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Los movimientos ultraconservadores ponen un pie en las escuelas catalanas

Tendencias como el Camino Neocatecumenal o Comunión y Liberación se han instalado sibilinamente en la escuela El Karmel de Terrassa, pero anteriormente lo hicieron en Rubí, Sant Cugat o Santpedor

Escuela Mare de Déu del Carme de Terrassa
Ivanna Vallespín

Que las organizaciones ultrarreligiosas controlen colegios no es algo nuevo. Ya pasa con el Opus Dei o con Legionarios de Cristo, entre otros. Pero desde hace un tiempo otros movimientos les siguen los pasos y están poniendo un pie, aunque más sigilosamente, en las escuelas concertadas. Así como los dos grupos mencionados no esconden su afiliación en los colegios que controlan, estos nuevos movimientos como el Camino Neocatecumenal o Comunión y Liberación son más sibilinos. Pero las organizaciones religiosas no son las únicas a las que interesa hacerse un hueco en el mundo educativo; también nuevos partidos ultra como Aliança Catalana ven aquí un filón y ya se han hecho con el control de un centro en Osona.

El caso más sonoro de la expansión de movimientos ultrarreligiosos es el colegio Mare de Déu del Carme de Terrassa, que estas últimas semanas está siendo el protagonista de la polémica a raíz a la denuncia de un conjunto de familias de un viraje ideológico de la escuela. Los problemas, explica este grupo de padres, surge a raíz del cambio en el equipo gerente del centro, que se mantiene en manos de la orden de los Padres Carmelitas, pero se incorpora como Lluís Seguí como coordinador pedagógico y Nuno Pitta como representante de la titularidad, seguidores de dos movimientos católicos como Comunión y Liberación y el Camino Neocatecumenal, conocidos como Kikos.

La vinculación consta en algunas webs de estas organizaciones y “lo admitieron en la reunión de inicio de curso ante un centenar de personas”, explican las familias. A pesar de ello, la escuela lo niega y defiende que la línea ideológica no ha cambiado y “sigue siendo carmelitas”. Asimismo, el prior provincial de la orden, Javier Domingo Garmón, tiene la sede en la parroquia Santa Joaquima de Vedruna en Barcelona, donde también se halla presente el Camino.

Lo que despertó las alarmas entre las familias son el viraje hacia lo que califican como “extremismo religioso” y que la escuela haya pasado a ser “evangelizadora”, en el sentido de que la religión ha pasado a ser el centro de todo, de los textos de lectura o las excursiones. También denuncian, tal y como avanzó este diario, comentarios ultra de algunos profesores de carácter xenófobo —“Freddie Mercury cogió el SIDA porque se lo merecía por ser gay”— o defendiendo el fascismo —“Primo de Rivera era el cirujano de hierro que España tanto esperaba”—.

Los cambios también se han plasmado en el relevo de parte del profesorado y en el cese del mismo director, en el cargo desde hacía dos décadas, por la “detección de diversos incumplimientos graves y culpables de sus obligaciones laborales, que constituyen faltas muy graves”, según explica en su web la escuela, popularmente conocida como El Karmel. El director ha anunciado que denunciará a la escuela por “despido improcedente”. El centro también admite haber contratado ocho docentes nuevos en los que se ha buscado el “alineamiento con el proyecto educativo y los valores de la escuela” y que algunos de estos profesores imparten las clases en castellano. Asimismo, los responsables del centro han enviado una carta a las familias negando adoctrinamiento y cambios ideológicos, mientras que el prior provincial de los carmelitas, Javier Domingo Garmón, ha hecho lo propio, defendiendo al equipo actual y acusando a las familias de no querer reunirse.

Tanto la escuela como un grupo de 150 familias han puesto el asunto en manos de abogados y los padres han solicitado una reunión formal con el prior porque consideran que “no es consciente de en qué manos ha dejado la escuela”, explica Miquel Morales Sabalete, el abogado que los representa.

Paralelamente, las familias han recopilado y presentado toda una serie de evidencias ante el Departamento de Educación, que está investigando el caso desde hace un mes. Se limita a explicar que “continúa analizando las quejas recibidas”. Las familias esperan que Educación les aporte alguna solución, y rápida, aunque son conscientes que su caso es inédito y no encaja en los protocolos existentes, según admiten después de haberse reunido con los Servicios Territoriales.

Los precedentes

Pero el caso de Terrassa tiene sus precedentes. Según una investigación realizada por EL PAÍS y SER Catalunya, Lluís Seguí y el movimiento Comunión y Liberación ya se hizo con otros colegios. Seguí, a través de la Fundación Educat, adquirió el Liceu Politècnic de Rubí en 2012. Seis años después, cuando trasladó el área de educación secundaria (ESO) a Sant Cugat rompiendo la adscripción con la etapa de primaria, decidió adquirir el colegio Santa Isabel de esta ciudad, solo de primaria, que iba perdiendo alumnos y propiedad de unas monjas franciscanas de edad avanzada que buscaban dar continuidad al proyecto, explican antiguos miembros del centro.

“Los cambios se notaron rápido: cambió la empresa del comedor, extraescolares, la responsable de la pastoral, el cura… Y pusieron gente suya. También entraron muchos profesores nuevos”, recuerda una madre. Y sigue relatando los cambios: “Había muchos deberes, todo era memorización y quitaron los trabajos en grupo y todo lo que implicara ser crítico. La idea es que los niños no saben nada y son los profesores quienes dicen lo que hay que saber”. Asimismo, añade que se hacían comentarios clasistas y que la religión pasó a ser el centro de todo. “Cambiaron los libros de texto por material propio e introdujeron lecturas obligatorias con fuerte carga religiosa, como La petita venedora de llumins, en que una niña quiere morirse para llegar a Dios”.

