Sánchez comparecerá en el Congreso el día 25 para explicar la posición de España sobre Irán
El Gobierno convocará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y agentes sociales. Los partidos presionan al Ejecutivo para aprobar medidas contra la crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el miércoles 25 de marzo en el Congreso, tal y como había anunciado él mismo y reclamó el PP, para explicar la posición de España sobre el conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán iniciados hace ya 10 días. El Gobierno ha confirmado también este martes que iniciará una ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios y agentes sociales que coordinará el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para informarles de la situación con la guerra y los riesgos que puede tener para la economía española. Al no estar el presidente, no está previsto que acuda a La Moncloa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
De momento, la portavoz de los populares en la Cámara baja, Ester Muñoz, ha dejado en el aire la participación de su partido en esa ronda. No nos ha llamado nadie y veremos a ver en qué consiste. Si es otro acto de propaganda al que nos tiene acostumbrados Sánchez... No estamos convocados, es un poco prematuro, pero no vamos a formar parte de su campaña de propaganda para tapar todo lo que tienen”, ha criticado ante los medios en el Congreso.
Fuentes parlamentarias explican que la semana que viene el jede del Ejecutivo participará en la sesión de control al Gobierno, pero que no podrá quedarse en el pleno para ofrecer explicaciones sobre el conflicto porque tiene que atender una visita de Estado, de la que de momento no ofrecen ningún detalle. Sánchez esperará al miércoles siguiente para abordar también en su discurso las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebra los días 19 y 20, justifican sobre la fecha fijada para la comparecencia.
El Consejo de Ministros de este martes no ha dado luz verde a ninguna iniciativa para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la guerra, que ya se nota, por ejemplo, en la subida de precios de los carburantes. Hace 15 días, la Cámara baja tumbó el decreto del escudo social que incluía la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, y el Gobierno se comprometió a volver a aprobar las medidas de protección incluidas en esa norma. Tanto el PP como los socios del Ejecutivo han apremiado en los últimos días a los socialistas para que pongan en marcha un paquete más ambicioso.
Peticiones del PP y los socios
Varios partidos se han movido ya para presentar sus exigencias e incluso registrar en el Congreso sus propias iniciativas, como es el caso de Podemos con la proposición de ley que ha bautizado como “plan anti Trump”, en el que incluye la nacionalización de Repsol o la reducción en un 40% del precio de los alquileres.
Del lado del PP, Alberto Núñez Feijóo avanzó ya el domingo en un acto de campaña en Tordesillas (Valladolid) que su formación preparaba un “plan de emergencia” para hacer frente al alza de los precios por el conflicto. Este lunes, Génova desgranó las propuestas que exigen al Gobierno, buscando adelantarse al anuncio de La Moncloa sobre el paquete de medidas y para sofocar además la movilización del “No a la guerra”. Los planteamientos de los populares se sustentan principalmente en la bajada de impuestos. “Las consignas no dan de comer a los españoles. Nuestras propuestas, sí”, resumió el jefe del PP en la red social X.
Las demandas de Génova han sido contraatacadas por la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que tras la Junta de Portavoces ha afeado al PP haber votado hace 12 días en contra del escudo social, donde se incluían medidas de protección por las consecuencias de la guerra de Ucrania, y sin embargo plantee ahora rebajas de impuestos por Irán. “Es una tomadura de pelo. Piden el voto para todos los españoles y luego los utilizan contra ellos”, ha censurado Mínguez en los pasillos del Congreso. Pero no ha aclarado si será Sánchez quien desvele por sí mismo las medidas durante su comparecencia en la Cámara baja el día 25. Solo ha concretado que, en cualquier caso, serán “medidas que se han demostrado que funcionan y que protegen a la mayoría de las familias”.
Mientras los partidos de Sumar abogan por un nuevo escudo que incluya todas las medidas juntas —e impedir así que se puedan tumbar algunas específicas que ya ha rechazado la derecha—, desde el Grupo Mixto, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha señalado que lo importante es que se traigan cuanto antes. “El escudo tiene que venir ya, y la fórmula tiene que ser la de negociar con la mayoría de investidura para que salga. Y si eso implica que haya que aprobar 10 decretos diferentes para que salgan diferentes medidas, pues que se haga. No siempre tenemos las mismas recetas, pero nadie quiere que sea la mayoría social la que pague los efectos de esta crisis. Para eso hay que conseguir acuerdos con la mayoría de investidura”, ha expresado.
En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, ha urgido al PSOE a aprobar ese nuevo escudo social enfocado en la vivienda, la cesta de la compra y la energía. Entre sus propuestas, reclama incluir medidas fiscales como impuestos a los grandes supermercados de entre el 1,2% y el 0,6% de los márgenes empresariales y ha abogado por “una alianza” que permita bajar el IVA a consumidores y pymes siempre que se implemente un impuesto a las grandes empresas de comida y energético. “A las cuatro palabras del ‘No a la guerra’ urge añadir otras tres: intervenir el mercado”, ha concluido.
Por su parte, Aina Vidal, de los Comunes, ha cargado contra las derechas, con especial foco en Junts, rival electoral en Cataluña. “Cada persona que vaya a poner gasolina, le puede dar las gracias a PP, Vox y Junts, que tumbaron el decreto que permitía topar precios en situaciones de emergencia”. Fuentes de la formación creen que el contexto económico hará que el partido de Carles Puigdemont tenga cada vez más presión para aprobar alguna de estas iniciativas que rechazó en febrero. Sumar quiere que el Ejecutivo apruebe cuanto antes la batería de medidas, aunque la portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, ha asegurado este martes en el Congreso que se está “analizando la situación para adoptar las medidas más adecuadas”.
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