“No se seguirá subvencionando a las ONG que acogen a inmigrantes irregulares, tampoco a las de la Iglesia”

Viernes por la tarde. Han pasado solo 24 horas desde que PP y Vox anunciaran su pacto para hacer presidenta de Extremadura a la popular María Guardiola. José María Figaredo (Gijón, 37 años) y Carlos H. Quero (Madrid, 35 años), dos miembros del equipo negociador de Santiago Abascal, reciben en la sede de Vox a EL PAÍS para desgranar un acuerdo que supone su regreso a un gobierno de coalición con el PP tras la ruptura de julio de 2024 y marca el camino para los que se negocian en Aragón, Castilla y León y, tal vez mañana en Andalucía y el conjunto de España. Eso sí, advierten en esta entrevista a dos voces, el pacto extremeño es el suelo y no el techo de las exigencias de Vox.

Pegunta. Hace casi cuatro meses que votaron los extremeños y parece que la montaña ha parido un ratón.

Carlos H. Quero. Yo no lo juzgaría por lo que ha tardado, sino por lo conseguido. En materia de vivienda, propone una construcción más rápida, la simplificación administrativa y urbanística. Hay avales para la entrada y un pago diferido de los impuestos para que los jóvenes puedan comprarse una casa. Deducciones fiscales, con reducción de los tipos para las rentas más bajas que harán que [Extremadura] va a ser el lugar de España donde menos impuestos paguen. Hay gratuidad de la educación de 0 a 3 años, una inversión de 500 millones más al año en sanidad, la prohibición de los parques fotovoltaicos y eólicos en suelo productivo. Frente a la inmigración masiva, se salvaguarda la prioridad nacional. Se responde a las principales preocupaciones de los extremeños y los españoles. Creemos que ha merecido la pena este tiempo para llegar a donde hemos llegado.

P. ¿Este mismo acuerdo lo vamos a ver en Aragón y otras comunidades donde el PP depende de Vox?

J. M. Figaredo. Los acuerdos no serán idénticos, pues la representación de cada uno de los partidos no es la misma, pero la línea es la que es, que no es más que la línea de Vox. Tenemos un porcentaje de voto y conforme al mismo queremos que las propuestas de Vox se vean reflejadas. Este pacto representa a un Vox con un 17% y a un PP con más del 40%.

C. H. Q. Por tanto, podemos entender que es el suelo de futuros programas.

P. ¿Exigen más en Aragón?

C. H. Q. Así lo decidieron los aragoneses cuando fueron a votar.

P. Este pacto ¿es lo que quiere Vox para el conjunto de España?

C. H. Q. Nos gustaría tener más de un 50% para que se pudieran aplicar muchas más cosas. Pero cuando dos partidos no han obtenido la fuerza que desearían, deben calibrar qué es más importante, en qué están más cómodos. Y ha salido un acuerdo del que estamos razonablemente satisfechos.

P. En el pacto se comprometen cuatro presupuestos. ¿Vox no abandonará el Gobierno como hizo en el pasado?

J. M. F.. El matrimonio es de por vida y si tu marido sistemáticamente te pone los cuernos, pues llega un punto en el que tienes que abandonarlo. Vox no lo desea. Tenemos la convicción y esperanza de que este acuerdo va a llegar a buenos términos. Hay una buena sintonía.

P. Al principio, no la hubo con Guardiola, a la que Abascal llamó “la nueva Irene Montero”.

J. M. F. Más importante que cómo empieza es a dónde vas.

C. H. Q. Si uno coge el acuerdo hay pocas cosas que suscriba Irene Montero.

J. M. F. De hecho, lo ha criticado explícitamente.

P. Abascal ha dicho que el acuerdo garantiza la prioridad nacional, pero la Ley de Extranjería prohíbe que un extranjero pueda ser discriminado respecto a un español en el acceso a ayudas públicas. ¿Tienen el compromiso del que el PP va a promover la reforma de la ley?

J. M. F. Tenemos el compromiso del PP de Extremadura de que va a instar al Gobierno de España para que lleve a cabo una modificación de la ley de extranjería. Ese es el compromiso.

P. ¿Y el PP nacional? Porque Génova ha supervisado el pacto.

J. M. F. Cuando firmemos un acuerdo con el PP nacional, habrá que ver qué cláusulas se incluyen y se firman. En este momento es un acuerdo entre el PP de Extremadura y Vox.

