hace años, los científicos advierten de los riesgos de centrar la política climática en la captura de emisiones y en las compensaciones porque pueden llevar a que no se tomen decisiones reales para la reducción de las emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, Hoekstra ha defendido que la apuesta por los créditos de carbono, siempre que sean verificables, puede tener un potencial positivo en el Sur Global, al permitirles recibir fondos si apuestan por políticas climáticas.

Esta propuesta no es definitiva, porque ahora se tendrá que negociar con el Parlamento Europeo y los Gobiernos de los Veintisiete, y hay algunos Estados, como Francia, que se están mostrando reticentes a asumir el nuevo objetivo del 90% para 2040. Además, otra de las duras negociaciones climáticas sin cerrar es la del plan que la UE debería haber presentado en febrero a la ONU. Este documento, conocido por las siglas NDC, debe fijar los objetivos climáticos hasta 2035. La Comisión confía en llegar a la próxima cumbre del clima, a finales de este año, con ese plan europeo ya acordado.

La vicepresidenta Ribera, cuya trayectoria política ha estado ligada a la lucha contra el cambio climático, ha recordado este miércoles durante la presentación del nuevo objetivo para 2040 ha recordado cómo el Eurobarómetro del Clima 2025, que se publicó el 30 de junio, muestra que el 85% de los ciudadanos de la UE considera que el cambio climático es un problema grave. Además, el 81% apoya el objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, para lo que son necesarios los objetivos intermedios.

Pero, a la vez, Ribera ha recordado que existen voces que reclamaban a la Comisión “flexibilidad” en un ambiente en el que se ataca a la ciencia climática, en referencia, aunque sin citarlo, a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Por eso, se ha esforzado en defender la propuesta presentada este miércoles.

Dentro del departamento de Ribera se considera una victoria haber conseguido mantener el objetivo del 90% de recorte de emisiones para 2040, que era lo que se había apuntado desde el grupo de científicos que asesoran a la Comisión en sus políticas climáticas. Porque reconocen que la negociación ha sido dura y ha estado en peligro esa meta. Fuentes comunitarias destacan también que se haya logrado introducir limitaciones a la compra de derechos de emisiones; por ejemplo, que se reconozca que solo podrán usarse los de alta calidad, es decir, los más caros del mercado, que la medida no vaya a estar operativa hasta 2036 o el tope del 3%.

La adenda a la Ley Europea del Clima llega tras muchos meses de retrasos (se debería haber presentado a finales de febrero) y disputas políticas. Algunas organizaciones ecologistas, como la Oficina Europea de Medio Ambiente (conocida por sus siglas en inglés EEB) han valorado que la UE parezca mantener “el rumbo hacia la neutralidad climática”. Pero también han advertido del peligro que suponen las denominadas “flexibilidades”, porque socavan “la credibilidad climática”. Mathieu Mal, de EBB, ha calificado esas medidas como “trucos contables”: “no son más que lagunas para retrasar la acción real”.