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Imputados por homocidio imprudente los propietarios de la mina de Cerredo

En el accidente del 31 de marzo de 2025, fallecieron cinco trabajadores

El juzgado de Cangas del Narcea (Asturias) que investiga el accidente en el que fallecieron cinco mineros imputa al dueño de la empresa Combayl, Jesús Rodríguez, conocido como Chus Mirantes, a su mujer, su hijo y al director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas, cinco delitos de homicidio por imprudencia.

La jueza, que ha levantado el secreto de sumario, mantiene que Mirantes era el administrador de hecho de la explotación y de Blue Solving, la empresa que tenía la concesión cuando se produjo el accidente en marzo de 2025.

La magistrada atribuye a los cuatro investigados un delito contra los derechos de los trabajadores, cinco delitos de homicidio por imprudencia y cuatro delitos de lesiones. El juzgado ha ordenado el embargo de 1.150.000 euros de las cuentas de los investigados como medida cautelar.

El accidente se produjo el lunes 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña. Una explosión en el interior de la galería provocó la muerte de cinco trabajadores y dejó cuatro heridos graves mientras realizaban tareas de extracción de mineral para la fabricación de grafito. El siniestro ocurrió a primera hora de la mañana, alrededor de las 8.30 horas, y los fallecidos —todos ellos vecinos de la provincia de León con edades entre 32 y 54 años— trabajaban en la mina.

Las autoridades movilizaron a equipos de salvamento, bomberos, Guardia Civil y servicios de emergencia para atender el accidente y evacuar a los heridos, que fueron trasladados a hospitales de Asturias y León. Familias, compañeros y representantes políticos se concentraron en la zona, y tanto el Principado de Asturias como Castilla y León decretaron dos días de luto oficial por la tragedia que golpeó a una comarca con histórica tradición minera.

Entonces, la hipótesis principal de los investigadores fue que la explosión había sido causada por una acumulación de gas grisú, un gas inflamable propio de minas de carbón cuya presencia puede desencadenar explosiones si no se detecta a tiempo. La mina contaba con permisos de investigación para estudiar el mineral y evaluar una posible reapertura futura, y las causas exactas todavía están siendo investigadas por la Guardia Civil y la policía judicial para determinar responsabilidades.

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