Génova choca con Vox por la interpretación del acuerdo de Extremadura y afirma que Cáritas sí recibirá ayudas

Apenas cuatro días después de la firma del acuerdo PP-Vox para el Gobierno de Extremadura los socios ya chocan sobre cómo aplicarlo. La primera discrepancia ha surgido sobre Cáritas, la organización de la Iglesia que acoge a inmigrantes irregulares y que recibe subvenciones públicas en Extremadura. El pacto del PP y Vox para investir a María Guardiola establece que la Junta extremeña “suprimirá todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”, lo que para los negociadores de Vox, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, deja claro que Cáritas quedará excluida de ayudas públicas para su trabajo con inmigrantes, como aseguraron en una entrevista en EL PAÍS. En cambio, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este lunes que Cáritas mantendrá sus convenios con el Gobierno de Guardiola. “Organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar, pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo, porque no les va a afectar”, ha remarcado Tellado en rueda de prensa en Génova.

“Supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”, incide el acuerdo del PP y Vox en Extremadura, que subraya que “la Junta de Extremadura no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”. Los negociadores de Vox defienden que eso implica suprimir la subvención que percibe Cáritas, que acoge a inmigrantes irregulares en esa comunidad autónoma. “Ha dicho usted ‘acoge’, no diga ‘acogerá”, remarcó el dirigente de Vox Carlos Hernández Quero en la entrevista en EL PAÍS. “Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva”, argumentó el negociador de Vox.

Sin embargo, el secretario general del PP, que también fue uno de los negociadores del acuerdo, sostiene que Cáritas mantendrá sus subvenciones públicas. “El texto habla de eliminar ayudas a ONG que promuevan la inmigración ilegal”, ha defendido hoy Tellado, esto es, “un delito”, ha precisado. “El texto del acuerdo se refiere a ONG que colaboren con la inmigración ilegal. Eso es colaborar con mafias que trafiquen con personas. Tiene que acreditarse con sentencia”, ha incidido el secretario general del PP, aunque en el texto del acuerdo no se especifica que tenga que estar acreditado con una sentencia.

Tellado ha precisado también que una medida similar se pactó también con Vox en 2023 en Aragón y Baleares “y en ninguno de estos casos se ha dejado de colaborar con esas organizaciones”.

El número dos de Feijóo ha rebajado, además, otro punto central del acuerdo, el de la llamada “prioridad nacional” de los españoles sobre los extranjeros en el acceso a todo tipo de ayudas públicas y viviendas y que Vox extiende también a la sanidad. “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, recoge el texto del acuerdo.

“No hay ningún extranjero que sea discriminado. En esos términos hay que entenderlo”, ha defendido hoy Tellado. El secretario general del PP afirma que la llamada prioridad nacional “no es un criterio eliminatorio, es una cuestión más a la hora de conceder ayudas” y que “es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real, tenga peso” para acceder a servicios públicos. En cambio, Vox sostiene que ese precepto implica “que los servicios de la Administración extremeña se presten con carácter principal a los nacionales, desde luego a los que residan legalmente”. “La prioridad nacional no quedará en papel mojado. En el propio acuerdo se dibuja la ruta de los requisitos, los criterios de baremación y la meta final, con la reforma de la ley de Extranjería”, precisaron los negociadores de Abascal a EL PAÍS.