Sumar urge al PSOE a aprobar un escudo social con un impuesto a las energéticas y un límite al precio de los alimentos

Sumar ha instado este lunes al socio mayoritario del Gobierno a desplegar con “carácter urgente e inmediato” un escudo social “que proteja a la gente” de las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo. La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha dicho en rueda de prensa que los efectos se están “notando ya” en los bolsillos de la ciudadanía. Para Hernández, el escudo social tumbado por PP, Vox, Junts y UPN en el Congreso hace dos semanas “se ha quedado pequeño”. “Nosotras proponemos un escudo social mucho más amplio que aborde estratégicamente, y no de manera cosmética, medidas en materia de energía y vivienda”, ha sostenido la coordinadora de Sumar. A pesar de la urgencia del socio minoritario, el Consejo de Ministros de este martes no dará luz verde a ninguna de las medidas propuestas, ya que ambas formaciones siguen en fase de diálogo.

Lo que busca Sumar es recuperar el impuesto extraordinario a las energéticas “que permitía recaudar más de 1.300 millones de euros al año destinados a bajar precios del transporte público”, establecer una ayuda para los transportistas profesionales, recuperar la excepción ibérica “para intervenir el mercado eléctrico estableciendo un tope máximo de 30 euros por megavatio hora como en la guerra de Ucrania” y limitar los precios de la energía y de los alimentos básicos. Hernández también ha expuesto la necesidad de que aumente el número de familias que perciben el bono social eléctrico y reforzar las bonificaciones tanto al transporte público como a los profesionales que dependen más del gasóleo: transportistas, agricultores, pescadores y taxistas.

“Los gobiernos existen para que en momentos así se proteja a la ciudadanía”, ha recalcado la representante de Sumar y se ha referido al cierre del estrecho de Ormuz que ha disparado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares el barril. La formación también ha propuesto descontar 20 céntimos por litro de combustible, siempre que el precio supere los dos euros, tal y como se aplicó durante el conflicto de Ucrania. En cuanto a la vivienda, Hernández ha abogado por prorrogar los contratos de alquiler que vayan a vencer para que “nadie se quede en la calle”.

Desde Bruselas, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dicho que “no tiene ninguna duda” de que España aprobará el escudo social. A su llegada al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea, Rego ha afirmado que “están trabajando en ello” y saldrá adelante “como han hecho en otras ocasiones, trabajando con mucha determinación”. Fuentes de Sumar aseguran que el PSOE “no tiene prisa por aprobarlo”, pero sí le ven con voluntad de hacerlo.

También la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha pronunciado y ha asegurado que “llegado el momento, adoptará todas las medidas que considera “importantes para bajar la cesta de la compra o los costes de producción de las empresas españolas”. Montero no lo ha hecho para replicar a su socio en el Ejecutivo, sino para reprochar al PP que plantee esta cuestión “como si esto se tratara de una competición” o lanzando “retos” al Gobierno para que apruebe esas medidas en el Consejo de Ministros este martes.

Podemos, por su parte, prefiere no esperar a que el PSOE y Sumar se pongan de acuerdo. Este lunes, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado que la formación va a registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con sus propias medidas. Entre ellas se encuentran un cheque energético de 300 euros para las familias con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, multiplicado por el número de miembros de la unidad de convivencia; la recuperación del mecanismo de excepción ibérica para topar el precio del gas y limitar el aumento de las tarifas de la luz y del gas a un máximo del 5%, así como prohibir el corte de suministros y mejorar los descuentos del bono social eléctrico.

Fernández lo ha calificado como el “plan anti-Trump de paz y refugio para hacer frente a las consecuencias derivadas de los ataques militares ilegales de los Estados Unidos y sus socios”. Además, ha sugerido la celebración de un referéndum para decidir si España sale de la OTAN.