El Gobierno asume que solo aprobará otra decena de leyes hasta verano en el Congreso

El Gobierno defiende que el Parlamento ni está paralizado ni bloqueado, como insiste en denunciar la derecha y empiezan a quejarse algunos socios, pero asume que tiene que seleccionar muy bien los proyectos que lleve al Congreso porque cada vez será más difícil sacarlos adelante. No sólo por la ruptura con Junts, que oficialmente no está en ningún bloque pero sí ha advertido de que solo aceptará cuestiones muy específicas y que beneficien a Cataluña. Los avisos empiezan a multiplicarse. El Ejecutivo concede que sabía que esta legislatura “iba a ser más de reglamentación y desarrollo que de nuevas leyes” y pronostica que hasta el verano, en el próximo periodo de sesiones y con tres campañas electorales por en medio, podrían aprobar una decena.

Al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le gusta argumentar que el Congreso, pese a la dificultad y diversidad de su configuración tras el voto en las últimas elecciones, funciona y tiene actividad, al haber conseguido que prosperasen en la primera mitad del mandato hasta 52 proyectos ya publicados en el Boletín Oficial del Estado. Bolaños compara esos datos a su favor con la actividad normativa de cualquiera de los parlamentos autonómicos, incluso los que disfrutan de mayoría absoluta.

La relación con Junts es clave, compleja y no está resuelto que vaya a mejorar en primavera, como espera el Gobierno si finalmente Carles Puigdemont se puede beneficiar de la aplicación de la ley de amnistía y vuelve a España. En el Ejecutivo subrayan, sin embargo, que en el último pleno de este periodo de sesiones se sacaron —algunos con Junts— cinco proyectos (dos leyes y tres decretos) y se aventura que ese resultado podría volver a pasar, cuando se reanude la actividad parlamentaria, ya en febrero, con leyes como la de la multirreincidencia o la de la economía social, cuando vuelva de su paso por el Senado. Algunos de esos proyectos han sido promovidos por Junts, tienen mucha incidencia en Cataluña o gran contenido social. Y en el Gobierno se preguntan retóricamente: “¿Qué harán ahí, se van a borrar?“. Junts ya ha demostrado que en ocasiones, in extremis y si no le conviene, se borra.

Nadie niega la complejidad de la realidad parlamentaria, tampoco en el PSOE. Pero la han asumido como algo con lo que lidiar cada semana y sin otra alternativa. “Ya sabíamos que esta legislatura iba a ser más de reglamentación y desarrollo de leyes de la anterior que de nuevas, y que las que podrían prosperar habría que plantearlas en la primera mitad de esta legislatura”, indican desde el Gobierno. El balance a mitad de mandato han sido 52 proyectos legales aprobados y se fija la meta para el próximo periodo con una docena de sesiones que llegarán hasta el verano y que tendrá muchas semanas sin pleno por las campañas electorales en otra decena.

El propio presidente, Pedro Sánchez, en su optimista balance semestral antes de cogerse unas vacaciones, reconoció la dificultad pero mostró su disposición a continuar por la misma senda que hasta ahora de la geometría variable y buscar votos en todos los rincones del hemiciclo. En el PSOE filtran así esa idea: “Saldrá lo que realmente tenga que salir porque no tengan más remedio que apoyar”. Y enumeran que, además de leyes y decretos, han prosperado todos los nombramientos de cargos que tenían que pasar por el Parlamento.

En la línea de salida para ser discutidos y votados en el pleno del Congreso hay varios proyectos que contienen medidas que, según el Gobierno, deberían interesar mucho a Junts. Y ponen ejemplos: “Está en ponencia, para pasar a comisión, la rebaja del límite de alcohol en la sangre para los conductores, está la ley de Servicios Digitales que debe crear órganos de autoridad para dirimir los conflictos digitales, la ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la de servicios bancarios en municipios pequeños, el decreto con las subvenciones para el transporte público aprobado en el último Consejo de Ministros, o la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que está medio pactado ya hasta con el PP”.

Luego está el tema de los Presupuestos. El presidente, la vicepresidenta, ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y prácticamente todos los ministros consultados aseguran que se mantiene la promesa de presentarlos en el Congreso, algo que no ha sucedido hasta ahora en esta legislatura y que exige la Constitución. Otra cosa será si esa ley fundamental, que Junts ya ha ratificado que no piensa votar y Podemos tampoco, llega realmente a votarse en un pleno. Ese panorama es mucho más difuso.

Los Presupuestos en el aire

En el Ejecutivo aventuran que la vicepresidenta Montero podría entregar ese documento con los Presupuestos del Estado para 2026 en el Parlamento, calificarlo para su teórico debate como hace con casi todo la Mesa del Congreso, abrir su periodo normal de enmiendas de totalidad y al articulado, que varios grupos las presentasen y que al discutirse y votarse primero las enmiendas globales de devolución alguna fuese aceptada y ya no tuviese sentido seguir con el proceso.

La propia Montero insistió, el jueves en la Cadena SER, que tiene tanto los Presupuestos como el nuevo modelo de financiación “muy avanzados”, que los está trabajando ya con algunos grupos y que el objetivo es registrarlos en el primer trimestre de 2026.

Ahí los problemas los tendrá también con algunos socios habituales, desde Sumar, que está en la coalición, a ERC, PNV, Podemos, EH Bildu o BNG, que llevan meses urgiendo a Sánchez a que acelere las leyes más sociales y progresistas para contraponer a la ola reaccionaria y al auge de las derechas en las encuestas y en algunas urnas. En el Gobierno ven pocas posibilidades de que ante el inestable escenario parlamentario actual puedan prosperar proyectos tan largamente demandados como la reforma de la ley de seguridad ciudadana ― coloquialmente conocida como ley mordaza―, la ley de secretos oficiales o la del derecho a la rectificación o de libertad de expresión.