La ‘cultura del pelotazo’ resucita en Alicante en plena crisis de la vivienda con el escándalo de la VPO

Hacía casi 20 años que en Alicante apenas se construía vivienda protegida. En una ciudad donde las casas han visto duplicar su precio en una década, la promoción de Les Naus, de 140 pisos y equipada con piscina y pistas de pádel, había creado grandes expectativas. Eran caros, unos 200.000 euros de media, pero mucho más baratos que los anunciados en las inmobiliarias de las inmediaciones. Sin embargo, los más de 5.000 demandantes de vivienda protegida de la ciudad no tuvieron ninguna opción. Muchas de esas moradas acabaron repartiéndose entre altos cargos afines del PP, algunos con responsabilidades en Urbanismo, y familiares de esos empleados públicos y de empresarios en lo que ha resultado ser una nueva vuelta de tuerca a la cultura del pelotazo: la especulación con vivienda pública, cuya producción sigue bajo mínimos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. El escándalo, que está siendo investigado por la titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, también pone en cuestión el sistema de adjudicaciones vigente en la Comunidad Valenciana implantado bajo el mandato de Carlos Mazón y sume en otra grave crisis al PP de Alicante, que solo hace seis meses recibió un duro golpe con la dimisión del expresidente por su gestión de la dana.

El pasado 29 de enero, Alicante amanecía con un escándalo en la portada del diario Información: Un edil, un técnico y dos hijos de un alto cargo, agraciados con viviendas públicas. A las 9.30 arrancaba el pleno municipal y la oposición se apresuraba a retirar alguna iniciativa para poder preguntar por el caso. El alcalde, Luis Barcala, se sumaba a la indignación y les anunciaba que, nada más conocer los hechos, había ordenado la apertura de un expediente para indagar esas presuntas irregularidades. Pocas horas después, esos tres implicados dimitían. Pero lejos de cerrarse, el caso no ha hecho sino crecer con más nombres y nuevas supuestas irregularidades que han puesto a Barcala contra las cuerdas. La oposición de izquierdas pide la dimisión del edil, que por ahora sigue gracias al balón de oxígeno que le da el apoyo de Vox. “El modelo de vivienda pública del PP de [Juanfran] Pérez Llorca y Barcala es el que ha facilitado este pelotazo sin precedentes. La trama corrupta tiene epicentro en el Ayuntamiento y el alcalde tiene que asumir responsabilidades políticas. No tiene otra opción que dimitir”, afirma la jefa de la oposición de Alicante, la socialista Ana Barceló.

La reconstrucción del proceso de licitación a través de la lectura de varios documentos del expediente, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, pone de manifiesto que las alarmas deberían haber saltado hace ya tiempo. En la Plataforma de Contratación Pública consta que las condiciones de la licitación se publicaron el 5 de septiembre de 2018 en dos documentos publicados a las 9.47 y 9.48. La propuesta de la cooperativa adjudicataria fue inmediata. “Solo 26 horas más tarde, la cooperativa ganadora presentó su oferta. La segunda tardó 12 días y las otras llegaron más tarde. No es una cuestión sin importancia, porque el contrato tenía una cláusula de desempate que beneficiaba a quien hubiese llegado antes”, explica Manolo Copé, concejal de EU-Podem. Este diario ha intentado recabar la versión del Ayuntamiento y de la promotora Fraorgi y la cooperativa Les Naus ―ambas vinculadas y cuyo administrador se adjudicó otro piso— sobre varios puntos a través de teléfono y correo electrónico, sin que haya obtenido respuesta.

Empresas del sector consultadas creen que la cooperativa debería tener una formidable solvencia técnica para presentar su oferta tan rápido, algo que el propio expediente de contratación se encarga de cuestionar. “Tales medios de solvencia [los presentados] no coinciden con los exigidos en el pliego”, exponen. “En efecto, si se trata de una cooperativa que se crea para desarrollar una promoción de viviendas, poca experiencia puede exigírsele”, añade más adelante.

La documentación del expediente es reveladora sobre los tres cargos municipales que han dimitido: la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, que obtuvo un piso para ella y otro para su suegro; el arquitecto municipal Francisco Nieto, que se hizo con otra vivienda; y la directora general de Contratación María Pérez-Hickman, que vio cómo se hacían con pisos sus dos hijos y otro familiar. Este diario también ha intentado contactar, sin éxito, con todos ellos.

