La letra pequeña del acuerdo del PP y Vox en Extremadura

El acuerdo alcanzado por el PP y Vox para el gobierno de Extremadura incluye algunos planes que son de difícil puesta en marcha de forma inmediata debido a la falta de competencias de las comunidades autónomas sobre ciertos asuntos de migración y extranjería. El tratado prevé modificaciones legales de carácter nacional que solo llegarían en caso de que ambos partidos alcanzasen el Gobierno tras las elecciones generales previstas para 2027 y únicamente de ese modo podrían establecerse algunas de las medidas previstas. Otras tienen escaso acomodo en la actualidad.

Menores tutelados

Los menores extranjeros no acompañados que llegan a España nunca son irregulares. Las comunidades a las que arriban están obligadas a hacerse cargos de ellos, a tutelarlos y a proteger sus derechos, entre ellos los educativos y sanitarios. El acuerdo Vox-PP reconoce las “limitadas competencias” de una comunidad al respecto, pero indica que “promoverá acuerdos con los países de origen para agilizar repatriaciones y retornos de los menores con sus padres”. Esos acuerdos, explica la experta constitucionalista Itziar Gómez, profesora de la Universidad Carlos III, solo los puede firmar el Gobierno. La Fundación Raíces, de la que también es vocal Gómez, recuerda algunas garantías más que tienen estos chicos no acompañados. “La comunidad podrá abrir los procesos, pero los menores tienen derecho a asistencia letrada, ha de garantizarse que las condiciones sociales y familiares en sus países son las adecuadas y además pueden negarse a salir, por tanto muy difícil que se consiga esto”, afirman.

Reparto de migrantes por comunidades

El reparto solidario en circunstancias de emergencia, es decir, cuando los menores no acompañados superan una cifra determinada que impide a una comunidad o ciudad hacerse cargo de ello en condiciones adecuadas, está establecido por ley, aunque en la práctica, la redistribución de estos muchachos avanza con lentitud. Pero el Supremo ha obligado acoger a estos menores a aquellas que se resisten a hacerse cargo de ellos, como Madrid. Isabel Díaz Ayuso solicitó una medida cautelar para paralizar el traslado de 12 menores y el Supremo lo rechazó. El acuerdo de las derechas en Extremadura especifica que se “opondrán por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier reparto de inmigrantes ilegales tanto mayores como menores de edad”. Pero los menores nunca son ilegales. Y antes de que acabe este año habrá menos personas en situación irregular debido al proceso de regularización que se está llevando a cabo en estos momentos.

Pruebas de edad

El acuerdo dice que “se habilitará la oportuna consignación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad”, con el objetivo “evitar fraudes en la condición del menor y el colapso de los servicios”. Estas pruebas, explica Gómez, solo las puede ejecutar la Fiscalía, no depende de la decisión de una comunidad autónoma. Pueden comprar más aparatos para ello, si ese fuera el caso, pero siempre será la Fiscalía quien tome esa determinación. La Fundación Raíces ya ha ganado más de 20 casos en el Supremo contra estas pruebas que se efectúan a chicos con un pasaporte auténtico expedido por las embajadas de los países de origen en España en el que ya se dice que son menores. También en las Naciones Unidas ha conseguido 14 dictámenes favorables que han condenado al Estado español por estas prácticas. Son unas pruebas que condenan los organismos internacionales por su imprecisión y que está previsto que se reformen en un proyecto de ley que sigue, por ahora, en un cajón, critican las organizaciones.

Presupuestos para las ONG

El Gobierno de la comunidad extremeña puede “suprimir totalmente” las subvenciones que reciben las organizaciones y entidades que prestan su apoyo a los migrantes, así como otras ayudas, convenios y conciertos, tal y como promete el acuerdo suscrito. Y también podrá suspender los programas de enseñanza del árabe y la cultura marroquí que ahora existen. Así lo plantea el acuerdo. En el campo extremeño trabajan miles de marroquíes que, si todo se cumple, no dispondrán de ellos en septiembre de este mismo año.

En el médico

Hoy por hoy, España tiene sanidad universal gratuita, es decir, también las personas en situación irregular que lleven menos de tres meses en el país o aquellas que aun llevando más tiempo no puedan acreditarlo tienen derecho a asistencia sanitaria pública. Un decreto gubernamental de marzo de este año cubrió esos huecos que quedaron tras una reforma de Mariano Rajoy de 2012. Sobre quienes tienen derecho a los servicios sanitarios públicos en España, la constitucionalista Gómez recuerda que solo puede dictaminarlo el Gobierno, no las comunidades autónomas. “Para los servicios sanitarios hay jurisprudencia específica que señala que los beneficiarios de la sanidad los decide el Estado”.

Ayudas, subvenciones y prestaciones públicas

Uno de las ideas más repetidas de Vox en sus intervenciones públicas, y que repiten sus seguidores en la calle, es que los extranjeros se llevan las ayudas y prestaciones que necesitan los españoles. En ese sentido, el acuerdo plantea la exclusión de quienes estén en situación irregular del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales salvo supuestos de “urgencia vital”. En realidad, las prestaciones de las personas en situación irregular son pocas o nulas y normalmente, vinculadas a los Ayuntamientos aun cuando estas personas estén empadronadas. Hasta los irregulares tienen ciertos derechos, como el de la huelga, dice, como ejemplo, la constitucionalista Gómez. Lo que sí proponen es endurecer los requisitos para recibir esas ayudas de aquellos que ya tienen arraigo y vínculos con el territorio y también a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema. En todo caso, el texto vuelve a instar en este punto a la modificación de la ley de extranjería, algo que podría ocurrir más adelante, en caso de un eventual Gobierno nacional de PP Y Vox.

Burka y niqab

“En el ámbito de sus competencias”, comienza en apartado en el que plantean la prohibición del burka y el niqab en los “espacios, edificios y servicios públicos autonómicos”. Además de los edificios de la administración autónoma, el veto a los velos que cubren la cara puede establecerse en colegios y hospitales, por ejemplo, como ha ocurrido en otras autonomías. Los Ayuntamientos legislan por su cuenta, pero estas prohibiciones han chocado una y otra vez con los tribunales. Lleida fue el primer ayuntamiento que lo intentó y el Supremo lo invalidó en 2013 por una cuestión de derechos fundamentales.