Un informe encargado por el Gobierno de Asturias tras el accidente en Cerredo señala errores graves en el funcionamiento del servicio de minas

La Comisión Regional de Seguridad Minera ha avalado la necesidad de reformar el Servicio de Minas del Principado ante los “errores administrativos de gravedad bastante alta” que ha detectado la Inspección General de Servicios al analizar su funcionamiento tras el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo en marzo de 2025. El presidente del Principado, Adrián Barbón, encargó a este órgano de control del funcionamiento de la administración asturiana que elaborase un informe sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, adscrito a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. El informe pone de relieve fallos normativos, usos inadecuados de los proyectos de investigación complementaria (PIC), falta de diligencia en las inspecciones al interior de las minas e inacción, un control insuficiente e inadecuado e inactividad en cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud de los trabajadores.

El análisis de 317 páginas realizado por la Inspección General de Servicios estudia todas las tramitaciones y controles a la explotación del accidente, pero va más allá, señalando problemas sistémicos como deficiencias de plantilla y funcionamiento en el servicio encargado de la minería, y apunta a una labor instructora insuficiente, a una tramitación deficitaria de denuncias sobre explotaciones o, directamente, a la no valoración de documentación.

Otra deficiencia notable detectada proviene de la desactualización tecnológica de los sistemas de registro de datos y cuestiona los procesos de traspaso de explotaciones mineras entre empresas, como la que se dio en Cerredo entre Combayl y Blue Solving; aunque en este caso ambas firmas tenían detrás al mismo empresario, Chus Mirantes, ahora encausado.

Además, la Inspección detecta que los controles a las explotaciones eran generalmente comunicadas con antelación, sin criterios o instrucciones claras sobre cuánto antes se avisaba, lo que podía facilitar la ocultación o alteración de pruebas.

Tras conocer el contenido del demoledor informe, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha garantizado que su Gobierno irá más allá de las once recomendaciones que realiza la auditoría de la Inspección General de Servicios. “Ha habido un funcionamiento anómalo y defectuoso del servicio”, reconoce el presidente. Las medidas se incluyen en el denominado Plan Regenera, orientado a reforzar la seguridad y la supervisión de la actividad minera en Asturias. Esta iniciativa incluye varias líneas de trabajo para regenerar el Servicio de Minas y depurar responsabilidades, tras la tragedia en Cerredo el 31 de marzo de 2025.

Entre las primeras medidas, Adrián Barbón ha anunciado que se recuperará en dos meses el servicio específico de Seguridad Minera, suprimido por su propio ejecutivo en 2019. Una supresión que el jefe del ejecutivo asturiano descargó sobre Enrique Fernández, entonces consejero de Industria y actualmente presidente de Hunosa. “La decisión la planteó el consejero y se aprobó porque venía con todos los filtros”, asegura Barbón.

Además, en un mes se redactarán instrucciones urgentes para asumir varias de las recomendaciones de los técnicos como un mayor control de la transmisión de los derechos mineros, y establecer un mayor rigor con los proyectos de investigación complementaria (PIC) sobre los que el informe dice que se usaron para dar cobertura a la explotación de carbón en minas sometidas a planes de cierre, como la de Cerredo. “Vamos más allá y la Administración no autorizará nuevos PIC que conlleven extracción de material mientras no exista esta normativa”, advierte Barbón que no quiere explicitar si se tienen que derivar responsabilidades políticas del informe de la Inspección. “Esto es un proceso de meses y vamos a ver cómo van evolucionando los acontecimientos”.

Las posibles responsabilidades, defiende Barbón, se derivarán de varias investigaciones internas que se van a realizar. Una sobre el contrato entre Combayl y Bkue Solving en el que hacían mención expresa a su intención de sacar carbón de Cerredo, pese a que no había autorización para ello. La Administración autonómica recibió este documento, pero no lo valoró cuando, según Inspección, deberían haberlo “rechazado inmediatamente”.

Una segunda investigación interna se centrará en el expediente sancionador a Combayl a raíz del accidente en la mina de Cerredo en 2022, en el que murió un trabajador y otro perdió una pierna tras volcar un camión. La calificación de la sanción se modificó a posteriori para rebajarla y el presidente asegura que quieren saber “por qué se hizo”.

Y una tercera y última medida anunciada por Barbón es la relativa a procedimientos de control y denuncias que quedaron inconclusos en su resolución. El presidente reconoce que hubo funcionarios que se limitaron a levantar actas de irregularidades, que luego no se tramitaron.

“En cualquier caso, he dado la instrucción de que, ante el más mínimo indicio de delito en alguna actuación, se ponga todo en conocimiento de la Fiscalía”, señaló Barbón, que quiso no obstante distinguir entre delitos y posibles negligencias administrativas.