Un informe elaborado por la vicesecretaría general del Ayuntamiento señala que Gómez y Pérez-Hickman aportaron 2.000 euros a la cooperativa en diciembre de 2021 como reserva para el piso. Gómez aún no era concejal, pero las viviendas no tenían todavía la calificación provisional por parte de la Generalitat valenciana, lo que impide hacer pagos a cuenta. Quien sí estaba ya presente en el área de Urbanismo era Pérez-Hickman, que se encargó de firmar el certificado de la Mesa de Contratación que da el contrato a Residencial Les Naus el 31 de enero de 2022.

Primeras dudas sobre las adjudicaciones

La emergencia de vivienda que atraviesa Alicante hizo que muchos solicitantes buscaran información en 2024 sobre el estado de la promoción para apuntarse a sus listas. Su sorpresa fue que los responsables de su construcción les decían que ya estaban todas adjudicadas. El concejal de Compromís, Rafa Mas, lo llevó al Ayuntamiento a finales de julio de ese año. “Pusimos en conocimiento del pleno y del equipo de gobierno que se estaban produciendo irregularidades en las adjudicaciones de Les Naus. Qué casualidad que, pocos días antes y ya registrada nuestra pregunta, Barcala retiró de sus competencias a Gómez. Todo apunta a que él entonces ya lo sabía”, señala.

La edil era, en cualquier caso, la responsable directa del arquitecto Francisco Nieto, quien hizo su aportación a la cooperativa más tarde, en enero de 2025. De los informes, se desprende que mantuvo una intensa agenda de reuniones con la cooperativa, “hasta el punto de que llegó a proponerse su nombramiento como responsable municipal del proyecto”, según recoge la denuncia entregada a la fiscalía del Ayuntamiento. Nieto ya tenía en su expediente una mancha de 2024, cuando fue detenido por su presunta vinculación al jefe de una red de narcotraficantes, al que prestaba ayuda agilizando trámites urbanísticos, según cuentan empleados municipales.

El informe ‘bomba’ de Patrimonio

Barcala negó este viernes en Cadena Ser que conociera el caso hasta dos días antes de que la información sobre la trama viese la luz y dijo que enseguida encargó la apertura de un expediente. En efecto, el documento de apertura está firmado a las 1.10 de la madrugada del día 29, apenas unas horas antes de que saliese publicada la información y se celebrase el pleno municipal. Desde al menos el 15 de enero, existía un informe de los servicios de Patrimonio del Consistorio donde se advertía de que entre los adjudicatarios había cargos que habían intervenido en la gestión del contrato. Empleados públicos del Ayuntamiento que piden no ser citados explican que ese documento cayó como una bomba. Pero Barcala se ha lavado las manos sobre las adjudicaciones y ha señalado a la Generalitat valenciana. Sin embargo, el informe no lo pasa por alto.

EL PAÍS ha hablado con varios miembros del Ayuntamiento que han tenido acceso a ese informe, que el Ayuntamiento se resiste a entregar, y reproducen algunos de sus fragmentos. El documento, por ejemplo, expone cómo “la cooperativa certifica que se cumplen los requisitos” por parte de los demandantes, ante lo que el funcionario que lo firma sostiene: “Se albergan dudas sobre el efectivo cumplimiento de dichos requisitos por parte de estos y otras personas”. Además, el informe se remite a los cambios en la normativa autonómica ejecutados por Carlos Mazón, que al final han permitido esas entregas a dedo. “Esa cuestión no es baladí”, apunta.

La reforma de Mazón, según describen fuentes del sector, consiste en una suerte de privatización de la vivienda protegida que también siguen otras comunidades. Con un decreto aprobado en diciembre de 2024, el expresidente eximía a los promotores privados de tener que entregar sus viviendas a los demandantes inscritos en los registros oficiales o a quienes determinase la conselleria. “Lo que estamos viendo en Alicante no es un caso aislado ni un error administrativo: es el resultado de una política de vivienda del PP que durante años ha tratado la vivienda protegida como un recurso para unos pocos y no como un derecho para la mayoría”, sostiene Manolo Copé, concejal de EU-Podem.

“Solo seis o siete cargos”

En el caso de Les Naus, esa reforma ha resultado ser un coladero por el que han pasado influencers, cinco hijos de una conocida familia que en el momento de la adjudicación hay dudas de si eran mayores de edad, el jefe de gabinete de la consejera de Turismo o la esposa del técnico que visaba los contratos o la tesorera del municipio vecino. Ciudadanos que no precisan las ayudas públicas para acceder a una casa. Barcala este viernes pidió “dimensionarlo” y sostuvo que solo “seis o siete” pisos fueron para cargos vinculados al PP. Más allá de los nombres, y aunque Barcala no lo ve una competencia municipal, el informe de Patrimonio apunta: “Existen muchas dudas acerca de cómo se ha gestionado el proceso y si se cumplen los requisitos”.

