La discriminación de los inmigrantes en el acceso a ayudas en Extremadura choca con el documento marco del PP

La nueva generación de acuerdos en la derecha se ha inaugurado en Extremadura con un pacto en el que el PP elige gestionar el poder a cambio de entregar el marco ideológico a Vox. El partido de Santiago Abascal ha ganado en influencia y ha impuesto al PP un acuerdo muy diferente al último que ambos partidos consensuaron en 2023 para la anterior investidura de María Guardiola. En el de hace tres años, la inmigración, por ejemplo, era inexistente; ahora es la columna vertebral del acuerdo. La extrema derecha ha arrastrado al PP a aceptar en el nuevo pacto la “prioridad nacional” de los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas y prestaciones sociales, así como a la vivienda pública, lo que choca con el documento marco que Génova elaboró para las negociaciones. Aquel texto ordenó a “no aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición”.

La novedad más importante que introduce el acuerdo extremeño del PP y Vox, que no aparecía en ninguno de los pactos anteriores de la derecha, es la llamada “prioridad nacional”. Los de Abascal hacen onmipresente en el texto del nuevo pacto este principio, cuya filosofía es que los españoles tengan preferencia sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas públicas, al margen de cuál sea su estado de necesidad o su situación familiar.

“El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional”, proclama el acuerdo de PP y Vox para gobernar Extremadura, cuyo fin es, dice, “la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. La filosofía es, por tanto, como dice textualmente, dar prioridad a los españoles por delante de los inmigrantes para el acceso al estado del bienestar.

El criterio que se utiliza para aterrizar la discriminación de los inmigrantes con respecto a los españoles es el “arraigo”, que se valora sobre un tiempo mínimo de empadronamiento (en el caso del acceso a la vivienda pública este se prolonga hasta diez años, un plazo muy dilatado que muchos inmigrantes no podrán cumplir ahora son tres años continuos o diez discontinuos), pero no solo, sino también sobre “la trayectoria de cotización y contribución al sistema”, es decir, tener trabajo y cotizar. Eso, en el caso de los inmigrantes con todos los papeles en regla, porque el pacto decreta la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”. Los irregulares quedan fuera de todas las ayudas, algo que en el caso de la renta mínima de inserción extremeña ya les ocurría.

El aterrizaje de la polémica “prioridad nacional” se hace en el acuerdo con dos cautelas. La primera, que el sistema será “adecuado a la legalidad vigente”, matiza el texto. Aunque con el compromiso de instar a la reforma de la Ley de Extranjería, que impide precisamente discriminar a los inmigrantes, y que si PP y Vox llegan a La Moncloa sí podrían modificar.

La otra cautela es articular el sistema de “prioridad nacional” en los términos de arraigo, empadronamiento prolongado, cotización y contribución previa al sistema. Así, se trata de, al menos en apariencia, no discriminar explícitamente por nacionalidad (porque la ley en estos momentos lo prohíbe), sino por la vinculación efectiva en el territorio. Pero en realidad la diferencia entre “criterio de arraigo” y “discriminación por origen” dependerá de la aplicación práctica de estas medidas.

El pacto extremeño choca por tanto con la filosofía del documento marco de Génova para las negociaciones, que define “no aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de origen”. Como mínimo, si no lo vulnera frontalmente, sí lo estira al máximo hasta prácticamente desnaturalizarlo en este punto. Sin embargo, el PP sostiene que apenas hay cambios porque en la práctica los irregulares ya no cobran ayudas y que los términos “soberanía nacional” aparecen como título de apartados que luego realmente no lo recogen explícitamente al desarrollar las medidas en cuestión. Entonces, ¿para qué incorporar en un texto algo que ya estaba tal cual en el ordenamiento?. Han incluido esos puntos porque Vox se empeñó en mantener su semántica y cedieron.

Legalidad vigente

Génova también definió como límite para los acuerdos el respeto a “la legalidad vigente”. “Como es obvio, fuera de la legalidad vigente, base de una convivencia sana y segura, no puede materializarse ninguna propuesta”, decía el documento. El pacto extremeño incluye así muchas referencias a la ley, pero en el rechazo a aceptar la acogida de menores migrantes también choca con las directrices de la ejecutiva popular.

“No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)”, dice el pacto extremeño que decreta que la Junta “se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. Sin embargo, las comunidades no pueden negar la tutela de menores extranjeros una vez el Estado los pone a disposición del sistema de protección. El rechazo “en ningún caso” a los mecanismos de reparto choca con la Ley de Extranjería. Un elemento que se agrava porque la consejería de Asuntos Sociales recaerá en manos de Vox, por tanto será Óscar Fernández Calle quien acuda a las conferencias sectoriales donde se decide ese reparto y tenga la voz cantante.

El documento marco de Génova incluye también el acatamiento del reparto competencial actualmente existente en España. Pero la “repatriación de menores” que contempla el acuerdo extremeño choca con esta disposición, porque las comunidades autónomas no tienen competencias en relaciones internacionales ni en repatriaciones. El PP rebaja el alcance de este apartado precisamente por la falta de competencias y se refieren más bien a la posibilidad de informar a la Delegación de Gobierno para que ponga en marcha los retornos de los menores. Está por ver si, en el caso de llegar a La Moncloa y con la potestad para impulsarlos, lo harían realmente. Aunque los retornos de menores es algo que Génova avala de plano, pues ya lo incluyeron en su plan de inmigración aprobado en otoño pasado.