El alto cargo que firmó los protocolos de las residencias señala ante la jueza a Escudero, el exconsejero de Sanidad de Ayuso

Carlos Mur, ex alto cargo madrileño imputado por las muertes sin atención hospitalaria en las residencias de mayores durante la pandemia, se ha defendido este martes ante una jueza refiriéndose en varias ocasiones a lo que sabía y ordenó el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ha dicho que este conocía que la medicalización no funcionaba y que los protocolos, elaborados por el propio Mur, eran el desarrollo de la idea de medicalizar esos centros, contenida en un plan de Escudero.

Mur, que era el director general de esa Consejería encargado de supervisar la atención sanitaria a las residencias, ha contestado a la jueza que mandó un correo el 20 de marzo de 2020, en el que Escudero y otros altos cargos madrileños estaban en copia, alertando de que el plan de tratar a los enfermos en las residencias “no era factible” en ese momento, según ha confirmado él mismo a EL PAÍS al término de una vista que estaba cerrada al público.

Como contó este diario, Mur advirtió en ese email de que los refuerzos médicos no estaban llegando a esos centros. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, escribió. El correo iba dirigido a una alto cargo de la Consejería de Políticas Sociales y en copia también estaban el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, o la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila.

La declaración de Mur este martes es el señalamiento más claro hasta la fecha de una posible responsabilidad de Escudero, quien no está imputado y dejó el cargo en junio de 2023. Hoy es senador y como tal está aforado ante el Tribunal Supremo. Las asociaciones de familias de los fallecidos creen que Mur tiene información para provocar que un juez solicite que se investigue a Escudero; a su mano derecha, la viceconsejera Ana Dávila; o incluso a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Mur, que ejerce como psiquiatra en Andorra, ha declarado por videoconferencia durante una hora y diez minutos en una sesión cerrada al público. La de hoy, en el juzgado de instrucción 37 de Madrid, era la segunda vez que comparecía como imputado. La semana pasada reconoció ante otra jueza de Madrid que no se medicalizó la residencia donde murió un hombre mayor. De acuerdo con las asociaciones de familias Mur está siendo investigado por ocho jueces distintos, una dispersión que se explica porque las muertes denunciadas se han repartido en múltiples órganos judiciales de la región. El procedimiento de este martes versaba sobre la muerte de Pepita Vázquez en la residencia pública de Manoteras, el 14 de marzo de 2020.

El investigado está en el epicentro del caso residencias porque firmó los famosos protocolos de triaje que limitaron drásticamente las hospitalizaciones procedentes de las residencias. Sobre ellos ha dicho hoy que el plan de acción que presentó en público Escudero el 12 de marzo contenía la idea de medicalizar las residencias. La abogada de las familias, Alejandra Jacinto, ha anunciado que van a solicitar ese plan, que la Comunidad tildó de “histórico” pero no facilitó a los medios.

La abogada Jacinto se ha mostrado satisfecha al atender a los periodistas que esperaban en la calle. “Hoy por primera vez yo he visto a Carlos Mur comprometido”, ha valorado y ha añadido que la jueza, Purificación Elisa Romero, había hecho un intenso interrogatorio. Entre otras cuestiones, la magistrada le ha preguntado sobre por qué no fueron derivados los mayores al hospital de campaña de Ifema o a los hospitales privados, según Jacinto. Al respecto, la abogada ha añadido que Mur había respondido que no tenía información suficiente.

Mur ha reiterado que él no redactó los protocolos y se ha referido a que estos fueron obra de los geriatras de hospitales públicos que colaboraron con él. Se ha referido como autores al doctor Francisco Javier Martínez Peromingo, del Hospital Rey Juan Carlos y también imputado en varios juzgados, pero también a otra doctora del Gregorio Marañón, Maite Vidán, cuyo nombre ya citó en 2021 en su comparecencia en la Asamblea. La acusación va a solicitar que se cite a esta geriatra.

“Su señoría le ha preguntado en reiteradísimas ocasiones que cómo es posible que él firme una cosa que dice no haber redactado”, ha dicho Jacinto, “porque él ha vuelto a insistir en que él no redactó los protocolos y que es más, que mostró su disconformidad con los criterios que podían dar lugar a error, a interpretaciones de discriminación, tal y como habían alertado, por ejemplo, el consejero Reyero”.

El juzgado no ha podido localizar a otros dos ex altos cargos que estaban citados este martes: el propio Peromingo; y el ex gerente de las ambulancias del Summa 112, Pablo Busca.

El juzgado de instrucción 37 es uno de muchos que siguen pendientes de una decisión de la Audiencia Provincial que puede transformar el caso. Ese tribunal debe decidir si unifica los procedimientos en un solo juzgado como pidieron en un recurso de septiembre las familias y Peromingo. El elegido sería el juzgado 3 de Madrid, el primero que imputó a estos exrresponsables.

En el caso del 37, se investiga una querella presentada por Concha Quirós, la hija de Pepita Vázquez. Además, estaba citada a declarar como investigada pero no ha sido localizada la geriatra del Hospital Ramón y Cajal que se encargaba de aplicar el filtro de los protocolos a Manoteras y otras residencias de su zona de influencia.

Quirós aguardó en la calle desde bien temprano, arropada por las decenas de manifestantes de las asociaciones que nunca faltan a estas citas. Portaba un cartel con una imagen de su madre. Es la foto que tomó durante la última merienda con ella, el 8 de marzo.

Indignada, no se creía que los juzgados hubieran buscado con celo a los ausentes. “Pero si son capaces de localizar a un pobre que roba unas gafas”. De fondo sonaba un lema contra Ayuso: “Que somos afectados, que no somos frustrados”.

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