La indignación ha ido creciendo a medida que se sabían más detalles sobre los agraciados con un piso. Por ejemplo, en un informe de la Policía Local constaba que en 26 buzones se acumulaba la correspondencia. O que casi 50 vecinos no estaban empadronados. En una cafetería cercana al inmueble, cunde ese enfado. Explican que se han publicado casos de ventas en portales inmobiliarios por precios superiores. Y que algún espabilado quería el piso para alquilar e incluso para arrendar a turistas. “Todo el mundo lo sabía. Lo colgaban todo en las redes sociales. Todo, hasta las reformas que se hacían”, comenta indignada una vecina del barrio. Tras el escándalo, los beneficiarios han borrado todo rastro de las redes sociales. En el edificio, el epicentro de la trama, a media mañana del martes hay poca actividad. Solo la de cuatro vecinos jugando a pádel ajenos a los comentarios del bar.

Nueva crisis en el PP alicantino

El caso de Les Naus podría quedar en una simple anécdota si no fuera porque el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha tenido que cambiar los criterios de adjudicación para acceder a las 131 viviendas de promoción pública (VPP) de Nou Nazareth después de que percatara de que la promotora ya pedía una reserva de 1.700 euros para poder acceder a un piso aun sin tener la licencia correspondiente. Y de otro precedente más en el mismo Alicante. En otro proyecto residencial, en Los Lirios, la pareja y la excuñada de Barcala lograron hacerse con una vivienda cada una. En el caso de la mujer, lo puso a alquiler. Según el alcalde, que entonces ya ocupaba cargos orgánicos en el PP, no se ha cometido jamás ninguna ilegalidad.

Pero las dimensiones que ha ido adquiriendo el escándalo ha hecho imposible que Barcala haya podido cerrarlo. El alcalde quiere finiquitar ya el expediente, pero afronta una comisión de investigación en Las Cortes y, al otro lado de la plaza del Ayuntamiento, la Fiscalía se ha arremangado. El regidor intentó desviar la atención hacia la Generalitat valenciana pidiendo un frente común de alcaldes para cambiar la normativa sobre vivienda protegida. Se quedó solo. Dentro de su partido primó el silencio: no se pronunciaron ni el alcalde de Benidorm y presidente de la diputación el PP provincial, Toni Pérez, ni el alcalde de Elche, Pablo Ruz. Otros incluso negaron la mayor.

Nadie, dicen fuentes municipales, quiere verse arrastrado por una crisis muy difícil de explicar ni justificar, máxime cuando en el pasado ya se han dado otros episodios de presunto clientelismo. “No son solo los pisos de la exmujer y la excuñada”, dice esa fuente. Y pone como ejemplo el documento conocido como el Mantecado, un papel de 16 páginas en el que se filtró el nombre de los aspirantes a policía local ganadores y sus vínculos con políticos o empresarios. Además, a Barcala ya le dimitió el año pasado su concejal de Hacienda tras un desfase presupuestario de 30 millones de euros.

A pesar de la nueva crisis abierta en el PP alicantino, Barcala dice sentirse apoyado por su partido. “Hasta el día de hoy, me remito a las declaraciones de Pérez Llorca con un respaldo absoluto y a las del partido en boca de Miguel Tellado y otros responsables del comité directivo. Yo tengo ese respaldo absolutamente explícito y concreto”, afirmó. Sin embargo, su puesto está en manos de la voluntad de Vox, que pidió su dimisión, pero a la hora de la verdad no lo dejó caer. “Toda la corrupción se ha expandido en las concejalías de Urbanismo y Patrimonio. Barcala debe dar explicaciones en la comisión de investigación de Les Corts, la del Ayuntamiento, que aún no se ha constituido, y la justicia”, afirma Rafa Mas.

Este año se cumplen dos décadas desde que una delegación de diputados encabezados por el laborista británico Michael Cashman pidiera permiso al Parlamento Europeo para llevar a cabo una misión para observar los desmanes urbanísticos en la Comunidad Valenciana. El duro informe que elaboró a la vuelta hablaba del “enriquecimiento de una pequeña minoría a costa de la mayoría”. En otras palabras, denunciaban la cultura del pelotazo vinculada al ladrillo. De eso mismo acusa hoy la oposición a Barcala, que se niega a hablar de “modelo”. Pero la izquierda y entidades vecinales lamentan que el Ayuntamiento vaya a repetir ese mismo sistema de promoción de viviendas con un edificio de VPP en San Blas, de las que 20 serán construidas y adjudicadas por el promotor y solo tres serán pisos sociales.