Cuando la rentabilidad desplaza a los pacientes

El escándalo del Hospital de Torrejón ha hecho saltar por los aires un debate que llevaba décadas latente: ¿Qué ocurre cuando la gestión de un servicio público esencial se entrega a empresas cuyo fin último es la rentabilidad? La pregunta no es nueva, pero las revelaciones recientes han dado una respuesta tan cruda como incómoda. Los audios y correos internos divulgados muestran un sistema donde la prioridad no era atender mejor, sino seleccionar mejor: escoger a los pacientes más rentables, reorganizar prioridades clínicas en función del beneficio empresarial y frenar procedimientos costosos, aunque fueran necesarios desde el punto de vista médico. La lógica implícita era diáfana: restringir la atención a quienes generaban menos ingresos y reservar recursos para pacientes derivados desde otras zonas cuya atención resultaba más lucrativa.

La grabación en la que un alto directivo de Ribera Salud reconoce que “la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa” sintetiza ese modo de operar: cada paciente no atendido era un ahorro, y cada ahorro, un incremento del beneficio. Lo que hasta hace poco era un argumento político o ideológico hoy es un hecho documentado: cuando un servicio público esencial se somete a presiones mercantiles, termina comportándose como un negocio.

Sanidad pública y negocio privado: una tensión estructural

La cuestión de fondo es si puede conciliarse el afán de lucro con la prestación de un derecho fundamental. No se trata de demonizar al sector privado —que históricamente ha desempeñado un papel complementario en el Sistema Nacional de Salud—, sino de reconocer que cuando la gestión de los elementos esenciales del sistema se externaliza, la lógica empresarial invade el espacio de las decisiones clínicas. Y cuando un hospital público gestionado por una empresa privada debe elegir entre operar a un paciente o mejorar su EBITDA, la frontera ética se desdibuja.

El caso de Torrejón no es una anécdota ni un error de comunicación: es un síntoma de un modelo que permite que intereses ajenos al bienestar de los pacientes se impongan sobre las necesidades clínicas. Durante años se advirtió de que esto podía ocurrir. Ahora sabemos que, al menos en este caso, ocurrió.

El episodio que marca un antes y un después

Lo sucedido obliga a replantear con rigor el papel de la gestión privada en servicios donde la vida, la dignidad y la igualdad están en juego. No es solo una discusión técnica, sino democrática. Un sistema público sometido a incentivos privados termina generando desigualdades y opacidades incompatibles con el derecho a la salud.

Por ello, se vuelve urgente avanzar hacia una auténtica Ley de Gestión Pública que blinde el sistema frente a las inercias del mercado. Una norma que recupere la gobernanza pública de los centros sanitarios, limite la participación de empresas con ánimo de lucro y garantice que decisiones como las conocidas en Torrejón sean imposibles por diseño, no únicamente por sanción.

Hacia dónde debe ir la Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS

La nueva ley llega en un momento crítico. Para ser transformadora debe abordar los elementos estructurales que han permitido que la rentabilidad se deslizara por las rendijas del sistema.

En primer lugar, es imprescindible blindar la gestión pública frente al ánimo de lucro, garantizando que las áreas esenciales —hospitales, urgencias, atención primaria, emergencias, diagnósticos estratégicos— no queden en manos de empresas sometidas a intereses financieros.

En segundo lugar, debe derogarse de manera efectiva la Ley 15/97, que abrió la puerta a modelos de gestión privatizada sin mecanismos de control suficientes. Restaurar la gobernanza pública como modelo preferente requiere un calendario claro de reversión de los centros externalizados.

La ley debe también regular estrictamente la colaboración público-privada: prohibir acuerdos con fondos de inversión, imponer transparencia contractual absoluta y establecer cláusulas de rescisión automática ante incumplimientos sanitarios o éticos.

Otro aspecto clave es impedir la doble pertenencia y las puertas giratorias profesionales, incompatibilizando la toma de decisiones en el sistema público con la actividad simultánea en empresas privadas del sector.

Además, es imprescindible crear un sistema nacional de trazabilidad de listas de espera. Si algo ha revelado el caso Torrejón es que la opacidad favorece la manipulación. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurre en cada tramo del proceso asistencial.

Por último, la ley debe reforzar la atención primaria, garantizar la soberanía pública en datos e infraestructuras y recuperar la participación ciudadana como mecanismo de control democrático.

Un blindaje para lo que es de todos

El futuro del sistema sanitario público dependerá de que esta ley no sea un parche, sino un blindaje: cerrar la vía por la que el ánimo de lucro penetró en lo más profundo del sistema; recuperar el control público de lo esencial; garantizar transparencia, equidad y responsabilidad; y, sobre todo, recordar que la salud es un derecho que no puede sacrificarse en el altar de la rentabilidad. El caso Torrejón muestra que donde manda el negocio, la equidad se resiente y la confianza pública se erosiona. Y sin confianza, ningún sistema sanitario puede sostenerse.