¿Por qué Estados Unidos no puede suspender a España de la OTAN?

El mensaje interno del Pentágono difundido por la agencia Reuters en el que se baraja la opción de “suspender” a España como miembro de la OTAN por no apoyar las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán, suscita la pregunta de qué acciones puede emprender la Administración de Donald Trump contra Madrid o cualquier otra capital de la Alianza.

Los Estados Unidos de Trump parecen empeñados en desestabilizar la Alianza Atlántica, la organización que basa su fuerza en la disuasión y en la idea de que si un enemigo ataca a un aliado, el resto responderá como si esa agresión fuera a ellos mismos. De nuevo, la Administración Trump ha ondeado la idea de suspender a España de la OTAN, una organización de la que forma parte desde 1982. Un correo del Pentágono plantea que EE UU penalice a los aliados “difíciles”, y entre esos castigos figura la posibilidad de suspender a España de la Alianza. Sin embargo, más allá de la palabrería y de las amenazas, suspender o expulsar a un país de la organización militar no es posible, según el documento fundacional de la OTAN. El tratado de Washington, que entró en vigor en agosto de 1949, prevé la posibilidad de que un país abandone voluntariamente la organización, pero no de que sea excluido contra su voluntad.

Aunque Washington sí tiene otras fórmulas para perjudicar a Madrid dentro de la Alianza, como bloquear nombramientos españoles para la cúpula de la alianza militar, por ejemplo. O insinuar que no defenderá a España o a otros países “difíciles”, un punto, sin embargo, que dinamitaría la base de la organización.

No es la primera vez que Trump amenaza con expulsar a España de la OTAN, una organización a la que ya en su primer mandato tenía algo de manía. El magnate ya puso en la diana al país por no comprometerse a alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa, como exigió EE UU al llegar el republicano, una cifra que sí firmaron el resto de aliados de la OTAN el año pasado en la cumbre de La Haya. Ahora, vuelve a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez por el desacuerdo del socialista con la guerra que han desatado Trump y el israelí Benjamín Netanyahu contra Irán. Madrid se ha negado a prestar apoyo militar a Washington, le ha vetado el uso de su espacio aéreo para las operaciones de ataque a la República Islámica y también el uso de las bases de Rota y Morón para la campaña militar.

Legalmente no hay un marco dentro del tratado de Washington para expulsar a un país. Y Pete Hegseth, expresentador de televisión y ahora secretario de Defensa de EE UU, que controla el Pentágono, debería saberlo. El artículo 13 del citado documento fundacional de la Alianza Atlántica señala que, “pasados 20 años de vigencia del tratado, cualquiera de las partes podrá dejar de serlo, un año después de haber notificado su denuncia ante el Gobierno de Estados Unidos de América, el cual informará a los gobiernos de las otras partes del depósito de cada notificación de denuncia”.

Y esa notificación se hace al gigante norteamericano porque es el país guardián del tratado, su líder (posee el arma más poderosa: la disuasión nuclear) y, hasta la llegada de Trump, su valedor y protector.

Ningún Estado miembro se ha marchado voluntariamente de la OTAN. Francia, por ejemplo, bajo el mandato de Charles de Gaulle, se retiró de la estructura militar integrada de la OTAN, pero siguió siendo miembro político de la organización y se reincorporó plenamente a la estructura militar en 2009.

España, tras el referéndum de 1986, con el socialista Felipe González al frente, decidió mantener a las Fuerzas Armadas españolas al margen de la cadena de mando aliada —a través de los llamados acuerdos de coordinación—, pero el Gobierno de José María Aznar decidió, una década después, acabar con esta singularidad y negociar la plena integración.

No es tampoco la primera vez que se plantea la posibilidad de expulsar a un país. Ya sucedió con Turquía por su operación militar en Siria, pero esa idea nunca llegó a cuajar: el tratado no lo contempla. Poco después de su fundación, Canadá llegó a plantear acordar una cláusula que permitiese suspender a un aliado si dejaba de alinearse con los ideales democráticos de la organización militar, pero nunca se hizo. En ese momento se llegó a la conclusión de que ese mecanismo de expulsión sería contraproducente y que dañaría la capacidad de disuasión de la OTAN.

Aunque, dentro de ese debate, el Senado estadounidense llegó a asegurar que esa cláusula no sería necesaria, pero que “si un miembro viola persistentemente los principios contenidos en el pacto, los demás miembros ya no estarían obligados a prestarle asistencia”. Pero no hay nada en el tratado que hable tampoco de esa posibilidad.

Resolución por la vía diplomática

Dentro de la Alianza, las preocupaciones por la actuación de un aliado —generalmente choques en política exterior, derechos civiles o conflictos internos— se resuelven por la vía diplomática. Aunque cuando saltó la polémica con Turquía varios estudiosos lanzaron la posibilidad de que recurrir a la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, que sugiere que si hay una violación sustancial de un tratado (en este caso, el de Washington), los firmantes tendrán derecho, por acuerdo unánime, a suspender, total o parcialmente, la aplicación de aquello o rescindirlo.

Ese farragoso camino legal tampoco está claro, y aunque lo estuviera, requiere la unanimidad de los aliados. Además, constataría un incumplimiento del tratado, algo que no se puede alegar, por ejemplo, con la falta de compromiso de gasto militar del 5% del PIB de España, ya que esa cifra es un compromiso político y no un acuerdo jurídicamente vinculante que se esté incumpliendo. Difícilmente podría alegarse también incumplimiento de los valores de la Alianza por la postura de España sobre la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán.

El Pentágono también habla de suspender a países “difíciles” de puestos importantes y prestigiosos dentro de la OTAN. Eso sería más viable, aunque no para suspender a cargos ya nombrados, sino para vetar a los nuevos: para los puestos de la cúpula de la Alianza hace falta el consenso de los aliados. Así que Estados Unidos podría vetar a cualquier candidato español.