Partidos y entidades, en vilo por el catalán en la escuela tras la demora de su oficialidad en la UE

Tras la decepción por la falta de decisión de la Unión Europea sobre la oficialidad del catalán, entidades y partidos defensores de la inmersión lingüística miran de reojo al Tribunal Constitucional, esperando que llegue, tarde o temprano, la sentencia sobre el 25% de castellano en todo el sistema educativo. La demora en el posicionamiento de la UE no ayuda en el proceso de reconocimiento y represtigio de una lengua menoscabada por su uso como arma arrojadiza política durante varios años y por la llegada de mucha población nueva que no la considera una prioridad ni imprescindible para su día a día.

Las primeras reacciones al aplazamiento de la UE llegaron de PSC i Esquerra, que se alinearon para criticar la actitud del Partido Popular de poner trabas al reconocimiento del catalán en Europa, que han tildado de “lamentable” y “catalanófoba”. Con todo, el portavoz de Esquerra Jordi Albert, ha reivindicado que “el catalán se defiende practicándolo en el día a día”. Los partidos temen que el Constitucional tire por tierra las normativas que idearon (en el caso de ERC) o apoyaron. Pese a ello, este martes ambas formaciones no han querido pronunciarse en público, informa Màrius Lamor.

El presidente catalán, Salvador Illa, también se ha mostrado prudente y no ha querido avanzar su reacción ante una posible sentencia negativa, pero ha defendido el modelo actual. “Buscaremos la forma para que el catalán continúe siendo la lengua de referencia de las escuelas. Hasta ahora ha sido el eje central de la educación y ha ido bien”, ha comentado en una entrevista este miércoles a Catalunya Ràdio en el marco de su visita a Japón.

Desde Plataforma per la Llengua, su presidente Òscar Escuder asegura que el Constitucional, como la UE, es “uno de los muchos frentes abiertos” que tiene el catalán y cree que la sentencia será contraria a la normativa catalana, que rechazaba la aplicación del 25%. “Creemos que la sentencia será mala, pero en todo caso no estará basada en criterios sociales o pedagógicos, sino partidistas”, apunta Escuder. Y añade: “Tendrá una consecuencia más simbólica de desprestigio y de varapalo para la lengua, y otra más práctica. Pero el catalán no necesita que le pongan palos a la rueda, sino más bien necesita un empujón”. Con todo, Escuder relativiza el papel de la escuela y cree importante poner el foco más allá. “En el colegio aprenden la lengua, pero si al salir no pueden ir al cine en catalán o usarlo en la calle, es como cuando aprendíamos inglés y después no lo podías practicar”.

Precisamente para buscar solución a ello, el Govern, con el apoyo de algunos partidos catalanistas, han tirado adelante una estrategia -formalizada en el Pacto Nacional por la Lengua, firmado hace dos semanas- para revitalizar y recuperar el uso de la lengua en todos los ámbitos, empezando por los cursos de catalán para extranjeros, a su mayor presencia en el ámbito sanitario, judicial y cultural, en los comercios, en las producciones audiovisuales o en los videojuegos.

Pero una de las batallas principales se libra en las escuelas. Un grupo de familias contrarias a la inmersión lingüística, amparadas por partidos de derechas, impulsaron hace años la judicialización del uso de las lenguas en las aulas, que culminó en mayo de 2022 con un ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que daba a la Generalitat 15 días para aplicar el 25% de castellano en todo el sistema educativo.

La resolución aceleró las negociaciones entre los partidos para crear un nuevo cuerpo normativo que blindara las escuelas de esta sentencia: el mismo mes de mayo el Govern aprobaba el decreto ley 6/2022 que rechazaba el uso de porcentajes y apostaba en que cada centro eligiera el peso de las diferentes lenguas, de acuerdo a su realidad sociolingüística, pero asegurando que al final de la etapa obligatoria se cumpla “el objetivo del dominio oral y escrito del catalán y el castellano”. Y poco después, en junio, el Parlament aprobaba la ley 8/2022 sobre el uso de las lenguas oficiales en los colegios que mantenía al catalán como única lengua vehicular, pero otorgaba al castellano, por primera vez, el rango de lengua “curricular”.

El tribunal, admitiendo que con las nuevas normativas no podía aplicar la sentencia del 25%, decidió trasladar el caso al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre ellas, y no escondió sus críticas hacia el Govern y partidos, considerando que el único objetivo de ambas es “bloquear” la sentencia del 25%, “tergiversando” el fallo con el único fin de perpetrar un “fraude de ley”. De hecho, el limbo en que se sitúa la nueva normativa no ha supuesto un obstáculo para que el TSJC siga concediendo la medida de más horas de castellano a la familia que lo solicita.

El nivel de catalán del profesorado

Paralelamente, el Departamento de Educación trabajó en un nuevo decreto, el 91/2024 del régimen lingüístico en el sistema educativo, aprobado justo hace un año, con el Govern ya en funciones. El decreto también repetía los conceptos de las dos normativas anteriores, en cuanto a la defensa del modelo de inmersión, el no poner porcentajes al uso de las lenguas o cómo elaborar los proyectos lingüísticos.

Pero otro de los aspectos importantes que regulaba era el nivel de conocimiento de catalán del profesorado, ya que se consideraba que el catalán que se enseña en las escuelas no tiene la suficiente calidad, además de las incorrecciones que los maestros hacen en este idioma y que, consecuentemente, traspasan a sus alumnos. En este sentido, el Govern de ERC incluyó en el Decreto del régimen lingüístico en el sistema educativo un punto que obligaba a que todos los nuevos profesores que se incorporen a la bolsa de interinos o que sean contratados por las escuelas concertadas, así como aquellos que se presenten a oposiciones, acreditasen el nivel C2 de catalán, el más elevado.

Asimismo, establecía que “a partir del curso 2027-28, y si así lo determina el departamento”, los profesores en activo que quieran promocionar o cambiar de plaza deban también contar con el C2. En cambio, no concretaba qué pasa con el resto de plantilla que actualmente da clases, un desafío grande si se tienen en cuenta los casi 100.000 docentes (entre pública y concertada) y la falta de plazas para acreditar dicho nivel. Con todo, el plan ha quedado, de momento, en un cajón, ya que el TSJC lo suspendió cautelarmente el pasado verano, y todavía se espera la resolución definitiva del tribunal.