Los bomberos de Castilla y León tachan el proyecto de la Junta de “mera estrategia política” sin “medidas básicas” para evitar los incendios

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl), la principal en el sector de los bomberos o agentes forestales en la comunidad, ha denunciado que el nuevo proyecto planteado por la Junta (PP) no contempla sus “reivindicaciones” y las tilda de “un parche en el ojo, una mera estrategia política y propagandística que no contiene las medidas básicas y necesarias para evitar grandes incendios”. La comunidad se enfrenta a elecciones en marzo de 2026 y la grave crisis de incendios, con cinco muertos en verano y más de 140.000 hectáreas arrasadas, han convertido la gestión forestal en clave de campaña con el contexto de la poca evolución tras los también duros fuegos de 2022. El presidente del territorio, Alfonso Fernández Mañueco, presentó el plan asegurando que las cuadrillas privatizadas, la mitad del contingente, sería público, pero en los documentos se recoge como “de naturaleza pública”, esto es, mediante empresas públicas de convenios dispares.

El colectivo ha emitido un comunicado lamentando el “Decreto del desprecio a los que perdieron la vida en los incendios forestales de 2022 y 2025”. El consejero de Medio Ambiente, el cuestionado Juan Carlos Suárez-Quiñones, lo ha considerado un gran paso adelante por las condiciones del gremio, pero para Atifcyl “no contempla ni una sola” de sus reivindicaciones y además afean que “es histórico en Castilla y León que se hayan perdido vidas humanas, quemado pueblos y calcinado un número récord de hectáreas de monte y que año tras año no haya voluntad política para prevenir los incendios ni extinguirlos eficazmente con un Operativo de Incendios profesional bien dimensionado, acorde a las necesidades imperantes”. “Denunciamos que este Decreto-Ley es solo un parche en el ojo, una mera estrategia política y propagandística que no contiene las medidas básicas y necesarias para evitar grandes incendios”, añaden, aludiendo a la situación actual de un modelo público-privado que Mañueco se comprometió a hacer público, aunque con el matiz de “naturaleza pública”. Ese detalle implica que los retenes deban hacerse a las condiciones de la empresa nacional Tragsa y a una entidad pública autonómica con peores convenios que los estrictamente contratados por la Junta, a cuya consideración aspiran.

Los bomberos precisan que al caer la temporada alta contra los incendios y de calor, muchos compañeros están siendo despedidos. “Después del peor verano de incendios en Castilla y León, en los despachos de la consejería de Medio Ambiente se gestan medidas que no sirven para prevenir ningún gran incendio en 2026 y años sucesivos”, informan, y apostillan que “no reconoce la categoría de bombero forestal a ninguno de los trabajadores de incendios que realmente previenen y apagan los incendios en los montes —vigilantes, peones de cuadrilla y de autobomba, conductores y helitransportados—”, una de sus históricas demandas, y que “solo reconoce la categoría de bombero forestal a los técnicos —ingenieros— que desempeñan su labor en las oficinas provinciales sin llegar ni a mancharse de ceniza y a los agentes medioambientales —mandos intermedios—”.

“¿Para qué sirve un tejado sin muros sólidos que lo sostengan?”, inquieren. Y sentencian: “No se recoge ninguna mejora para los trabajadores que arriesgamos nuestra vida en los incendios, los que ocupamos el nivel más bajo en la jerarquía del operativo, y que, sin embargo, somos quienes los detectamos con prontitud cuando surgen y los combatimos a pie de llama hasta su completa extinción”. Para ellos, lo acordado no mejora la reprobada temporalidad ni precariedad en su sector.

“Este gobierno autonómico normaliza y defiende su gestión nefasta de los incendios en los últimos años y desprecia a los trabajadores”, critican, destacando que ni Mañueco ni Quiñones “hacen nada que sirva de manera eficaz para proteger la vida personal y el medio natural”. Atifcyl reclama un dispositivo que esté totalmente conformado por empleados públicos, sin diferencia de condiciones laborales o económicas, y exigen que se les contrate todo el año para ejecutar mejores acciones de prevención, formación o capacitación para su desempeño en la gestión forestal.