Como el caso de Terrassa, los responsables del centro también admitieron oralmente la vinculación con los kikos o Comunión y Liberación, aunque en los documentos oficiales se definen como “escuela laica de inspiración cristiana”. “Nos dijeron que son laicos porque no pertenecen a ninguna congregación religiosa, pero otra cosa es lo que harían después”, apunta esta madre. Seguí no ha querido hacer declaraciones sobre este caso ni el de Terrassa.

Esta madre explica que los cambios generaron “mucho revuelo” entre las familias del Santa Isabel. “Un grupo de unas veinte familias se marcharon al curso siguiente, otras lo intentaron, pero no lograron plaza”. También se quejaron al Ayuntamiento de Sant Cugat, que no ha explicado las gestiones que hizo en el caso.

La nueva orientación causó también división en el claustro. “Encandilaban con un discurso intelectual que convenció a muchos, pero los que dudaban eran apartados, acosados y ridiculizados”, explica una exprofesora, quien también recuerda comentarios xenófobos hacia alumnos de origen inmigrante y la aparición de simbología españolista en las clases y entre los nuevos docentes. La situación se repitió también con el Liceu Politècnic de Rubí, para el que UGT pidió de forma infructuosa la apertura de un expediente a Educación. “Los profesores lo vivieron como una pesadilla, con muchas presiones. Además, la dirección tenía una forma muy sutil de enviar mensajes homófobos o que relativizan el franquismo, lo hacen de forma discreta, para no dejar rastro”, asegura un representante del sindicato.

Fuentes del sector de la concertada aseguran que estos movimientos ultrarreligiosos saben en qué centros poner el foco: “Se fijan en escuelas pequeñas, sin una congregación fuerte detrás, de manera que son más débiles y vulnerables ante los cantos de sirena de algunos movimientos”. Fuentes conocedoras del sector educativo añaden que las escuelas concertadas pueden elegir la tendencia ideológica que quieran, y les ampara la ley. “Otra cosa es que hagan enaltecimiento del franquismo, entonces sí que hay que investigarlo; si es cosa de un profesor, hay que poner remedio, pero si es cosa de todo el centro, entonces habría que revisar el concierto”, añaden estas fuentes. Y sobre las familias, aseguran que tienen derecho a cambiar de centro “y que la administración debe facilitar este cambio”.

Esto es precisamente lo que pasó en la escuela Llissach de Santpedor, que junto a La Gleva de Les Masies de Voltregà, suponen el precedente anterior de las escuelas vallesanas. Hace dos décadas estos dos centros los gestionaba Jordi Bosch, hermano de uno de los fundadores de Societat Civil Catalana e hijo de un conocido franquista y militantes de Fuerza Nueva, según abunda Xavier Rius, periodista y escritor especializado en la ultraderecha. Actualmente al frente de estos centros está Ferran Riera, miembro de Comunión y Liberación (igual que Bosch). Hace una década el centro también vivió un conflicto con varias familias que acabó con el traslado de 13 alumnos, a mitad del curso, a otro centro, en una operación que Educación autorizó “como medida extraordinaria”, según recogió el Regió 7.

Rius explica que a los dirigentes ultraconservadores les interesa controlar escuelas porque es una forma “de difundir su mensaje y seguir creando adeptos”. “Últimamente se ven jóvenes ultra y neonazis llevando una cruz, algo impensable hasta ahora porque eran movimientos no vinculados a la religión”.

Aliança se instala en Sant Julià

La extrema derecha catalana e independentista también ha movido ficha, en este caso, para controlar la escuela El Roser, en Sant Julià de Vilatorta. El centro anunció en 2022 que cerraba las puertas, pero fue rescatada por la Fundación Puig i Cunyer, controlada por Eduard Llaguno y Maiol Sanaüja, dos de los fundadores de Aliança Catalana, según avanzó Nació Digital. Fuentes conocedoras del caso explican que los dos jóvenes expresaron en su momento su interés por entrar en el mundo educativo, aunque recuerdan que la escuela también tiene un importante patrimonio en terrenos.

Sant Julià es un pueblo con casas unifamiliares que ejerce como un barrio rico de Vic, pero a diferencia de otros grandes municipios cercanos, tiene un índice muy bajo de inmigración (5%), frente al 30% de Vic o el 25% de Manlleu. Esto convierte la escuela en atractiva para las familias que buscan centros sin migrantes, en una zona donde tradicionalmente ha cuajado el ideario catalanista xenófobo (aquí nació Plataforma per Catalunya y Aliança fue la tercera fuerza más votada en Sant Julià en las últimas elecciones catalanas).

Con todo, las familias de la escuela apuntan que el “cambio ha sido positivo” y que no notan ningún viraje político. “Antes el Roser era una escuela cerrada, no se abrían las puertas; ahora organizamos actos conjuntos con otros colegios”, explica Judit Fontanet, presidenta del AFA.

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Sobre la firma

Ivanna Vallespín
Redactora focalizada en Educación desde 2012, con pinceladas también en Política, Derechos Sociales y ElPais.cat. Anteriormente, en medios locales escritos, radio y televisión.
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