La letra pequeña del anuncio “electoralista” de Mañueco de incorporar a bomberos de empresas privadas al sistema público

Las ascuas políticas de los incendios de verano en Castilla y León entran en la fase preelectoral rumbo a los comicios de marzo. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), anunció este martes medidas en favor del dispositivo contra los fuegos, tan cuestionado en agosto, con una clave: en tres años será completamente público. Ahora se fracciona entre operarios de la Junta y los adjudicados a empresas privadas, con condiciones precarias según los bomberos. Mañueco presumió de esa idea, opuesta a lo esgrimido durante años por su Gobierno en favor del modelo público-privado, pero los sindicatos y los brigadistas lo cuestionan: la transición será mediante la empresa pública estatal Tragsa y la empresa pública autonómica Somacyl. “Es un ‘trágala’ unilateral de la Junta”, denuncian: “Siempre nos tratan como empleados de segunda. ¿Por qué no nos tratan como a cualquier otro trabajador de la Junta?”.

Mañueco presentó el plan presupuestario, sin mayorías para su aprobación y con elecciones en cinco meses, incluyendo iniciativas para los bomberos: incorporar más recursos, aumentar medios para las Diputaciones, más cuadrillas trabajando 12 meses, mejora de las condiciones laborales o el reconocimiento de la categoría profesional del bombero, de instrucción nacional por una ley de 2024. Lo principal, que en 2028 el operativo sea íntegramente público: “El paso, en tres años, de los profesionales del sector privado al sector público [...] a medida que los contratos vayan venciendo, los trabajadores pasarán a depender directamente de la Junta”.

Este paso esconde varias interpretaciones, según el sector forestal. En lo político, descabalgar a su cuestionado consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, perseguido desde 2018 por afirmar que sería “absurdo y un despilfarro” un contingente anual y público contra las llamas. En lo fáctico, con las urnas asomando, alegar que esa “reflexión” a la que Mañueco suele aludir se traduce en la escucha a los sindicatos y la toma de medidas consensuadas.

El coordinador estatal de Agentes medioambientales de Comisiones Obreras (CC OO), Jorge Nieto, carga contra el dirigente: “Es un ‘trágala’ unilateral de la Junta a los sindicatos”. El sindicalista asegura que los representantes de los trabajadores se levantaron de la mesa tras varias reuniones con la Junta porque no cumplían sus exigencias y no negociaban como tal. “Han asumido dos pequeñas pinceladas”, reconoce, con subidas salariales ligeras traducidas en 1.050 euros anuales más, en 14 pagas, o sea, 75 mensuales más a los que recortar la parte derivada a la Seguridad Social. Los técnicos forestales obtendrán 2.660 más, algo que celebra por ellos, pero reclamando “una subida escalable” para los distintos escalafones del dispositivo.

El debate del “operativo público” pregonado por Mañueco, prosigue, es más bien de “naturaleza pública”. La última propuesta de la Junta a los negociadores, del 8 de octubre y a la que ha accedido EL PAÍS, explica así el truco: “Castilla y León adoptará las medidas precisas para que en el plazo sucesivo de tres años el dispositivo de incendios forestales tenga naturaleza pública”. No es lo mismo, desarrolla Nieto, porque aunque las adjudicatarias ya no reciban millonadas para coordinar las bases, sus trabajadores no tendrán las mismas condiciones que el personal directo de la Junta, sino las del convenio de la empresa pública Tragsa y lo que acuerden con la sociedad autonómica Somacyl.

“De 0 a 10 es un 12 en electoralista”, ríe Nieto, consciente de que “Quiñones está amortizado” y por eso Mañueco acepta el tantas veces negado modelo público, aunque con matices. “Los compañeros que entren con Tragsa tendrán subidas salariales por el convenio de Tragsa y porque Tragsa siempre aprieta, habrá que ver cuánto paga la Junta a la empresa”, analiza el cargo de CCOO, describiendo que las “cuadrillas de tierra” se derivarán a Tragsa y que las autobombas privadas con vehículos de bomberos asociados se remitirán a Somacyl. Mañueco no precisó, en su rueda de prensa presupuestaria, cómo aumentarían los fondos para gestión forestal, aunque sí presumió de elevar los de medio natural.

Fuentes del sector forestal, al tanto de las negociaciones, lamentan la actitud de la Junta y reiteran que “no es ser empleado público” ese modelo intermedio, por mucho que ya no prosigan las adjudicaciones a empresas privadas. “En ambas empresas no tendremos los mismos derechos que si nos contrata la Junta directamente. Siempre nos tratan como empleados de segunda. ¿Por qué no nos trata como a cualquier otro trabajador de la Junta? Solo pedimos los mismos derechos que cualquier trabajador público de la Junta: trabajo estable todo el año”, sentencia este informador, molesto porque “no dejan de sembrar incertidumbre y problemas en el operativo, todo menos estabilizar, profesionalizar, formar y dar confianza a unos trabajadores que lo hemos dado todo y vemos cómo la Administración nos trata como si no fuéramos empleados públicos, como un maestro o una enfermera, siempre estamos en segunda categoría”. Además, tildan de “trampa” y “limosna” el aumento de 1.050 euros anuales en un sector donde apenas se gana algo más que el salario mínimo, algo menos de 1.200 euros mensuales, incluyendo bonus de peligrosidad o nocturnidad.

Todo este debate mientras a muchos bomberos, contratados solamente de forma temporal y a quienes Mañueco alabó porque “han estado al pie del cañón”, les empiezan a llegar las cartas de despido, toda vez finaliza su relación con las adjudicatarias. Ya ha bajado el riesgo oficial de incendios, aunque la escasez de lluvias y las altas temperaturas para octubre mantienen cierto peligro de repuntes, y los brigadistas incorporados para la campaña veraniega empiezan a buscarse alternativas profesionales.

Muchos estudian ingenierías o buscan incorporarse a los retenes del ministerio de Transición Ecológica, en mejores condiciones laborales, mientras otros se dedican a empleos no siempre vinculados con la gestión forestal a expensas de una nueva temporada en 2026. José Ángel Domínguez, portavoz de la Asociación de trabajadores en incendios forestales en Castilla y León, reclama “el operativo esté bien dimensionado y sea público 100% sin empresas privadas ni fundaciones [por Somacyl], amén de reclamar dotación para el personal y un aumento de sueldo acorde a la categoría de bombero forestal”. Como anhelo, “respeto, y eso con Arranz [José Ángel, responsable de gestión forestal] y Quiñones no lo vamos a tener”.