Cursos de catalán en comercios y justicia y una oficina de denuncias: estas son algunas de las 200 medidas del Pacto Nacional por la Lengua

Ha habido que esperar cuatro años para que el Pacto Nacional por la Lengua pueda empezar a andar. Ha sido un “anhelo largamente demandado y trabajado”, como ha admitido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto de firma del acuerdo, organizado con la pompa de las grandes ocasiones y una imponente sede barroca como la del Institut d’Estudis Catalans. El pacto, que busca impulsar de forma generalizada el uso del catalán y se propone ganar 550.000 hablantes para 2030, ha sido rubricado por el Govern, varios partidos políticos (PSC, Comuns y ERC) y entidades de diferentes sectores. Pero también han sido destacadas las ausencias: la CUP y, especialmente Junts, que se descuelga así por primera vez de un proyecto de calado sobre la lengua. Paradójicamente, quien sí ha asistido es el expresidente Jordi Pujol.

Finalmente, el Govern no ha esperado a contar con el apoyo de todos los partidos catalanistas, pero Illa se ha referido a los ausentes asegurando que mantiene “las puertas abiertas para todo el que se quiera sumar”. “El catalán es de todos y de todas. El catalán nos necesita a todos y a todas”, ha añadido el presidente. Y ha rematado: “Tenemos claro el diagnóstico, las medidas y el presupuesto. Ahora hay que llevar el pacto a la calle”.

El Pacto Nacional por la Lengua nació de un acuerdo parlamentario en septiembre de 2021, impulsado por el Ejecutivo de Pere Aragonès. Entonces, se inició un proceso participativo para recoger las propuestas ciudadanas, entidades y políticas para remontar el uso del catalán. Esta fase culminó un año después y logró 2.500 aportaciones. Según anunció el Govern de entonces (ERC), la idea era poder tener firmado el pacto a finales de 2022. Pero los intereses políticos, el calendario electoral, la falta de presupuestos y el cambio de Gobierno han ido poniendo piedras en el camino. Hasta este martes, que culmina el proceso, aunque cojo, ya que no cuenta con el apoyo unánime de todos los partidos defensores de la lengua (Junts y la CUP se han descolgado)

El pacto recoge unas 200 propuestas, que se organizan en 21 ámbitos de actuación, desde el ámbito educativo, el sanitario, el cultural, el tecnológico o el laboral, entre otros. Cuenta con un presupuesto de 255 millones de euros -aunque hay algunas medidas que no se han cuantificado-, que saldrán de fondos propios de la Generalitat, pero que algunos importantes dependen de los suplementos de crédito que se han aprobado o se están negociando.

El texto, de casi 120 páginas, arranca con una diagnosis sobre el estado de la lengua catalana, que se nutre básicamente de la gran Encuesta de Usos Lingüísticos, presentada en febrero, y que alertaba de una pérdida de peso del catalán: solo el 16% de población usa el catalán en grandes superficies comerciales y el 37%, en la Administración local. Y aunque en el seguimiento de los medios de comunicación prevalece el catalán, solo el 43% escucha música en catalán o el 26% ve películas en esta lengua. A esto se añade el bajo uso del catalán en la escuela, tanto fuera del aula como dentro: solo el 22% de alumnos de 4º de ESO usa el catalán a la hora de hacer trabajos con los compañeros.

Entrando en detalle de las medidas, en el ámbito público se propone que cada administración oferte “de forma gratuita y obligatoria” formación en lengua catalana para todo su personal, que en los procesos selectivos se acredite un nivel “adecuado” (no concreta cuál) de catalán por parte de los aspirantes o que los programas informáticos estén en esta lengua. Asimismo, se pone el foco en mejorar y fomentar el uso del catalán entre los cuerpos de seguridad como policías locales, Mossos y bomberos. A nivel local, también se apuesta por elaborar planes municipales de fomento del catalán, especialmente con cursos realizados en colaboración con el Consorcio de Normalización Lingüística.

El sector educativo -que acostumbra a recibir los golpes cuando se habla de la mala salud del catalán- se lleva gran parte del presupuesto previsto para el pacto -105 de los 256 millones- con medidas como el aumento de las aulas de acogida convencionales y aceleradas (84 millones), incrementar la formación de los profesores en cuanto a didáctica de lengua, generar más contenidos educativos en catalán o crear iniciativas en las escuelas de adultos y en las actividades extracurriculares. Asimismo, se pone el foco en aumentar el uso del catalán en las universidades, tanto a nivel de docencia como de investigación. Y se contempla un plan específico, que se dio a conocer en abril, de creación de un programa piloto de becas salario para estudiantes de Filología catalana -25 ayudas dotadas con 500 euros cada una- para atraer nuevos alumnos a esta carrera, en un momento de falta de profesores y especialistas en catalán.

Otro de los focos donde se concentran los esfuerzos es en relanzar y reforzar el Consorcio de Normalización Lingüística, para lo que se han reservado 47,5 millones de euros. Con ello se busca aumentar los cursos de catalán, especialmente los destinados a la población extranjera, pero también de los niveles superiores como el C2.

En el ámbito judicial las medidas son más relevantes y el Govern se compromete a pedir la modificación de la ley orgánica para exigir el catalán para los trabajadores de la Administración de justicia, traducir las sentencias, hacer cursos de catalán a los presos o a crear una oficina para recoger las denuncias por motivos lingüísticos o que la Generalitat ejercerá de acusación popular en los casos de discriminación lingüística.

También se recogen medidas en la misma línea en el ámbito sanitario, uno donde la presencia del catalán es más discreta y sobre el que más quejas hay. Así, se ofrecerán cursos de catalán básico para los médicos recién llegados y se pondrá en marcha un plan específico para fomentar el uso y el conocimiento de la lengua entre el personal sanitario.

Otras propuestas que destacan son el aumento de las ayudas a los medios de comunicación privados en catalán, fomentar el doblaje o la creación de contenido audiovisual, incluyendo videojuegos, trabajar por el reconocimiento del catalán en la UE, ofrecer formación de lengua catalana a los trabajadores de comercios y restauración, establecer el catalán como requisito en las licencias de taxi.

Los que se descuelgan

El Pacto está firmado por varios partidos políticos defensores de la lengua catalana (PSC, ERC y Comuns) y por entidades del ámbito lingüístico (Plataforma per la Llengua, Institut d’Estudis Catalans, Òmnium Cultural), educativo (Rosa Sensat, Colegio de licenciados en Filosofía y Letras), económico (UGT, CC OO, La Intersindical, USOC, el Consejo de Cámaras de Comercio, Pimec, Foment del Treball i Unió de Pagesos) y social (asociaciones de vecinos, Colegio de abogados, la Federación de Municipios y la Taula del Tercer Sector).

Pero hay ausencias destacadas, empezando por Junts y la CUP. Los de Puigdemont ya avisaron que se descolgaban del acuerdo hasta que el Govern no detallara qué haría ante una sentencia que impusiera el 25% de castellano en las aulas. “No seremos cómplices de un pacto firmado por un Govern que mira hacia otro lado cuando el Estado discrimina el catalán”, ha reiterado este martes Mònica Sales, portavoz del partido en el Parlament, informa Màrius Lamor. Desde la CUP también han justificado su ausencia por no querer participar en “escenificaciones” ni “lavados de cara del PSC”.

Por el contrario, Comuns y ERC han coincidido, en velada referencia a Junts, que el pacto “blinda” el modelo de inmersión lingüística en las aulas y es “la mejor respuesta” ante una posible sentencia adversa del Constitucional.