El Gobierno de Ayuso anuncia que llevará a los tribunales la ley que pretende limitar la privatización sanitaria, que aún no está aprobada

La guerra continúa entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la propuesta del Ministerio de Sanidad de limitar la privatización sanitaria. La oposición de Isabel Díaz Ayuso ante la iniciativa de la ministra de Sanidad, Mónica García, llegará hasta los tribunales—según ha anunciado el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, en una rueda de prensa esta mañana— en el caso de que terminase prosperando la propuesta, algo que parece complicado. “Mónica García quiere exportar el caos sanitario al resto de comunidades autónomas, el caos que tiene en su propio ministerio, el caos que tiene la única gestión real, que es la de Ceuta y de Melilla y el caos que tiene con esas huelgas de médicos generalizadas, precisamente a cuenta de ese estatuto y ese acuerdo marco”, ha dicho el portavoz.

Después del Consejo de Gobierno celebrado este jueves, García, que también ejerce como Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha expresado que no van “a consentir que Mónica García, que ha demostrado ser la ministra más incompetente del Ministerio de Sanidad, exporte ese caos precisamente a las comunidades autónomas que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo con éxito”.

“El de Pedro Sánchez es el Gobierno más corrupto de la democracia”, ha insistido el portavoz madrileño, que se justificaba con “el informe anual publicado por Transparencia Internacional, que asegura que España es uno de los países europeos donde más ha crecido la percepción sobre la corrupción”.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha respondido a las palabras del García. “En Villaquirón están muy preocupados”, afirma. Y añade, “a Ayuso y a su novio se les acaba la fiesta. No se han preocupado por el millón de pacientes en lista de espera. No se han preocupado por los audios del CEO de Torrejón, por cómo la salud de los madrileños está en riesgo. Se han preocupado cuando han visto que se les acaba la fiesta, que se les acaban las mordidas Alberto Quirón, el tren de vida de millonarios y desguazar la sanidad para llevarse ellos el beneficio. Esta ley es más necesaria que nunca para proteger la sanidad pública y para blindarla de los buitres”.

La crisis entre Ayuso y el Gobierno de España se ha recrudecido una vez más después de que el Consejo de Ministros comenzara a tramitar la ley que pretende frenar la privatización de la sanidad en España, cuyo principal objetivo es revocar normas anteriores para impedir casos como el del Hospital de Torrejón, en el que el CEO de la empresa que gestiona el centro público, según grabaciones publicadas en EL PAÍS de reuniones internas,pedía a sus responsables que aumentasen las listas de esperapara incrementar los beneficios.

Ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que desde el Gobierno de España se busca “la revolución” y, además, destruir la sanidad madrileña. Mónica García contestó poniendo el foco específicamente en Ayuso y sus “vínculos personales” con Quirón, la gran empresa de la sanidad privada madrileña, donde trabajó la pareja de la presidenta. Según García, esta ley no pretende destruir nada, sino blindar la sanidad pública frente a las “garras especuladoras”. García ha ofrecido detalles sobre la privatización en Madrid, con escándalos recientes, y ha mostrado que el Gobierno está dispuesto a dar esta batalla política a fondo.

La tramitación de esta iniciativa del Ministerio de Sanidad se aceleró tras el escándalo del Hospital de Torrejón, que destapó este periódico. Se trataría de una ley que busca garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud, reforzando un marco jurídico que asegure su carácter universal, equitativo, transparente y de calidad. Así mismo, limitaría la gestión indirecta a supuestos excepcionales evaluados previamente y evitaría fórmulas contractuales que reduzcan la capacidad de supervisión institucional. La iniciativa quiere, además, poner la lupa en concesiones como las que tiene Madrid con Quirón y Ribera.

Sin embargo, las posibilidades de que esta futura ley prospere son bastante escasas. Tras aprobarse en el Consejo de Ministros, debe pasar el trámite parlamentario, donde no hay una mayoría que avale el texto. La suma de partidos de izquierdas, en caso de que se pusieran de acuerdo, no llega para la aprobación que, en cualquier caso, iría muy justa por plazos.

La hipotética aprobación de esta ley no tendría efectos retroactivos, así que las concesiones en vigor seguirán así hasta que terminen los contratos, como sería el caso del hospital de Torrejón.

En España hay ocho hospitales públicos de gestión privada basados en el modelo Alzira: el de Torrejón, el de Vinalopó y Povisa (en Vigo), gestionados por Ribera; y el Rey Juan Carlos (Móstoles), el Infanta Elena (Valdemoro) y el General de Villalba, gestionados por Quirón; el de Denia, gestionado por Marina Salud; y el Policlínico Riojano Nuestra Señora de Valvanera.