P. ¿Y mientras se cambia la ley?

C. H. Q. Son dos caminos diferentes Hay una parte que ya tiene aplicación práctica desde que haya un desarrollo normativo de la adjudicación de viviendas protegidas. Se pone como requisito un mínimo de diez años de empadronamiento histórico porque Extremadura es una región que ha estado expulsando gente por la falta de oportunidades y esto también es un plan de retorno. Un extremeño que ha estudiado en Madrid vuelve y no le cuentan sus últimos años en Madrid, sino el histórico en Extremadura. Y luego hay unos criterios de ponderación. Los habituales son edad, tipo de familia, vulnerabilidad, renta. Ahora se puntuará si has estado escolarizado en la región, si tu familia vive en ella. La base de la política de vivienda es arraigar a la gente y la vinculación efectiva y afectiva es fundamental. Entendemos que el español sin casa, que paga sus impuestos, debe ser beneficiario de ayudas sociales.

P. El pacto dice que se excluirá a los inmigrantes irregulares de los servicios sociales estructurales, salvo caso de urgencia vital. ¿Qué significa?

C. H. Q. Hay servicios sociales que son periódicos, estructurales, que llevan años de atención y otros que son inmediatos. Me ha caído una viga en la cabeza, me estoy muriendo… es una urgencia vital. Aquí nadie es un desalmado y hay cuestiones que tienen que ser atendidas porque son coyunturales, puntuales. La atención básica, la estructural, la que es de años, no puede ser así, porque si no se potencia el efecto llamada.

P. ¿De qué prestaciones se les excluirá?

J. M. F. Eso tendrá su desarrollo. Pero esto es una declaración no solo de intenciones, sino programática, que implica que todo aquello que dentro de los servicios sociales se considera prestación continuada, periódica, estructural, que es visitas mes a mes a un especialista, todas esas cuestiones…

P. Se les deja sin atención sanitaria.

C. H. Q. La atención sanitaria, para un irregular, insisto atención sanitaria puntual…¿te ha atropellado un camión? pues evidentemente vas a tener atención. Eso viene tal cual escrito en el acuerdo.

P. Para quitar la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares tienes que cambiar la Ley General de Sanidad.

J. M. F. Eso está por ver.

P. Sin cambiar la ley no se la puedes quitar.

J. M. F. No, no se puede quitar, No es cuestión de quitarla o no. Es cuestión de que puedes tener unos servicios que apliquen la ley al mínimo o al máximo. En este caso, nosotros vamos a velar y el objetivo es enviar un mensaje y que los servicios de la Administración extremeña se presten con carácter principal a los nacionales, desde luego a los que residan legalmente. A los que residen ilegalmente lo que se va a llevar a cabo es un estímulo y una promoción para la remigración y la repatriación. Nosotros no estamos hablando de la sanidad y no hablamos ni solo de la sanidad ni queda excluida. Todo aquello que se pueda hacer se hará. El irregular va a tener más estímulos para irse que para quedarse.

P. De nuevo hay cambiar una ley estatal.

J. M. F.. Nos han dicho: esto no se puede hacer porque es ilegal. Nosotros no vamos a hacer nada ilegal, todo va a ser legal y una vez que estemos dentro de la Administración elaboraremos todos los informes jurídicos y lo haremos todo con total escrúpulo a la legalidad, pero siempre tendente a esa dirección. No se va a estimular [que se quede un inmigrante] con ayudas públicas.

C. H. Q. El ingreso mínimo vital, los complementos autonómicos...

P. La Ley General de Sanidad consagra la atención sanitaria universal.

J. M. F. La ley nacional escribe y luego quien tiene que ejecutar e interpretar esa ley son las regiones La universalidad todavía no se ha aplicado, no se sabe cómo se va a aplicar, no se ha garantizado la dotación económica necesaria y adscrita a este precepto. Cuando todo esto llegue, lo iremos interpretando y lo haremos en la dirección en la que dice el acuerdo.

P. El acuerdo dice que no se admitirá a un solo menor extranjero no acompañado. La ley obliga a aceptarlos en caso de emergencia migratoria.

J. M. F. La inmensa mayoría de las regiones están al 120% de su capacidad de acogida. Como Extremadura. Ni uno más. Y cuando venga el Gobierno y diga: “Te vamos a enviar 20”, responderemos: “No hay plazas”. Acogiéndonos estrictamente a la ley.

P. ¿Quién asumirá la responsabilidad de rechazar un reparto legalmente obligado? ¿El vicepresidente de Vox?

C. H. Q. El Gobierno extremeño. Este es un gobierno de dos socios y los dos hemos puesto la firma.

P. Ni un solo euro para las ONG que acogen a inmigrantes, dice el acuerdo. ¿Eso afecta también a las de la Iglesia Católica?

