Casi un tercio de los hospitales del Sistema Nacional de Salud están gestionados por la privada

Cada vez más prestaciones hospitalarias del Sistema Público de Salud (SNS) están en manos privadas. Según un informe que ha presentado el Ministerio de Sanidad en el Consejo de Ministros de este martes, la proporción ha crecido un 36,8% en la última década. Casi un tercio (un 30,7%) de los 753 centros son privados, con más de un 80% de la financiación o actividad en manos privadas.

El gasto en hospitales privados pertenecientes al SNS se incrementó un 84,6% entre 2011 y 2023, hasta alcanzar 4.800 millones de euros.

La proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7% en 2011 al 17,8% en 2023 y la de quirófanos, del 8% al 10,7%. El fenómeno se concentra sobre todo en Cataluña y Navarra, donde la red privada presta parte sustancial de la asistencia, aunque buena parte de ella son consorcios con entidades sin ánimo de lucro.

“El estudio concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general”, señala el ministerio.

La ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que el modelo de colaboración no ha demostrado mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud, y ha advertido sobre los riesgos que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema.

Ha subrayado que la mayoría de los procesos “complejos y costosos” están en manos de la pública. Aquí incluye el 100% de los neonatos de menos de 30 semanas con bajo peso, trasplantes, quemados y membranas de oxígeno extracorpóreas. También la mayoría de procesos “poco rentables”, como los que dan los centros de día. El 75% de las urgencias están en manos públicas y, del resto, el 25% tiene financiación pública.

La ministra ha añadido que también la pública hace el seguimiento de la mayoría de los procesos más comunes, como son síndromes virales, síncopes o traumatismos. “Lo que ha subido en privados son [tratamientos de] faringitis, amigdalitis e infecciones de tracto superior. Esto da una buena imagen del peso de cada uno de los sistemas”, ha asegurado.

Con este panorama, ha dicho García, se entiende “mejor lo que ha pasado” en el Hospital de Torrejón, en referencia a las órdenes de Pablo Gallart, consejero delegado de la empresa que lo gestiona, el grupo sanitario Ribera, para aumentar listas de espera y seleccionar procesos rentables para mejorar el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), y que fueron desveladas por EL PAÍS.

“No son rencillas entre directivos [tal y como dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid], es el resultado del modus operandi de un sistema que parasita nuestro sistema público a través de cuenta de resultado de empresas privadas. Es el modus operandi sobre todo en Madrid, y residualmente en la Comunidad Valenciana”, ha dicho García.

El informe que ha presentado, es “una hoja de ruta”. “Si la mayor parte de la gente confía en pública, si la mayor parte del sistema se financia con recursos públicos, si más del 95% de la atención compleja está en el sistema público, si los centros privados depende estructuralmente al final de dinero público para poder funcionar, la conclusión es que necesitamos una ley que proteja y que blinde lo público”, ha sentenciado la ministra.

ESu departamento está preparando una ley que pretende llevar a principios del año que viene al Consejo de Ministros para prohibir que empresas privadas con ánimo de lucro gestionen hospitales públicos, lo que supone derogar la 15/97, que lo hizo posible. Tendría que pasar, en cualquier caso, por un complicado trámite parlamentario.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha dicho este martes la ley que anunció García es “inconstitucional”, “invade competencias autonómicas” y “va contra la normativa europea”, informa EFE. También ha informado de que su departamento no ha encontrado deficiencias en el Hospital de Torrejón, pero ha advertido que si se comprueba algún tipo de negligencia en la gestión “no le va a temblar una pestaña” y no se descartaría incluso rescindir el contrato.

Amplía el requisito de información

El ministerio, según ha anunciado su titular, ha requerido a la consejería de Sanidad madrileña los resultados de estas investigaciones, así como las auditorías económicas y de gestión de los últimos años, las actas de la comisión mixta entre la comunidad y la empresa concesionaria, los datos de atención a pacientes de fuera de su área, los escritos de denuncias de cuatro directivos que fueron despedidos y cualquier otra denuncia o información que pueda servir para esclarecer el caso.

García ha ampliado estos requerimientos para que la consejería aporte también los datos de los otros cuatro hospitales de gestión privada que operan en la red pública madrileña, todos operados por el grupo Quironsalud. Los tres que operan bajo el mismo modelo que Torrejón ―el Rey Juan Carlos, en Móstoles; Infanta Elena, en Valdemoro y General de Villalba, en Collado Villalba― y la Fundación Jiménez Díaz, en la capital.

“Como sabemos que no solo ocurre en Torrejón, sabemos que es el modelo de sanidad en la Comunidad de Madrid, también [ha solicitado informes] de los centros gestionados por Quironsalud”, ha asegurado García.