Cómo arropar en los tribunales a los afectados de los incendios de El Bierzo: “La gente teme represalias si denuncia”

El bombero Sergio Fidalgo, de 25 años, pasó dos días en cama después de los incendios del pasado agosto porque su cuerpo implosionó después de semanas frenéticas. El brigadista, que no estaba trabajando esa campaña veraniega, ayudó voluntariamente a sus compañeros y constató las “miserias” del gremio en forma de escaso y tardío avituallamiento, descoordinación de los puestos de mando, escasez de medios y de personal capacitado y desaprovechamiento de recursos, por mencionar algunos. El berciano ha estructurado las quejas del colectivo y se ha aliado con la asociación Bierzo Aire Limpio para que la Fiscalía reciba una denuncia contra la Junta de Castilla y León (PP) por cómo administró aquella crisis. Elena de la Puente y Andrés Sánchez, miembros de la plataforma, agradecen a quienes se están involucrando pese al miedo a perder ayudas o sufrir castigos si se posicionan: “La gente está sola y cabreada, pero teme represalias si denuncia”.

De la Puente explica que años atrás también interpusieron denuncias por la sucesión de llamas “en el epicentro de los incendios del noroeste”, pero que fueron desestimadas, entre otros argumentos, “porque no hubo muertes”. El pasado verano, amén de miles de hectáreas calcinadas, murieron cinco personas entre el fuego en Castilla y León, cuatro de ellas en León, incluido un bombero, y por eso confían en que el procedimiento contra la Junta prospere en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La causa incluye presuntos ilícitos como prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro “y otras inacciones”, describe la presidenta de Bierzo Aire Limpio.

La primera denuncia se interpuso el 18 de agosto contra el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Entonces aún ardía buena parte del territorio y ya se habían abrasado Las Médulas, yacimiento romano Patrimonio de la Humanidad, lo cual les indignó ante la “responsabilidad” de proteger esa maravilla. EL PAÍS reveló en septiembre que este Monumento Natural se enfrentó al fuego con un plan caducado desde 2022 y que Castilla y León no actualizó los programas de gestión de recursos que se le exige para este conjunto. La denuncia se ha ido ampliando y ha incluido al titular de Cultura, Gonzalo Santonja, pues su consejería ostenta las competencias para la protección de Las Médulas.

“Seguimos recibiendo testimonios con nombre y apellido”, agradece De la Puente, por parte de todo el mundo relacionado con un incendio: bomberos, voluntarios, vecinos, agricultores, empresarios, alcaldes… El secretario de la entidad denunciante, Andrés Sánchez, valora la valentía de quien llena el formulario que se remite a la justicia: “La gente habla pero luego se echan para atrás, te dan la razón pero temen perder ayudas o represalias”. El caso sigue en la mesa de la Fiscalía. El dúo confía en la Justicia, destaca Sánchez, “porque es lo último que nos queda”: “Los ecologistas buscamos que se cumpla la ley. Si no, ¿en qué creemos? La gente está muy jodida psicológicamente”. Las voces escuchadas coinciden en varias claves repetidas hasta la extenuación en la comunidad en este verano o en otros episodios anteriores de fuegos: falta de medios y descoordinación.

La Junta anunció ayudas por más de 100 millones en plena ola de incendios y en los meses posteriores, y previos a las elecciones, Mañueco aseguró que “Castilla y León adoptará las medidas precisas para que en el plazo sucesivo de tres años el dispositivo de incendios forestales tenga naturaleza pública”. Los sindicatos critican esta promesa: inciden en el carácter público-privado del dispositivo, pues conlleva que esas contrataciones que proclama Mañueco afectarán a los trabajadores a sueldo de empresas privadas, que tienen peores convenios que los contratados directamente por la Junta para su plantilla pública.

Fidalgo ha atendido a decenas de compañeros, algunos anónimos y otros osados, para firmar la declaración y posicionarse, y afirma que el mayor drama de aquellos meses fue “la negligencia de la descoordinación”. El bombero sabe de compañeros que tuvieron que dormir en el suelo en unas salas que les dejaron en Ávila, otros pasaron largas jornadas sin comer ni beber porque no llegaba el suministro, y muchos padecieron un “exceso de horas” fatal para su desempeño y reflejos físicos y mentales. Hubo colegas que no fueron activados pese a la evidente falta de manos y tardaron más de una hora en recibir instrucciones de los puestos de mando, tiempo excesivo para tratar de reaccionar ágilmente ante tal crisis.

La reacción de la Junta, reprueba De la Puente, ha consistido en virar el debate hacia “la polarización” y el politiqueo sin aclarar responsabilidades. “Es una desgracia económica, social y medioambiental, hay una campaña brutal para aislar a quien exige responsabilidades”, sostiene la activista, animando a los alcaldes de los municipios dañados por el fuego a sumarse al movimiento. Municipios muy afectados como Castrocalbón (León) también han denunciado a la Junta con el testimonio de agentes forestales que avisaron de la falta de medios y de la gravedad de lo que podía suceder en un entorno donde ardieron 37.000 hectáreas.

El grupo desgrana los “boletines vacíos” y el “blanqueamiento” de la Junta con supuestos planes que no terminan de ejecutarse y mejoras sobre el cuerpo de bomberos que tampoco acarrean grandes inversiones como las prometidas hace meses. Sánchez cuestiona “dónde han ido esos millones”. Lo que sí se ha aprobado, generando una enorme repulsa de colectivos sociales y hasta de cazadores, es que la Junta haya permitido cazar en zonas quemadas apenas siete meses después de las llamas, pese a que su normativa eleva el plazo a cinco años para la regeneración de los ecosistemas desde 2009.

Los tres mencionan episodios recientes como las inundaciones de Andalucía, donde los afectados fueron remitidos a hoteles y no a pabellones como en León o Zamora. En paralelo, lamentan la “jeta” de Quiñones, “que duerme siempre en hoteles”, y recuerdan: “Tenemos la mala costumbre de comer”, para justificar su tardanza en acudir al foco de la acción. El brigadista dibuja “tres perfiles” entre las personas con quienes se han comunicado desde que se extinguieron los frentes: el no afectado a quien nunca le importó que ardiera el monte y que seguía yendo a las fiestas de los pueblos o a las de Ponferrada, donde se tiraban fuegos artificiales mientras humeaban Las Médulas; el afectado que “pelea” porque no llegan las ayudas y se siente “desamparado”; o el agraviado que, “por miedo o por desinterés”, ha reducido su implicación.

Fidalgo ha asumido que su exposición mediática puede acarrear consecuencias en forma de que las empresas adjudicatarias del sistema público-privado de gestión forestal de Medio Ambiente decidan, o sean instadas a ello por parte de la Administración, no contratarlo para la campaña veraniega: “En dos meses veremos”.