J. M. F. A todas las que colaboren [con la inmigración ilegal].

C. H. Q. Sin importar cuál es su confesión. El objetivo no es a quien recen, sino el efecto que están causando a la sociedad extremeña.

J. M. F. A las de la Iglesia o a las del Partido Socialista.

P. La Junta de Extremadura tiene convenios con Cáritas Diocesana. ¿Se van a romper?

C. H. Q. Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva.

P. ¿Esto lo ha aceptado el PP?

C. H. Q. Nosotros no hemos amordazado a nadie. El pacto lo han hecho dos fuerzas políticas sentadas, hablando mucho tiempo, intercambiando papeles. Ayer [por el jueves] vi una sonrisa de la señora Guardiola. Esto es un pacto de los dos partidos.

P Abascal dijo que la actitud de la Iglesias sobre la inmigración se explica porque algunos obispos hacen negocio con ella.

J. M. F. Es un análisis interesantísimo, pero que excede el pacto en Extremadura, que es claro: ninguna ONG que fomente la inmigración ilegal estará subvencionada.

P. Cáritas acoge a inmigrantes irregulares y refugiados y recibe subvención pública.

C. H. Q. Ha dicho usted “acoge”, no diga “acogerá”.

P. El acuerdo prevé crear una unidad para perseguir el fraude en el empadronamiento y el cobro de prestaciones, ¿cuál será su papel?

C. H. Q. El fraude en el empadronamiento es la vía de entrada a la obtención de ayudas sociales. Se trata de impedir que puedan solicitarlas quienes estén en situación de irregularidad y empadronamiento fraudulento.

P. Piden la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, que regula el empadronamiento, y esa unidad plantea dudas respecto a la Ley de Protección de Datos Personales, que limita el uso de los datos del padrón.

J. M. F. Son cosas simultáneas y diferentes. Nuestro objetivo al final es que se endurezca la ley con un régimen más estricto para el empadronamiento. Antes, hay una labor que se puede llevar a cabo: para estar empadronado en un municipio tienes que residir allí. Nadie ha dicho que vayan a transferirse datos. Esa unidad de inspección va a cooperar con municipios que no tienen recursos administrativos para ese examen. EL PAÍS ha fantaseado con que es una unidad parapolicial.

P. El pacto dice que se ocupará de “identificar y desmantelar mafias de la inmigración”. Esa es tarea de la policía.

C. H. Q. Porque sabemos que detrás de que haya 50 tipos empadronados en un piso hay una mafia, No lo hacen motu propro.

P. Vox va a dirigir la consejería de Desregulación. ¿Es la motosierra [de Milei]?

J. M. F. Por supuesto.

P. ¿Qué hará exactamente?

J. M. F. Tenemos detectadas una serie de normas. Creemos que se puede agilizar la economía extremeña con cambios regulatorios sencillos. Hablamos de silencio administrativo, declaración responsable, ventanilla única. Una serie de medidas de simplificación burocrática que permiten agilizar la Administración y que se instalen nuevas industrias.

P. Vox planteó un recorte del gasto político que pasaba por reducir el número de diputados autonómicos. ¿Por qué ha renunciado?

C. H. Q. No ha renunciado. Es que la fuerza que tiene Vox es un 17%.

P. Tampoco está en el pacto la derogación de la Ley LGTBI extremeña ni la del registro de médicos objetores al aborto, ¿ya no son importantes?

J. M. F. Si los españoles quieren un 100% de Vox que nos den el 100% del voto. Mientras, no podremos aplicar todo nuestro programa.

P. La ministra Sira Rego ha dicho que este acuerdo será papel mojado y que la Junta no puede aplicar la prioridad nacional.

C. H. Q. Entiendo que, desde la izquierda alternativa, cuando se está gobernando y no se consigue nada, se aspire a que a otros socios minoritarios de gobiernos les pase lo mismo. Cuando uno negocia bien, y en el acuerdo se ven las costuras de los detalles, está garantizado que todo lo importante va a llevarse a la práctica. La prioridad nacional no quedará en papel mojado. En el propio acuerdo se dibuja la ruta de los requisitos, los criterios de baremación y la meta final, con la reforma de la ley de Extranjería. De lo muy concreto hasta lo general. Si otros no han tenido la capacidad de apretar a su socio, entiendo su frustración, pero no se van a mirar en un espejo con nosotros.