La empresa gestora del hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron en el canal ético las medidas impuestas

El grupo Ribera Salud ha despedido al menos a cuatro directivos que denunciaron en el canal ético interno las instrucciones del CEO, Pablo Gallart, para aumentar las listas de espera y descartar procesos rentables para aumentar beneficios en el Hospital de Torrejón, centro público madrileño de gestión privada.

EL PAÍS desveló el miércoles los audios de una reunión el pasado 25 de octubre en los que el CEO dio estas instrucciones a una veintena de directivos. Unas horas después, a las 21.40 de ayer, Ribera envió un comunicado anunciando que, “para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo, Pablo Gallart ha solicitado al presidente de Ribera, Emmanuel de Geuser, desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley”.

A esa reunión de septiembre siguieron otras en las que se confirmaron y especificaron estas órdenes. Poco después, el 22 de octubre, Pilar Navarro, que por entonces era gerente del hospital, cursó una denuncia interna en la web del grupo para alertar de estas prácticas, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico. Dos días después fue despedida.

El 26 de octubre, tres miembros de la dirección asistencial de Ribera remitieron otra denuncia por el mismo canal. La firmaban Carlos Catalán, director médico del grupo, María Josefa Soriano, directora de enfermería, y José David Zafrilla, director de calidad y experiencia del paciente. Los tres fueron despedidos al día siguiente, el 27 de octubre.

Al ser preguntado por estos cuatro despidos, un portavoz del grupo Ribera ha explicado por escrito a este periódico que la compañía decidió poner fin a la relación laboral con estas personas, “debido a la pérdida de confianza en su gestión y su falta de liderazgo, con motivos justificados que nada tienen que ver con el asunto en cuestión”. “Los cambios en los puestos de responsabilidad son habituales en las organizaciones, y muchas veces van acompañados de denuncias en los canales internos, que son objeto de investigaciones internas para determinar su veracidad o no”, ha añadido.

En las comunicaciones internas a las que ha tenido acceso EL PAÍS, dirigidas tanto al grupo español como a la matriz francesa, Vivalto Santé (propietaria de un 75% de Ribera), los firmantes denuncian las medidas que impulsó el CEO de Ribera. Gallart pidió a los mandos del grupo y del Hospital de Torrejón “imaginación” para mejorar los resultados de la empresa y marcó una directriz clara: “desandar el camino” en la bajada de listas de espera de años anteriores y “hacer iteraciones” —es decir, ajustes— para “alcanzar un ebitda [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”.

“Mala praxis asistencial”

Los firmantes describen en sus denuncias su preocupación por la “vulneración de los derechos de los pacientes” y la “mala praxis asistencial” que estas indicaciones pueden conllevar, y solicitan una investigación interna que indague en posibles incumplimientos de compromisos adquiridos con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la administración que contrató a Ribera para gestionar el hospital.

Entre ellos, enumeran las instrucciones que Gallart dio y otras que, aseguran en esos escritos, se recibieron con posterioridad, como dar prioridad a pacientes “no cápita” ―aquellos que no tienen asignado por defecto el hospital, pero que piden ser atendidos en él― rentables, relegando la atención a los no rentables.

En las dos denuncias presentadas en el canal de cumplimiento ético y legal (Compliance) de Ribera se incluyen alertas sobre las órdenes de atender consultas a pacientes “cápita”, pero no realizar sus cirugías, lo que provoca una “demora deliberada para derivarlos a otros hospitales”. O suspender la atención de diálisis peritoneal “no cápita” por su coste, remitiendo pacientes a otros centros, y vulnerando así la Ley de Libre Elección de la Comunidad de Madrid, que permite a los residentes elegir el centro en el que quieren ser atendidos.

Las comunicaciones en este canal interno van más allá de los audios publicados el miércoles por este periódico. Aseguran, por ejemplo, que hay instrucciones de incrementar la cirugía de los pacientes a los que no les corresponde el hospital ―por las que la Comunidad paga― desplazando a pacientes del área de la programación quirúrgica, que ya están incluidos en el canon fijo que abona la Consejería.

El departamento de Compliance respondió a esas denuncias casi un mes más tarde, cuando los directivos ya habían sido despedidos. En su respuesta explica que tras una investigación interna no se habían obtenido “evidencias del incumplimiento del contrato concesional o de la normativa aplicable”, o la comisión de “infracciones penales o administrativas graves o muy graves”. Y que, por tanto, se procedía al “archivo de la comunicación”.

Tras el despido, Carlos Catalán, que era director asistencial del grupo, envió un correo electrónico a una veintena de compañeros, al que también ha accedido EL PAÍS. En él lamenta que el proyecto por el que apostó hace 26 años “ha desaparecido de la mano de los actuales gestores, que quieren cumplir sus objetivos financieros a cualquier precio, incluida la salud de los pacientes”.

“Nunca durante este largo periodo nadie me ha pedido que haga u obligue a hacer a otros nada que pusiera en riesgo la salud de los pacientes, y, por tanto, ahora no puedo ceder a esta amenaza”, continúa.

Una reunión de urgencia

Ante los planes que han revelado los audios del CEO de Ribera revelados por EL PAÍS, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha convocado de urgencia una reunión con la cúpula directiva de la empresa y ha informado que ha movilizado a un equipo multidisciplinar que se ha personado en el hospital para “constatar ‘in situ’ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos” y que “adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder”.

“En ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)”, asegura en un comunicado.

La comunidad ha inyectado 88 millones de euros adicionales en los últimos cinco años a Ribera para la gestión del hospital, a los que se suman un rescate de otros 32,7 millones el pasado julio para que el grupo pudiera hacer frente a las deudas adquiridas en el Hospital de Torrejón, que en 2022 alcanzaba los 124 millones de euros.

Un portavoz autonómico justificó entonces que este abono extraordinario se debía a la necesidad de un reequilibrio del contrato por gastos no contemplados al inicio, como el gran gasto farmacéutico. Es, precisamente, uno de los gastos que Gallart pidió a sus mandos revisar: “La actividad que lleva pareja temas de farmacia es posible que no nos interese. No sé, hay muchísimas teclas que podemos tocar”.

El modelo del Hospital del Torrejón es una invención del propio grupo Ribera, que lo puso en marcha a finales de los noventa en la Comunidad Valenciana. Se basa en que la empresa construye la infraestructura y la gestiona ―incluida la actividad clínica― durante un periodo de tiempo que suele ser de 30 años. La administración paga un canon fijo por el servicio, que va en función de la población, no de la actividad, como sucede en otro tipo de concesiones. En el caso de Madrid hay abonos adicionales por intervenciones a pacientes “no cápita”.

A los efectos de la asistencia sanitaria de los ciudadanos, los hospitales que operan bajo este modelo son públicos y deben proveer los mismos servicios que cualquier otro. En Madrid, además del de Torrejón, funcionan bajo el mismo sistema el Hospital General de Villalba, el Infanta Elena y el Rey Juan Carlos, gestionados por Quirón.