Los partidos y colectivos de izquierdas de Castilla y León impulsan la plataforma Respeto para reclamar mejoras en la gestión forestal

Las izquierdas políticas y sociales se han unido en Castilla y León para crear la plataforma Respeto y clamar contra la Junta (PP) y su gestión forestal de los críticos incendios del verano, con cinco víctimas y unas 150.000 hectáreas arrasadas. Los partidos PSOE, Izquierda Unida (IU), Sumar y Podemos se han coordinado con los sindicatos Comisiones Obreras, SteCyL y el colectivo de consumidores Cavecal para renegar de las medidas del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco (PP); pedir “respeto” a los afectados y a los residentes del medio rural; convocar una manifestación para el 23 de noviembre en León; y reclamar la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. La Fiscalía acaba de abrir diligencias de investigación sobre posibles responsabilidades penales de la Junta acerca de lo vivido en agosto. Esta compenetración progresista llega a unos meses de las elecciones previstas para marzo, donde a la izquierda del PSOE parece que IU y Podemos concurrirán por separado en una comunidad donde gobierna el PP desde 1987.

El manifiesto suscrito por las partes incide en que las víctimas y las zonas abrasadas “son solo la parte más dramática del abandono” que sufre el medio rural de la comunidad “por parte de la Junta de Castilla y León”, recordando que la provincia de León fue la más castigada por el fuego en verano. Por eso citan en la capital leonesa a concentrarse el 23 de noviembre “exigiendo que nunca vuelvan a repetirse acontecimientos como los vividos este año” y “para recordar todos los lugares en los que el fuego ha devorado las esperanzas de la gente, pero también para evitar que el medio rural siga siendo un escenario de abandono, de especulación y de riesgo, los incendios se ceban con las provincias más despobladas”. Los firmantes recuerdan que el Ministerio Público estudia “posibles delitos de prevaricación por omisión, especialmente del deber de socorro, y contra el medio ambiente”. Los implicados exigen la dimisión de Quiñones, bajo cuyo mandato en Medio Ambiente se han sufrido los gravísimos incendios de Ávila en 2021, los de la sierra de la Culebra (Zamora) en 2022 y los recientes de 2025, cada año de mayor gravedad.

Las formaciones insisten en las grandes reclamaciones de los bomberos forestales: disponer de un operativo completamente público, y no público-privado como hasta la fecha, y que se los contrate todo el año y no solo en temporada alta de incendios. Mañueco presentó hace unas semanas un nuevo proyecto de gestión forestal en las mismas fechas donde muchos brigadistas recibían sus cartas de despido. La Junta aludió a un operativo “completamente público en tres años” pero obvió que en sus negociaciones con los sindicatos o representantes de bomberos habla de “naturaleza pública”, con contrataciones mediante empresas públicas de condiciones inferiores a las brindadas para los pertenecientes como tal a la Junta. La Asociación de trabajadores de incendios forestales de Castilla y León, que aglutina a múltiples miembros del operativo, denunció sus imprecisiones como “mera estrategia política” sin “medidas básicas” para el contingente.

Respeto incide en que el “abandono” del sector rural aviva los problemas causados por las llamas y ha recopilado actuaciones de diversa índole para fomentar esa resistencia. Entre ellas destacan políticas de vivienda en estas zonas despobladas, con planes de transportes, o dificultar la expansión de macrogranjas o plantas de tratamiento de biogás por sus afecciones a los lugares donde se instalan. Además, acusan al PP de propiciar la pérdida de población de la comunidad desde su llegada al poder, con 215.000 habitantes menos desde 1987, mientras España gana censados. Asimismo, denuncian casos de corrupción como la actualmente juzgada Trama Eólica, con mordidas millonarias para dar permisos para levantar plantas de energía eólica. Quiñones recibió severas reprobaciones por su actitud y acciones durante los incendios de estos años. En 2018 aseguró que un operativo todo el año era “un absurdo y un despilfarro”, frase que los bomberos y sus rivales políticos le afean recurrentemente.

Los participantes han expresado su coincidencia en las tesis del manifiesto y en las críticas al PP por estas cuestiones. El secretario de Organización autonómico del PSOE, Daniel de la Rosa, ha defendido “reaccionar frente a la falta de responsabilidades políticas” mientras Marina Echebarría, coordinadora territorial de Sumar, ha apelado a la “movilización” y a la renuncia o cese del titular de Medio Ambiente. Ana Fernández, secretaria general de CCOO Castilla y León, ha reivindicado un “operativo público al 100%” y más “prevención”. Almudena Villarreal, por Podemos, ha reprochado “un modelo que abandona el territorio” y favorece los incendios.

La afloración de Respeto y su combinación de fuerzas de izquierdas contrasta con la tensión de las últimas semanas entre los partidos más a la izquierda que el socialista. IU y Podemos, cuyos representantes han mantenido recientemente conversaciones donde estudian potenciales alianzas electorales para las elecciones de marzo, de momento no han coincidido en cómo presentarse conjuntamente, llegado el caso de entenderse. En 2022 concurrieron a la par como Unidas Podemos y lograron uno de los 81 procuradores, Pablo Fernández, correspondiente a Podemos. La próxima cita autonómica con las urnas será en diciembre en Extremadura, según lo previsto, donde ambas formaciones han anunciado que participarán en una lista común, Unidas por Extremadura. La siguiente sería en Castilla y León, donde de momento no existe pacto, y luego vendría Andalucía, con un escenario también de distanciamiento.