Un centenar de manifestantes logran parar el desahucio de La Medusa, un piso okupado del Poble-Sec

Los vecinos del barrio barcelonés de Poble-Sec, en el distrito de Sants Montjuïc, ha logrado posponer el desahucio de La Medusa, un piso okupado por el Sindicat de Barri de Poble-Sec desde hace más de cinco años. La principal afectada es Júlia, una de las tantas vecinas del barrio que han utilizado la vivienda como piso de emergencia para familias sin alternativa habitacional. Finalmente, un centenar de vecinos y militantes del sindicato han frustrado la actuación de los Mossos d’Esquadra y de la comitiva judicial, que se han presentado minutos antes de las 11.00 horas. La policía catalana, al verse superada por la falta de efectivos, ha decidido aplazar el lanzamiento hasta el 22 de mayo a las 9.00 horas.

La Medusa representa, como otros tantos en la ciudad, un símbolo de la resistencia ciudadana ante la crisis de vivienda, que agudiza especialmente entre la población joven. Este piso ubicado en la primera planta del número 123 de la calle de Nou de la Rambla ha servido durante más de un lustro a jóvenes, migrantes sin papeles o madres solteras como vivienda de emergencia, y forma parte de la red de vivienda del Sindicat de Barri de Poble-Sec, que lo okupó como protesta ante la “mercantilización” del barrio.

Junto a Júlia viven otras tres personas. Una de ellas es Magda Dos Santos, quien también deberá abandonar la vivienda en caso de que finalmente se ejecute el desahucio la próxima semana. Como investigadora predoctoral, Dos Santos explica que sus ingresos no son suficientes para pagar un alquiler por su cuenta, pero sí asegura que tanto ella como sus compañeras arrastran años de negociaciones con la propiedad para lograr un alquiler. “Desde el sindicato defendemos la okupación de pisos de grandes tenedores porque no podemos ni queremos dejarnos más de la mitad del sueldo en un alquiler”, sostiene.

Dos Santos lamenta la falta de colaboración de la empresa propietaria, el conglomerado Rentdaen S.L, que dispone de más de 60 pisos en Barcelona, muchos de ellos vacíos según el sindicato. “La propiedad se ha negado a dialogar con nosotras desde un inicio porque insisten en que no negociarán con alguien que ha okupado el piso previamente”, subraya. Tanto Júlia como sus compañeras militantes han tratado de regularizar su situación mediante diferentes propuestas de alquiler, todas dentro de los márgenes fijados por la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, unas cifras que oscilan entre los 648 y los 833 euros de alquiler.

Júlia ha intentado en diferentes ocasiones negociar un alquiler social, pero explica que la propiedad siempre le ha cerrado la puerta. En 2021 ganó el juicio penal relacionado con el caso, hecho que condujo a una posible regularización de la situación. Dos años más tarde presentó una propuesta de alquiler social por un importe de 725 euros, y en noviembre de 2024 la empresa propietaria le ofreció pagarle 400 euros mensuales durante un año a cambio de que se fuera al terminar el ejercicio. Al rechazar la oferta, Júlia volvió a sugerir una cantidad superior para quedarse en La Medusa, pero no obtuvo respuesta.

Marta Pérez, miembro del sindicato, defiende la okupación de estos bloques como herramienta de presión y de denuncia. “La okupación de pisos de grandes tenedores sirve como medida de fuerza para denunciar un sistema que es del todo injusto. No puede ser que la mayoría de estos pisos vacíos se dediquen al alquiler turístico o de temporada”, lamenta.