PP, Vox y Junts derriban el escudo social al identificar la protección ante los desahucios con okupación

El bloque cada vez más asentado de las derechas parlamentarias, conformado ahora por los 177 diputados de PP, Vox, Junts y UPN, derrotó de nuevo este jueves como hace un mes el decreto para convalidar una serie de medidas incluidas en un escudo social que llevaba prorrogándose hasta ahora desde la pandemia de 2020 para proteger a las familias más vulnerables. Las derechas y la ultraderecha del Congreso utilizaron los mismos argumentos: creen que el Gobierno mezcla cosas diversas, perpetúa ayudas que deberían ser excepcionales y favorece las okupaciones de viviendas cuando pretende proteger más a los desahuciados sin alternativas habitacionales. Esas tesis cohesionaron al bloque del Gobierno de coalición y sus socios habituales, que tacharon esa justificación como una “excusa” cimentada sobre “falsedades” de posibles beneficios para los okupas. El decreto desgajado para revalorizar las pensiones sí salió adelante con un abrumador apoyo de casi toda la Cámara menos Vox. Los 177 escaños de PP, Vox y Junts tumbaron juntos también un decreto para limitar las ganancias de determinadas empresas en situaciones de emergencia o catástrofes.

Hace un mes el Gobierno intentó que prosperase el escudo social en un decreto ómnibus que decayó porque el frente de las derechas parlamentarias arguyó que se mezclaban asuntos muy diferentes y pidió que se dividiesen las materias contempladas, sobre todo para justificar entonces su rechazo a que se actualizasen las pensiones de casi 13 millones de españoles. Este jueves, ese apartado prosperó casi sin debate con 313 votos a favor, solo los 33 de Vox en contra, y la discusión se centró en otro decreto en el que el Ejecutivo incluyó un grupo de actuaciones urgentes para combatir situaciones de vulnerabilidad social y tributaria y aportar unos recursos financieros de 20.000 millones pendientes para las autonomías y los ayuntamientos. Ese cóctel tampoco convenció a PP, Vox, Junts y UPN, que lo boicotearon con sus 177 votos frente a los 172 que logró sumar el Ejecutivo con sus aliados.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, intentó sin mucho convencimiento pero con apelaciones al corazón explicar a los opositores que de lo que se trataba era de evitar o reducir la incertidumbre a miles de familias que sufren todo tipo de dificultades y de que “la buena marcha de la economía llegue a la mayoría social” del país. Ese decreto contempla ayudas en el ámbito de la vivienda, la energía, el empleo, fiscales y para las administraciones locales, pero el problema se centró en la prohibición de los desahucios para los inquilinos que no tengan otra opción para vivir. El ministro rescató en su favor la literalidad del decreto elaborado el año pasado, con la misma medida, y que recabó al final tras un periplo parlamentario similar el apoyo de 315 parlamentarios de todos los grupos, incluidos el PP y Junts, y la única oposición de Vox. No funcionó.

El Gobierno, a instancias del PNV, retocó algo el decreto inicial para excluir de esas prohibiciones de desahucios a los pequeños propietarios de dos viviendas. Bolaños destacó también la partida incluida de 300 millones para dotar a los afectados por los posibles impagos de alquileres y rechazó como una “mentira para enrojecer de vergüenza” la tesis que esgrimen ahora PP, Vox y Junts para sustentar su rechazo: “Ni okupas ni okupos, no engañen, es una excusa barata y falsa, no hay ni un solo beneficio estructural, al contrario, se les excluye”. Sirvió de poco. La votación estaba sentenciada.

Marta Madreras, de Junts, catalogó la nueva operación del Gobierno como “un chantaje político” al “forzar las costuras” y mezclar en este caso el llamado escudo social con actuaciones sobre la vivienda que identificaron con la okupación. Junts entiende como una contradicción que el Ejecutivo presuma de que “España va como un cohete, pero sigue gobernando como si estuviéramos en una pandemia permanente” al trasladar su obligación y responsabilidad de buscar una solución como Estado para las familias vulnerables a “una penitencia indefinida” para los propietarios privados. Fue una exposición muy parecida a la del diputado de Vox, Carlos Hernández Quero: “Si el problema es de todos, los solucionamos todos”. José Vicente Mari, del PP, tras aludir al 50 aniversario de la muerte de Franco, coincidió en culpar de todo al Gobierno por “apoyar a los okupas y mezclar medidas recurrentes y periódicas que traen año a año porque son incapaces de traer unos Presupuestos del Estado” y por gobernar abusando de los decretos.

Los socios del Ejecutivo, como vienen exponiendo casi semanalmente en este momento ya tan electoral de la legislatura, refrendaron ese decreto de las medidas, y luego el de las pensiones, pero exigiendo más. La portavoz de Compromís, Águeda Micó, lo expresó sin rodeos: “Este decreto no es una solución, es un respiro temporal, es necesario, pero no suficiente, hacen falta soluciones más permanentes”. Néstor Rego, del BNG, abundó en esa línea: “Es preciso avanzar con medidas estructurales que las derechas no puedan tumbar”. Ione Belarra, de Podemos, intentó provocar a las derechas al reprocharles su falta de empatía y desearles que algún día ”sientan en su piel lo que es que te echen a la calle”. Óskar Matute, de EH Bildu, auguró que esta “victoria pírrica se tornará en derrota, porque castigar a los más débiles no es justicia, es crueldad”.

Los portavoces de ERC, Jordi Salvador, y de Sumar, Aina Vidal, aprovecharon sus intervenciones para apuntar especialmente contra Junts, y tildaron su posición de “falacia” o de “sicarios por hacer el juego a los fondos buitres”. La representante del PNV, Begoña Sagastizabal, que revalidó el sí de sus votos a un acuerdo que definió como “de mínimos”, no ocultó sus reparos al cuestionar que el Gobierno insista en llevar al Parlamento votaciones “de todo o nada” para dividir los bloques parlamentarios. El PNV reclamó una reflexión más compleja sobre cómo se llevan estirando actuaciones extraordinarias como si fueran permanentes y para fundamentar sus enmiendas insistieron en destacar que algunos pequeños propietarios que alquilan un piso para sustentar su economía también pueden resultar vulnerables.

El pleno acabó con sorpresa y otra derrota tras el debate del decreto promovido desde el Ministerio de Consumo para “garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en casos de emergencia” y controlar los precios y negocios especulativos ante catástrofes como los incendios en Galicia, las inundaciones en Andalucía o el accidente de Adamuz. PP, Vox y Junts cuestionaron la credibilidad intervencionista del Gobierno y votaron en contra en aras a la protección del libre mercado. El ministro, Pablo Bustinduy, muy enojado por el varapalo que se avecinaba, advirtió antes de la votación final: “Ante situaciones de emergencia no se pueden producir subidas abusivas de bienes esenciales en beneficio de multinacionales extranjeras”. A la salida, y tras apuntar que volverá a llevar al Congreso el decreto como han pedido afectados y responsables autonómicos en Galicia y Andalucía hasta del PP, alertó: “Ojalá no haya más situaciones así en España, pero la próxima vez que haya una emergencia y haya multinacionales extranjeras que se aprovechen de la necesidad y la vulnerabilidad de la gente para intentar lucrarse sin límite ninguno y con total impunidad, que le den las gracias al PP y a Vox, que lo han tumbado”.