Comuns pide retirar el concierto a las escuelas “que difundan discursos de odio”

El caso del giro ideológico ultraconservador de escuelas como Mare de Déu del Carme, de Terrassa, vuelve esta semana al Parlament, pero en esta ocasión en forma de moción presentada por Comuns, en la que piden “la retirada inmediata del concierto a centros educativos que vulneren derechos fundamentales o difundan discursos de odio”, según consta en el texto registrado. La moción es posterior a la interpelación que Comuns hizo hace dos semanas. Entonces, la consejera de Educación, Esther Niubó, aseguró que inspección había abierto un expediente informativo y de mostrarse contundente ante casos que vulneren los derechos fundamentales. “El adoctrinamiento no tiene cabida en el ámbito educativo”, incidió.

Hace un par de meses, un grupo numeroso de familias -150 lo han puesto en manos de un abogado- denunciaba un viraje ultraconservador de la escuela, a raíz de un cambio de los responsables hace tres años, hacia lo que califican como “extremismo religioso” y una tendencia “evangelizadora”, en el sentido de que la religión ha pasado a ser el centro de todo, de los textos de lectura o las excursiones. Además de la inspección, la Síndica de Greuges también ha abierto una investigación.

Las familias están pendientes de reunirse con la titularidad de la escuela, los Padres Carmelitas, para intentar buscar una solución y rebajar la tensión. El último capítulo que ha crispado el ambiente es la decisión de algunos padres de no pagar las cuotas a la fundación, unos pagos que, según el Departamento de Educación, son voluntarios, ya que las concertadas solo pueden cobrar cuota por las actividades complementarias (la sexta hora). Esta protesta en forma de impago no ha sido bien recibida por el equipo directivo, que ya ha alertado que si no se abonan los alumnos no podrán participar en las actividades.

Auditoría pública

Precisamente, la moción de Comuns también incluye un apartado en que insta al Govern a “garantizar que los centros no cobren cuotas a las familias”. Asimismo, piden crear una auditoría “pública y periódica” sobre el funcionamiento de las escuelas concertadas, donde se controlen los balances, pero también que se “están cumpliendo los principios pedagógicos, constitucionales y educativos” que fija la ley.

Finalmente, el grupo solicita que se apruebe un protocolo específico que recoja sanciones en casos de “discursos de odio, adoctrinamiento ideológico o vulneración de derechos”, algo que actualmente no existe.