La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos

La acusación popular en el caso Begoña Gómez, que lidera la asociación ultracatólica Hazte Oír, ha presentado este lunes el escrito con la petición de penas para un hipotético juicio con jurado contra la esposa del presidente del Gobierno. Las acusaciones piden 24 años de prisión para la mujer de Pedro Sánchez a la que atribuyen los mismos cuatro delitos que el juez instructor Juan Carlos Peinado: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Además, reclaman 22 años de cárcel para la asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, y seis para el tercer acusado, el empresario Juan Carlos Barrabés.

La representación de Hazte Oír aúna un mosaico de acusaciones variopintas que van desde partidos políticos (Vox e Iustitia Europa) hasta el pseudosindicato Manos Limpias, Movimiento de Regeneración Política de España y un exalcalde del PP a título particular. A pesar de que entre ellas no están de acuerdo en los delitos y las personas que deben sentarse en el banquillo (por ejemplo Manos Limpias pide diez años para Begoña Gómez y no cree que la asesora deba estar imputada), todas tienen que ir bajo la batuta de Hazte Oír porque así lo ha decidido el magistrado. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, solicitan como medidas cautelares, además, la imposición de una fianza que no cuantifican, la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización judicial, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.

La acusación abraza el relato del juez Peinado y considera que Begoña Gómez se aprovechó de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia para desplegar su carrera profesional con la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. “Todo ello se produjo pese a no ser licenciada universitaria y sin que aparezca en autos un proceso abierto y competitivo de selección académica”, refleja el letrado.

Cabe recordar que la defensa de Begoña Gómez y los trabajadores de la universidad que han pasado por el juzgado han explicado que no existió irregularidad en el proceso de creación de la cátedra y esgrimen que la esposa del presidente del Gobierno no se lucró porque la cátedra era gratuita. La acusación apunta como indicio la existencia de una reunión unos meses antes de la creación de dicha cátedra, en julio de 2020, en La Moncloa con el rector, Joaquín Goyache, a quien pide citar como testigo en el juicio.

Añaden el delito de malversación por la utilización de la asistente de Gómez para esta actividad universitaria. Apuntan que la esposa del presidente del Gobierno fue la responsable de dicha desviación de dinero público porque ella fue quien decidió su contratación, ya que eran amigas previamente. “Fundándose en tal amistad, Begoña Gómez de manera voluntaria, libre y consciente influyó en los funcionarios y autoridades que debían resolver sobre la contratación”, reza el escrito sin aclarar en qué funcionarios concretamente. Este puesto de asistente era un puesto de confianza y, por tanto, de libre designación.

Para Hazte Oír la actuación activa de Cristina Álvarez en actividades relacionadas con la cátedra y el máster de Gómez en la Complutense es clave. “Aprovechando su relación con el presidente del Gobierno y la apariencia institucional de la labor de Cristina Álvarez, ofreció (directa o indirectamente) a diversos directivos y administradores de grandes y medianas empresas su interlocución con el presidente del Gobierno”, añaden.

En esta línea, hablan de la creación del software que distintas empresas como Google, Telefónica e Indra ayudaron a desarrollar para que fuera utilizado en el máster de Gómez. “Un proyecto único y puntero (y por tanto con alto impacto social) para obtener, a cambio, contraprestaciones tanto económicas como de aportación de servicios y trabajos para el favorecimiento personal suyo”, señalan. No consta en el sumario que la esposa del presidente ganara dinero con la creación de esta plataforma, pero tanto la acusación como el juez se apoyan en la hipótesis del lucro futuro que hubiera conseguido si se hubiera puesto en marcha. “Con un coste cero para ella, consiguiendo así servicios y relaciones comerciales que de otro modo le hubiera sido imposible o muy costoso obtener”.

Hazte Oír apunta a que la actuación de la asistente de La Moncloa fue “constante por medio de correos electrónicos, seguimiento de convenios, adendas, pagos, aspectos del software y comunicación directa con los responsables empresariales”. En los 121 correos aportados en la causa, Álvarez aparece en 21 y su defensa apunta que se trató de una “labor puntual” y que, en ningún caso, eso supuso una dejación de sus funciones institucionales. Pero la acusación cuantifica el perjuicio para el erario público en el total del sueldo de Álvarez desde 2018 hasta 2025 “al menos, 401.542 euros”. “Ha estado percibiendo y apropiándose de un sueldo establecido en razón de sus funciones públicas dedicando su tiempo de trabajo a la actividad laboral de Begoña Gómez”, subrayan.

Y apoyan la tesis del juez Peinado también en lo relacionado con el empresario Barrabés, que está siendo investigado igualmente en la Fiscalía Europea por estos mismos hechos. “Fue Begoña Gómez quien invitó a Barrabés a La Moncloa, siendo consciente del entorno en el que citaba al empresario, con el fin de crear un halo de institucionalidad y poder”. Según las acusaciones, lo utilizó “como asesor” para desarrollar el máster. Algo que, por cierto, él niega y apunta que solo dio dos clases por curso por las que cobró 150 euros y nunca puso dinero para la creación de la cátedra como sí hicieron otras empresas que no están investigadas como Reale Seguros o Fundación La Caixa.

Hazte Oír apunta al delito de corrupción en los negocios porque Gómez firmó dos cartas de recomendación como responsable de la cátedra para que una de las empresas de Barrabés se hiciera con dos concursos públicos de una entidad que dependía del Ministerio de Transformación Digital. Hubo otra treintena de cartas, si bien Hazte Oír resalta que Gómez “de manera voluntaria, libre y consciente” influyó “en los funcionarios y autoridades que debían resolver sobre las adjudicaciones” sin detallar en quiénes. Lo cierto es que durante el procedimiento no se ha llamado a declarar a quienes resolvieron estos contratos en la mesa de contratación. La asociación ultra habla de “presión moral suficiente”.

Sánchez y Bolaños, testigos

Con estos mimbres, el letrado pide para Gómez seis años de prisión por el delito de tráfico de influencias, cuatro por el de corrupción en los negocios, seis por el de apropiación indebida y otros cuatro por la malversación. Los mismos delitos reclama a Cristina Álvarez, si bien para Barrabés solo considera el de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El escrito solicita las testificales en un hipotético juicio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por “la utilización de La Moncloa como ámbito relacional del proyecto” y del ministro de Presidencia, Justicia y Relación Con las Cortes, Félix Bolaños; así como del que fuera consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, para que aclare la relación entre Gómez y Barrabés, lo mismo que piden que haga Víctor de Aldama. Igualmente, y entre otros testigos, la acusación propone citar al expresidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete, al directivo de Google Miguel Escassi y al expresidente de Indra (y actual presidente de Telefónica) Marc Murtra.