Cataluña tendrá un cuerpo de funcionarios especial para su acción exterior

Cataluña contará con un cuerpo de funcionarios específico para su acción exterior. Esa nueva figura, que por ejemplo ya tiene el Gobierno riojano y promovió en su día Esquerra, verá la luz en el próximo pleno del Parlament. La tramitación por lectura única salió adelante, el pasado miércoles, gracias al voto de los socialistas, republicanos, los Comunes, la CUP y la abstención de Junts per Catalunya. PP, VOX y Aliança Catalana se oponen radicalmente al texto.

Las bancadas tenían hasta ayer para presentar sus enmiendas y la mayoría de izquierdas (PSC, ERC y Comunes) han pactado finalmente un texto que define el cuerpo como de “acción exterior y de relaciones con la Unión Europea”, en un gesto que busca la consonancia con el nuevo enfoque que el Govern quiere dar al Departamento que preside Jaume Duch. Entre sus funciones, el texto acordado pone como principal función el “asesoramiento técnico” en el establecimiento y mantenimiento de las relaciones con los gobiernos y sus representantes en el exterior, instituciones de la UE, organismos internacionales y redes de cooperación.

Al igual que sucede en La Rioja (donde esa figura se creó entre 2003 y 2007 y cuenta ahora con ocho funcionarios), el texto que se votará fija que estos nuevos funcionarios tengan la categoría A, subgrupo A1. Su sueldo, según la escala de las retribuciones de la Generalitat, sería como mínimo de unos 40.000 euros al año. Los tres grupos de la izquierda también han acordado elevar el requisito de conocimiento de inglés desde el nivel B2 que recogía el texto inicial al C1. Esa fue una de las peticiones que lanzó el pasado miércoles el diputado de Junts Francesc de Dalmases, que entre otras enmiendas también apuntó a privilegiar que titulaciones como Economía o Historia a la hora de evaluar a los participantes.

La legislatura pasada, el Departamento de Acción Exterior que pilotaban la consejera Meritxell Serret (ERC) y el secretario general Bernat Costas alumbró el proyecto de ley para crear esa categoría especial, pero quedó en la cuneta por el adelanto electoral del año pasado. Cuando esa consejería fue creada, en 2016, se nutrió principalmente de funcionarios de la administración general de la Generalitat. De cara a poder un perfil más específico, por ejemplo en lo que respecta al conocimiento de idiomas o de titulaciones del ámbito de las relaciones internacionales, era necesario crear un cuerpo propio.

Esa asignatura pendiente se vio entorpecida por varios escollos. Los límites y la orientación de la acción exterior de la Generalitat estuvo en el ojo del huracán en el momento álgido del procés. Pese a que el Estatut delinea claramente esas atribuciones de impulso, durante ese momento se puso la lupa sobre la red de delegaciones del Govern en el extranjero -ahora son una veintena- e incluso se llegaron a cerrar bajo la intervención del autogobierno en 2017. De ahí que desde que ERC llegó al Palau esa carpeta se priorizó, acelerando la negociación con la Mesa de la Función Pública.

Los republicanos lograron incluir la reactivación de la tramitación en el pacto de investidura con Illa. La votación del miércoles pasado solapó con el debate respecto a cómo la Generalitat paleará los efectos de la guerra arancelaria lanzada por el presidente de EE UU, Donald Trump. El portavoz adjunto de ERC en la Cámara, Jordi Albert recordó precisamente esa coyuntura para añadirle valor a la profesionalización de unos puestos de trabajo que, explicó durante el debate, también era una reivindicación de los Colegios Profesionales de Ciencias Políticas y Sociales.

De momento, ni la Generalitat ni la oposición dejan entrever cuántas plazas podrían crearse y ni de cuántas personas que actualmente trabajan en Acción Exterior y Unión Europea intentarán hacer el cambio. Entre otras cosas, porque su puesta en marcha está supeditada a un nuevo Presupuesto del Govern.

La voluntad del cuerpo diseñado por el equipo de Serret es que la presencia de esa figura no se limite a esa consejería, sino que se normalice su presencia en otros departamentos para lidiar con elementos tan importantes como, por ejemplo, trasponer normativas europeas. En La Rioja, gobernada por el PP, el año pasado se aprobó extinguir la existencia de ese cuerpo. De los ocho funcionarios existentes, dos están en la oficina de Bruselas de la CC AA.