El escudo social pondrá a prueba las mayorías en el Congreso en el arranque del año electoral

La convalidación en el Congreso del nuevo decreto prorrogado por el Gobierno con varias medidas de lo que se conoce como el escudo social no está ni hecha ni asegurada. La derecha parlamentaria, en este caso conformada por PP, PNV y Junts, a la que se sumaría Vox, no confirma su respaldo porque vuelve a denunciar que el Gobierno mezcla cuestiones como la revalorización de las pensiones con otros conceptos que habría que negociar de otra forma y por separado. El decreto debería confirmarse en un mes en el Parlamento. Los socios de izquierda sí refrendan el pacto alcanzado entre los partidos de la coalición, PSOE y Sumar, con EH Bildu.

El escenario es muy similar al constatado hace un año, cuando el Ejecutivo ya llevó al Congreso un decreto parecido con la actualización de las pensiones y diversas medidas de protección social o relacionadas con ayudas al transporte público y Junts lo tumbó con el PP y Vox en primera instancia para ratificarlo unos días más tarde con algunos cambios. En el decreto se prolonga la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la prórroga del bono social eléctrico.

El Gobierno tiene que enviar al Parlamento ese macrodecreto con el llamado escudo social más el aumento de las pensiones, aprobado este martes en el último Consejo de Ministros del año tras las frustrantes para el PSOE elecciones extremeñas, en el plazo de un mes hábil, por lo que debería negociar los apoyos antes de que acabe enero, con la idea de que pudiera ser convalidado cuando se retomen las sesiones normales. Por ahora no los tiene. Las negociaciones con los grupos las está comandando de nuevo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Desde el Ejecutivo confirman que todas estas medidas se quieren incluir en un solo decreto y anticipan que están encontrando “buena predisposición” de los socios. El primer acuerdo en ese sentido se alcanzó este lunes con EH Bildu, lo que ha provocado que el PP recupere el mensaje de que no tiene sentido que el Gobierno “luzca” ese tipo de consensos con esa formación si al mismo tiempo pretende sus votos, como ayer advirtió la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. Al PNV tampoco le ha agradado mucho, otra vez, esa preferencia del Ejecutivo con Bildu, con los que están en permanente competición en el País Vasco.

El PNV ya apuntó el lunes, cuando se conoció el pacto entre el Gobierno y Bildu, que además de medidas para frenar o parar desahucios sobre las personas más vulnerables también demandaban otras que protegieran más a los propietarios con una sola vivienda en alquiler. Fuentes del partido vasco remachan, además, que les parece mal que se mezcle el aumento de las pensiones con el escudo social y precisan que en ese paquete de ayudas habría que contemplar más protección para los pequeños propietarios por parte del Estado. Maribel Vaquero, la portavoz del PNV en el Congreso, añadió: “La responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad es del Estado”. En suma, que están esperando a ver qué dice el Ejecutivo sobre sus ideas antes de refrendar su más que probable voto afirmativo.

El PP lleva tiempo avisando de que no se fía de que el Gobierno meta en este tipo de macrodecretos todo tipo de cuestiones y aunque en principio estaría de acuerdo con la subida de las pensiones, que en el caso de las mínimas podrían suponer alzas del 7% al 11%, deja su voto en el aire hasta conocer todos los detalles del proyecto. Muñoz ya avanzó este martes, haciendo un paralelismo con el mal resultado electoral del PSOE en Extremadura, que el Gobierno debería de tomar nota de con qué socios saca adelante algunas iniciativas en alusión a Bildu.

Ante ese panorama, y dando por descontado que todos los socios de izquierda llevan tiempo exigiendo al Gobierno de coalición este tipo de actuaciones “valientes y progresistas” en favor de las familias más desfavorecidas para dar sentido a la legislatura y a sus apoyos, la validación del decreto quedaría en manos de los siete votos clave de Junts, otra vez, que siguen también a la espera de tener más información. Fuentes de la formación catalana lo único que apuntaron, por ahora, es que su posición queda pendiente del debate parlamentario y del día en que llegue el asunto a votación.

Hace un año el Gobierno formuló una solución muy similar con un decreto ómnibus parecido y Junts, tras una intensa negociación, obligó incluso a retrasar varias horas el Consejo de Ministros mientras los miembros del Ejecutivo esperaban en una sala contigua. Entonces, el presidente, Pedro Sánchez, acabó por ceder y entregar a Carles Puigdemont la tramitación en primera instancia de la iniciativa sobre la cuestión de confianza que le reclamaban los independentistas catalanes, y que luego se retiró, y partió aquel macrodecreto en dos, uno con las cuestiones sociales, donde iba la subida de las pensiones, y otro con otras medidas económicas. Ahora parecen querer ir por la misma senda.