El Gobierno aprobará hoy el anteproyecto para frenar el modelo Torrejón de privatización en la sanidad pública

El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que pretende frenar la privatización en la sanidad pública y vetar en el futuro modelos como el del Hospital de Torrejón del grupo Ribera o los que tiene Quirón en Madrid, que forman parte de la red pública, pero están gestionados por empresas. Esta norma se aceleró a partir del escándalo que generaron las revelaciones de EL PAÍS sobre los planes del centro hospitalario madrileño de mejorar sus beneficios aumentando las listas de espera, entre otras medidas.

El anteproyecto, que adelantó anoche la SER y ha confirmado este periódico, tiene un largo camino por delante. Tras el Consejo de Ministros, ha de superar toda una tramitación parlamentaria en la que tiene muy complicado salir adelante tal y como está redactado, tanto por falta de apoyos del Gobierno como por plazos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ya adelantó en diciembre a este periódico algunas de las líneas maestras de este texto: derogará la ley de 1997 del Gobierno de Aznar, que abrió la puerta a que empresas privadas gestionaran hospitales públicos con concesiones.

El anteproyecto veta la privatización, salvo excepciones que tienen que cumplir varias condiciones: que no sea posible la prestación pública, que se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia y que se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Según la SER, que ha tenido acceso al documento, para que las autonomías puedan concertar con la privada, se establece un mecanismo de evaluación previo y obligatorio: deberán justificar en un informe la necesidad de esa colaboración público-privada, algo que luego analizará un comité de expertos y técnicos. Se priorizarán los conciertos con entidades no lucrativas frente a las empresas que solo busquen hacer negocio.

El texto legal amplía los mecanismos de control público sobre la prestación del servicio, con especial énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas. Para ello, obliga a las comunidades autónomas a hacer pública de manera periódica información exhaustiva sobre contratos y conciertos, así como sobre resultados en salud y calidad asistencial.

No obstante, la ley establece un límite temporal a su aplicación y deja fuera de su ámbito los conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas formalizadas antes de su entrada en vigor, que continuarán regulándose por la normativa vigente en el momento en que fueron adjudicadas.