Otras medidas que asumirá el Principado serán la digitalización del catastro minero, la publicación de una memoria de inspección minera y un programa de inspecciones a minas sin previo aviso, después de los reproches del informe sobre que se alertase a las explotaciones antes de ser sometidas a controles.

Rechazo de la oposición

Los partidos de la derecha coinciden en que la dimisión en su día de Belarmina Díaz, consejera de Industria cuando se produjo el accidente de Cerredo, no es suficiente. Y tanto el Partido Popular como Foro ponen nombre y apellidos al resto de responsables: el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, y la presidenta del Puerto de Gijón, Nieves Roqueñí, que también estuvieron al frente de la citada consejería, de la que depende el Servicio de Minas.

“Aquí hay responsables políticas y desde luego a los que podemos alcanzar son aquellos que tenían la responsabilidad de que esto funcionase en el tiempo en el que este informe hace el análisis, y por tanto esos son Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz”, afirma el presidente de los populares asturianos Álvaro Queipo. “Creo que no se le escapa a nadie que lo que ha habido es un premio a una acción que ha favorecido el enriquecimiento de determinadas personas con actividades ilegales”, añade.

Para Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias, ambos deberían estar ya cesados de sus puestos en Hunosa y El Musel. Aunque el diputado lamenta que “Barbón no va a cesar a nadie porque le sirven para esconderse, sabe que él fue quien, decreto tras decreto, redujo estructura, personal y especialización hasta desmantelar el Servicio, lo sabe”.

Al respecto de estas declaraciones, Barbón ha advertido de que a la familia minera no le gusta que “se utilicen los muertos para hacer política o que aproveche para intentar hacer caer a un gobierno progresista”. Y advierte al presidente del PP que si tiene pruebas o conocimiento de alguna irregularidad en el Servicio de Minas para el enriquecimiento o beneficio de algunos que acuda a Fiscalía.

Según Javier Vázquez, representante de la Federación de Industria de CC OO en dicha comisión, el informe trasladado por el consejero expone “bien a las claras que hubo unos fallos que se tienen que corregir y, sobre todo, que se tienen que asumir por parte de la administración y de quienes los ejecutaron. Hubo mala praxis por parte de la administración que tendrá que asumir responsabilidades, y si no las asume, nosotros determinaremos y denunciaremos que no se están tomando medidas”, ha afirmado al término de la reunión.

Para los sindicatos hay base suficiente para tomar medidas correctoras en la gestión del Servicio de Minas “y sobre los propios personajes que intervinieron en este tipo de historias, partiendo de que falló el control y la vigilancia de los procesos laborales, pero también de que en el vértice superior de la pirámide hay un empresario que actuaba de manera ilegal”.

Desde SOMA-FITG-UGT, “está claro que este informe no es el final de nada, sino un punto y seguido en las acciones que cada organización pretendemos desarrollar para aportar certezas a las familias”. El sindicato se personará en la causa judicial que se instruye en el juzgado de Cangas de Narcea por el accidente con cinco mineros fallecidos.

“Estaremos vigilantes para que se haga una investigación exhaustiva, transparente y rápida para saber qué pasó, cómo pasó y quiénes son los verdaderos responsables, en un ámbito mucho más riguroso que el ruido que parece que lo invade todo”, afirmaron.

Recomendaciones de la inspección sobre el servicio de minas

1. Desarrollar la normativa minera y regular los procedimientos (especialmente transmisión de derechos y autorizaciones), garantizando seguridad jurídica, objetividad y transparencia.
2. Redimensionar la estructura y puestos del Servicio de Minas para adaptarlos al contexto actual y futuro del sector energético.
3. Cumplir las obligaciones del registro minero, asegurando actualización, seguridad y fiabilidad de los datos.
4. Motivar expresamente los expedientes de transmisión de derechos, evaluando solvencia, competencia y posibles impactos ambientales.
5. Organizar la inspección minera diferenciando inspecciones ordinarias de las derivadas de denuncias, evitando dar traslado de la denuncia a la empresa implicada o comunicar la visita anticipada de inspección.
6. Establecer protocolos claros de atención ciudadana que distingan entre quejas/sugerencias y denuncias de posibles infracciones.
7. Mejorar la coordinación entre consejerías implicadas para evitar disfunciones y asegurar coherencia en la actuación administrativa.
8. Coordinar la gestión económica y de fondos europeos para corregir incidencias en procedimientos como la incautación de garantías.
9. Garantizar la tramitación completa y vigilada de solicitudes y documentación de empresas mineras, especialmente en materia de seguridad y restauración ambiental.
10. Reforzar la motivación y justificación de los expedientes de investigación minera, especialmente en aspectos medioambientales y legales.
11. Analizar posibles responsabilidades por actuaciones en Cerredo, ante la prohibición de actividad extractiva y posibles irregularidades administrativas o inspectoras.