El juez reclama los movimientos de Montoro y su entorno en 24 bancos en los últimos 20 años
El magistrado señala que la información entregada por las entidades en anteriores requerimientos es “insuficiente” para avanzar en la investigación
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha dictado un auto en el que reclama los movimientos bancarios del exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro, de seis personas de su entorno, incluido su hermano Ricardo, y de cinco empresas ligadas a ellos en 24 entidades financieras desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad. El magistrado investiga desde 2018 la supuesta existencia de una trama urdida cuando Montoro ocupaba una cartera en los gobiernos de Mariano Rajoy para conseguir legislación favorable a empresas gasistas y de otros sectores, presuntamente a cambio de pagos millonarios a su antiguo despacho, Equipo Económico. En la causa están imputados el exministro y otras 27 personas a las que la Fiscalía Anticorrupción atribuye la presunta comisión de delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
En concreto, el juez pide los “movimientos de todas las cuentas bancarias, estén o no activas”; los ficheros informáticos en los que consten los detalles de “fondos recibidos o enviados en dichas cuentas, con origen o destino al extranjero”; una relación de “cheques y efectos emitidos, recibidos, cobrados o pagados [...] con el máximo grado de detalle”; y las tarjetas asociadas a las mismas, así como cualquier documentación relativa a planes y fondos de pensiones, cajas de seguridad y préstamos concedidos. Todo ello en 24 bancos, algunos ya absorbidos por otras entidades financieras, entre los que se encuentran el Banco Santander, el Sabadell, CaixaBank, BBVA, Unicaja, Ibercaja, ING Bank y Deutsche Bank.
El juez recalca que estas entidades deberán obtener esta información en sus servicios centrales, y no a través de las sucursales donde estén o hubieran estado abiertas las cuentas ni contactando con los titulares de las mismas “al objeto de preservar las actuaciones”. También señala que deberá ser entregada en un plazo máximo de cinco días a los Mossos, a los que a su vez autoriza solicitar “cuanta información adicional” requieran para completar la investigación directamente a las entidades.
No es la primera vez que el juez hace una petición similar. De hecho, el auto, fechado el pasado 12 de abril y comunicado este viernes a las partes, alude a un informe entregado por la Agencia Tributaria el pasado febrero en el que se aseguraba que la documentación que habían remitido algunas entidades bancarias a un anterior requerimiento era “insuficiente” y era necesario “completar la información obtenida”. Por ello, el juez vuelve a insistir en los argumentos que le llevaron a pedir similares diligencias anteriores. Principalmente, su sospecha de que, según las pesquisas de Hacienda, “existe un entramado de empresas a través de las cuales los socios de Equipo Económico/Global Afteli reciben ingresos”, muchos de los cuales no estarían aparentemente justificados. “Se desprende, por tanto, la interposición de personas físicas y jurídicas que pudieran haber sido utilizadas por Equipo Económico con el objeto de blanquear los beneficios obtenidos de las actividades presuntamente ilícitas que se están investigando”, añade la resolución judicial.
En este sentido, el juez insiste una vez en lo que considera una sospechosa “fragmentación de los pagos” de las empresas gasistas y su ingreso “en, al menos, dos cuentas bancarias diferentes”. El auto también pone el foco de nuevo en “la existencia de pagos a exsocios [de Equipo Económico] y familiares fuera del periodo en el que ostentaron la condición de socios, llamando la atención además que no todos los exsocios reciban pagos y que los pagos que reciban sean diferentes, resultando incoherentes con los previos porcentajes de participación”, de tal modo que algunos reciben menos que otros con menor participación. Todo ello apunta, según el juez, a la presunta comisión de un delito de blanqueo de dinero.
El informe de la Agencia Tributaria apuntaba a la supuesta existencia de una arquitectura financiera, con “mezcolanza de fondos” y diseminación de los mismos a través de varias personas y cuentas bancarias, que supuestamente sirvió a Equipo Económico para camuflar los pagos recibidos de distintos clientes. En concreto, había localizado ingresos por un total de 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013, presuntamente procedentes de empresas gasísticas que fueron el origen de la investigación, pero también de otros pagadores.
Los imputados han arremetido en los últimos meses con dureza contra la investigación. Montoro presentó el pasado marzo un recurso contra la decisión del juez de ampliar las pesquisas seis meses más, en el que cargaba contra este y la Fiscalía. “Han transcurrido siete años de investigación sin haber descubierto ni un solo indicio que apunte a una sola conducta criminal [de Montoro]”, dice el texto, que a continuación añadía: “El resultado no ha sido otro que la más absoluta nada”.
El abogado de Equipo Económico había presentado semanas antes otro escrito en el que acusaba a la Agencia Tributaria de extralimitarse en sus pesquisas al analizar el histórico de todos sus ingresos; y al magistrado, de “extrema pasividad” por alargar la causa ocho años sin ni siquiera llamar a declarar a los investigados. Entonces, el letrado describió la instrucción como un “juego perverso en el que el único propósito, ante la evidente ausencia de un mínimo soporte indiciario”, es una “indagación prospectiva”.
